El miedo, la vergüenza, los hijos... El miedo a las represalias por parte de su pareja y –un motivo que ha cobrado más peso en los últimos años– la dependencia económica. Las razones por las que las mujeres no denuncian los malos tratos son muchas, alimentadas por lo que los especialistas denominan el 'ciclo de la violencia de género': agresión, arrepentimiento y 'luna de miel'. “Una torta, un te quiero y un todo irá bien”, ilustra Marta Fresnillo, abogada y coordinadora del área jurídica de la asociación Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM).
Sin embargo, las estadísticas de los últimos cinco años indican un cambio de tendencia. Tras varios años de reducción del número de denuncias, en 2014 se registra un repunte: la cifra ha aumentado en todas las provincias respecto al segundo trimestre de 2013, y en la mitad de ellas el porcentaje se ha duplicado. En provincias como Salamanca ha crecido más de un 500%.
Lo que no remonta es el porcentaje de medidas de protección que se brinda a las mujeres para alejarlas de la situación de riesgo una vez que ya han denunciado. Según el último informe del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de las 45 fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, un 31,1% habían denunciado previamente y solo dos tenían una denuncia retirada. Sobre ocho de ellas había medidas de protección, pero solo tres las tenían en vigor.
En 2010, el año con más mujeres asesinadas, un 85% de las víctimas no tenían ninguna orden de protección –o no estaban en vigor–. Ese porcentaje alcanza el 93,3% en lo que va de año.
No denunciar impide a las víctimas acceder al sistema de protección que la ley dispone para ellas: órdenes de alejamiento, vigilancia policial o pulseras antimaltrato. Aunque hacerlo tampoco les garantiza que finalmente las consigan. Porque lo que les espera a las mujeres una vez que dan el paso de acusar a sus compañeros o excompañeros sentimentales no es fácil. Esa es la razón por la que muchas denuncias se quedan por el camino.
“Llevo seis años luchando, de juzgado en juzgado. Estoy cansada”. Es solo una de las historias que llegan a la asociación MUM. Para Fresnillo, el principal problema es la falta de información: “Hay mujeres que llevan 10 e incluso 15 años de maltrato en sus hogares y, cuando por fin denuncian, se encuentran perdidas”.
Tienen que contar su historia una, dos y 15 veces. Y sobre ellas se cierne la sospecha de una denuncia falsa. Aunque representan un porcentaje ínfimo, “hacen muchísimo daño, porque una vez que hay un caso se acude a esa excusa”, apunta Fresnillo. Según los últimos datos del fiscal general del Estado, las denuncias falsas en materia de violencia de género son un 0,010% del total.
Precisamente, la posibilidad de una acusación infundada hace muchas veces que el tratamiento que las mujeres reciben en su testificación sitúe a las víctimas como verdugos. “Les piden que den detalles, sitios, horas… mientras son mucho más benevolentes con el hombre”, sostiene Fresnillo. Y aquí aparece una figura que recientemente se ha descubierto en la violencia de género: los lapsus de memoria. “Hay mujeres que han olvidado ciertos episodios de su vida y, a la hora de testificar, no recuerdan”. ¿Por qué lo hacen? “Porque prefieren borrar momentos de su vida”.
Sumado a las nebulosas en su memoria, no son pocos los casos en los que las mujeres testifican sin un abogado delante, sin asesoramiento. Esto hace “que sea muy fácil tirar una denuncia”. Si no se completa, si no se hace con detenimiento, “se cree que ha sido una simple riña”. Mientras, se está escondiendo un verdadero caso de violencia de género. Y este asunto no es baladí: un 49% de procedimientos por violencia de género finalizaron con sobreseimientos en el año 2013 según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“Es fundamental que ante un caso de violencia los de alrededor apoyen”, asegura Fresnillo. Cuando una mujer no ha denunciado, no es solo su culpa: la responsabilidad recae en todo el sistema que la rodea. “Los vecinos, por ejemplo, están hartos de oír discusiones y golpes, pero en el momento de llamarlos a juicio no se mojan –explica–. Porque si en el juicio se le declara inocente, no deja de ser tu vecino, e imagina la situación...”.
Resulta esencial que el entorno apoye a la mujer, pero en última instancia deben ser las víctimas quienes denuncien. De otro modo, si no hay un apoyo testimonial de la mujer, es fácil que el proceso se caiga. Y así lo reflejan los datos. Alrededor de un 60-70% de las denuncias son interpuestas por la víctima. En la mayoría de los casos, tras un atestado policial.
Lo difícil viene después: mantenerlas. Desde las asociaciones de apoyo a las mujeres maltratadas aseguran que las víctimas aprovechan para retirar las denuncias en los momentos en que sus parejas “prometen que todo eso lo hacen porque realmente las quieren, para protegerlas”. También el miedo ejerce su influencia. Y el sometimiento. Son mujeres a las que sus maltratadores han aislado de sus amigos, de su familia, de su trabajo. En la mayoría de los casos, el proceso lleva mucho tiempo. “Al inicio es una agresión al año, después al mes y, más tarde, este ciclo se sucede en un solo día. Y así, durante años”, resume Fresnillo. La vulnerabilidad de estas personas es máxima.
Por eso los medios que se ponen para atenderlas son fundamentales. Y si en algo coinciden quienes trabajan con estas víctimas es en que, a pesar de que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género –que este año cumple una década– ha sido un enorme avance, los recursos son insuficientes.
QUIÉN PONE LAS DENUNCIAS?
“Cuando la mujer ha denunciado 10 o 15 veces y no ha habido una protección de por medio, ha habido una mala valoración por parte de la justicia”, sostiene la especialista de la asociación MUM. Unido a ello, en ocasiones el trato que reciben las mujeres en los juzgados o la comisaría no es el adecuado: “Si hay mucha gente, las atienden en zonas abarrotadas, sin meterlas en una sala donde puedan contar su caso de forma pausada y protegida”, con el peligro que conlleva.
La especialización de los profesionales implicados en el difícil proceso de salir de una situación de violencia –agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de asuntos sociales, personal de los juzgados– es el rumbo en el que apuntan las reivindicaciones. Un tejido que debe mejorar para revertir lo que muestran las estadísticas: más denuncias pero menos protección.
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género