El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, prosigue su huida hacia adelante en el caso de abusos sexuales investigado en Granada. La diócesis, después de varias infructuosas gestiones tanto en Nunciatura como ante la presidencia de la Conferencia Episcopal, se esconde en la Congregación para la Doctrina de la Fe, “única instancia y tribunal eclesial competente”, para evitar el envío de los expedientes requeridos por el Juez instructor del caso.
Tras sucesivos requerimientos y tres apercibimientos, la diócesis se ha dirigido finalmente al Juez Antonio Moreno. Según ha podido saber eldiario.es, Javier Martínez lo hizo después de reclamar, infructuosamente, la colaboración tanto de la Nunciatura Apostólica como de la presidencia de la Conferencia Episcopal, quienes se negaron a avalar sus tesis con un escrito judicial.
En esta ocasión, el escrito está firmado por el arzobispo, y no por su vicecanciller, y en su respuesta, Javier Martínez, subraya cómo “es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos”.
En opinión de Martínez –no compartida por las acusaciones ni por el propio juez, quien podría llamarle a declarar como testigo tras esta última respuesta–, es el organismo vaticano presidido por el cardenal Müller la que “posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia”.
En lo que sí supone una novedad y que, según fuentes consultadas por eldiario.es, viene después de las conversaciones con asesores judiciales del Episcopado, el escrito concluye con el ofrecimiento, por parte de la diócesis, “a solicitar las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente”. Por primera vez, el Arzobispo no se ampara en que el caso está bajo secreto pontificio, sino bajo la autoridad de otra instancia –en esta caso, Doctrina de la Fe–, y se compromete a solicitar permiso para, en cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado y de la colaboración exigida por el Papa Francisco, poder entregar finalmente la documentación requerida y que podría resultar determinante para dilucidar el caso de abusos sexuales contra Daniel, por el que están siendo investigados diez sacerdotes y dos seglares.