La cúpula de la Iglesia parece empezar a desembarazarse del 'caso Fundaciones' después de años de investigaciones que involucraban a varias entidades presididas por el Arzobispado de Madrid en una posible estafa de varios cientos millones de euros. En un auto al que ha tenido acceso en elDiario.es, el Juzgado número 28 de Madrid deja fuera a la diócesis y ordena continuar las diligencias mediante un procedimiento abreviado.
El caso se disparó por la denuncia de los vecinos afectados por la venta de 14 bloques ubicados en el centro de la capital con cerca de 200 familias por 74 millones de euros a un entramado de empresas que terminan en el domicilio de la hermana de Alejando Agag; y de la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por una fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, una de las zonas más cotizadas de la capital, en dos procesos opacos y judicializados.
Ahora el dictamen aclara lo que realmente se estaba dirimiendo en los tribunales: la responsabilidad de una supuesta trama para hacer negocio a costa de fundaciones religiosas como FUSARA, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), y Fundación Molina Padilla. El auto aclara que ni el Arzobispado, ni el cardenal Osoro ni sus colaboradores actuales –cosa distinta es la situación de algunos miembros anteriores de los patronatos, como Julio Lage o Manuel Fernández Clemente– han sido en momento alguno investigados, sino que ejercían como acusación para proteger el patrimonio de las fundaciones.
Precisamente, el Juzgado número 28 ha solicitado el escrito de acusación contra Manuel Fernández Clemente y Julio Lage, además de contra Antonio Chávarri (presidente del despacho de abogados Grupo Chávarri), David López Royo, Antonio Naranjo, Jesús Merino, Raúl Chávarri, Ricardo de Guindos y Daniel Hidalgo por un “presunto delito continuado de estafa agravada o delito continuado de administración desleal agravada y corrupción entre particulares”.
“Tras una larga instrucción se considera que hay indicios de que por parte de Antonio Chávarri” se “organizó un plan para lucrarse personalmente por diferentes medios, mediante la acción delictiva de la venta de todo el patrimonio inmobiliario de las tres fundaciones”, señala el auto. La instrucción destaca que no existía “una necesidad perentoria y urgente de estas ventas”, que “se ha podido realizar por precios inferiores a los del mercado”, con el añadido de que “las fundaciones no han obtenido el retorno del producto de sus ventas”.
“Sólidos indicios” de estafa
El auto constata que “hay sólidos indicios” de que “se trata de un único plan organizado desde el principio por el Sr. Chávarri presidido por un dolo unitario, consistente en tomar el control de las fundaciones y vender todo su patrimonio”. Un plan global que consistió en la venta del complejo inmobiliario de la FSVSC por 37 millones de euros a la Universidad Nebrija; la venta de 14 edificios de FUSARA por 74 millones a TAPIAMAR y la venta de dos edificios de la Fundación Molina Padilla, por 7 y 5 millones respectivamente a una empresa, aunque posteriormente ésta se revoca.
En las tres fundaciones se “otorga el mismo mandato de venta al despacho de Chávarri abogados que utiliza las mismas tasadoras para dichas ventas”, añade el escrito, con las mismas comisiones y “realizando luego una confusión de patrimonios mezclando el dinero de la venta de FSVSC y Fusara para comprar un terreno a Metrovacesa”, apunta el juez. “Hay una primera fase de toma de control de los órganos del patronato de las fundaciones”, y una segunda en la que se “vende todo su patrimonio [de las fundaciones] sin necesidad (…) hasta el punto de comprometer su viablidad”.
Respecto a los compradores, si bien el Juzgado no encuentra pruebas suficientes de su vinculación a Chávarri y su trama, sí considera que deberían resarcir a las fundaciones, al no poder enriquecerse de hechos ilícitos. De hecho, dichas ventas se produjeron presentando otras ofertas que en realidad no eran tales, porque la venta estaba ya “teledirigida por Antonio Chávarri hacia otros compradores”. Esto abre la puerta a la reversión de acuerdos, como ya ha sucedido en el caso de la Universidad Nebrija.
Como ya informó en su día elDiario.es, hace al menos tres años el Arzobispado de Madrid abrió una investigación canónica, con informes periódicos a Roma, sobre “el ejercicio de la autoridad delegada” por la diócesis y los motivos para la venta de los inmuebles. Del mismo modo, se instó a los patronatos de las todas las fundaciones dependientes de la Iglesia de Madrid a “ejercer las acciones pertinentes para proteger el patrimonio de los ancianos y niños y, en su caso, exigir responsabilidades si se demostrase que hubo actuaciones irregulares o contrarias a los fines fundacionales”.
En concreto, se trataba de la venta de 14 bloques ubicados en el centro de la capital donde vivían cerca de 200 familias por 74 millones de euros a un entramado de empresas y la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores. Los nexos entre ambas operaciones fueron advertidos en noviembre de 2019 por Anticorrupción, que decidió enviar la cuestión a la Fiscalía de Madrid ante la sospecha de una única trama inmobiliaria, algo que parece confirmar el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
La venta de edificios de viviendas había sido denunciada por los vecinos afectados y estaba siendo investigada por estafa, corrupción y administración desleal por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado número 51 de Madrid, cuando se presentó otra querella en Anticorrupción por parte de varios parroquianos tras conocerse que los 18.000 metros cuadrados de terrenos propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (SVSC) en la calle Padre Damián –donde se encuentra la residencia de mayores y la parroquia de San Jorge– también habían sido vendidos a la Universidad Nebrija.
Las fundaciones que impulsaron las ventas –Santamarca, San Ramón y San Antonio (Fusara) y Santísima Virgen y San Celedonio– tienen en la presidencia de su patronato al arzobispo de Madrid, que a su vez estaba representado por quien fuera delegado episcopal de Fundaciones, David López Royo, una de las piezas de la trama y que, junto a otros cargos eclesiásticos, como Julio Lage o Manuel Fernández Clemente, son señalados por el auto del Juzgado número 28 de Madrid. Tanto el cardenal Osoro como su auxiliar, José Cobo, han informado en todo momento al Papa Francisco de la situación.
Puestos en contacto con los actuales responsables de las Fundaciones, estos han declinado comentar el auto y muestran su deseo de que la Justicia se pronuncie de manera firme, así como aseguran que trabajarán por defender el patrimonio de las fundaciones.
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