El Poder Judicial encuadra la apología del franquismo dentro de los márgenes de la libertad de expresión, según una propuesta de informe que debatirá el próximo lunes en el Consejo General. La publicación del borrador de este informe en medios como elDiario.es ha motivado que Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una de las principales asociaciones en defensa de las víctimas del franquismo, haya presentado una queja ante el CGPJ en la que pregunta “por qué este órgano no defiende el honor y la dignidad de las víctimas de la dictadura y sí lo hace con las del terrorismo”.
La base legal de lo que la ARMH considera un “apartheid entre víctimas de la violencia” está en el artículo 61.1 de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo, donde se prohíbe “el enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas”. Esta ley, colocada al lado de la recomendación del Poder Judicial sobre la legalidad de la futura Ley de Memoria Democrática para extinguir las fundaciones franquistas, ha motivado esta queja. “Es difícil que el Estado explique por qué enaltecer a un asesino es terrorismo y enaltecer el franquismo, no”, dice Emilio Silva a este diario.
“Denunciamos que sigue habiendo víctimas de primera y de segunda”, dice, y recuerda que hay una resolución de la ONU que señala precisamente que no puede haber categorías de víctimas. “A mi abuelo lo mataron igual que a Miguel Ángel Blanco, pero después de matarlo siguieron ocurriendo más cosas: escondieron su cadáver, humillaron a mi familia. El dolor de una familia como la mía no es distinto del dolor de cualquier víctima del terrorismo”, recalca.
Para Emilio Silva, el poder judicial “ha mirado a otra parte” de manera “continuada” cuando se reclaman los derechos de las víctimas del franquismo, lo cual es una “vergüenza”. “Eso se lo está diciendo a las víctimas de las desapariciones forzadas y no existe nada peor que este delito, pero el Estado considera que estas víctimas se tienen que autorreparar”, añade. En su escrito al CGPJ, presentado este martes 1 de junio, el activista recordaba que los desaparecidos son personas detenidas ilegalmente, torturadas, asesinadas y cuyo cadáver no aparece, lo cual “multiplica el dolor de la familia”. En España hay al menos 114.226 personas desaparecidas por la represión de la dictadura franquista, según cálculos de la ARMH, ya que no hay una cifra oficial.
Silva atiende a este diario desde la exhumación que la ARMH está realizando en Manzanares (Ciudad Real) y que acaba este miércoles 2 de junio. “Mientras aquí estamos exhumando dos fosas con 30 personas asesinadas en la dictadura, hemos visto cómo el Estado inaugura el gran memorial a las víctimas terrirosmo, ¿dónde está el gran memorial a las víctimas de la dictadura?”, se pregunta.