Con una diferencia de poco más de un día, cuatro menores de edad han visto cómo sus madres eran asesinadas por parte de sus padres. El primero, que se produjo en la tarde del martes, ocurrió en Valga (Pontevedra), a punto de que la mujer fuera a llevar al colegio a los dos hijos, de 4 y 7 años. En el otro, que se produjo en Madrid en la tarde de este martes, fue una de las hijas, que tienen 10 y 8 años, la que avisó a los servicios de emergencia de lo sucedido. Con estos cuatro, son 263 el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género desde 2013.
Fue en ese año cuando la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género comenzó a contabilizar estos casos. La estadística oficial incluye a todos los menores que se han quedado sin madre por esta causa, independientemente de que el asesino sea el padre o no. No obstante sí lo es en muchas ocasiones, en las que administrativamente se considera a estos niños huérfanos absolutos (de madre y de padre). Junto a ellos, figuran el número de mujeres y niños asesinados –30 desde hace seis años–. El recuento de las mujeres, sin embargo, se inició en 2003. Desde entonces se han acumulado 1.017 crímenes por violencia machista, 42 en lo que va de año.
El último, en Madrid, donde un hombre de 43 años ha matado a su expareja de 31, ya se ha incluido en la estadística oficial y, según ha publicado Europa Press, figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). En el caso de Valga, donde un hombre asesinó con arma de fuego a su expareja y a la madre y la hermana de esta, solo ha sido contabilizada la primera, dejando fuera a la exsuegra y la excuñada, puesto que la Ley Integral contra la Violencia de Género solo se refiere a los casos ocurridos en el marco de una relación sentimental.
Los dos casos han elevado a 32 el número de niños y niñas menores de edad que se han quedado huérfanos por esta causa en lo que va de 2019. El pico se computó en 2015, que contabilizó 51 menores para un año después descender a los 29 y 26 en 2017, año en el que se produjo el menor registro.
Los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género a manos de sus parejas o exparejas suelen enfrentarse a un sistema que olvida lo que ocurre después de un asesinato de estas características. Aunque la ley les concibe desde 2015 como víctimas directas de la misma violencia que sufren las mujeres y a pesar del avance normativo, aún muchos atraviesan situaciones de desamparo después de que la figura que supuestamente debía protegerles haya asesinado a sus propias madres.
Son muchas las organizaciones feministas que llevan años intentando dar a entender socialmente esta realidad y las consecuencias que la violencia machista tiene para ellos. Así se puede comprobar en la exposición itinerante organizada por la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres que la semana pasada visitó Madrid. En ella, se exponen decenas de dibujos reales de niños y niñas que en ese momento vivían maltrato en sus hogares. En algunas ocasiones, sus madres aparecen sin boca o sin piernas o son muy pequeñas, sus padres parecen monstruos o animales salvajes y ellos mismos se dibujan o muy grandes, como un intento de proteger a sus madres, o muy indefensos. Algunos de los dibujos pueden verse aquí.
Pero más allá de los efectos psicológicos y emocionales, apenas existen ayudas para las familias que pasan a encargarse de ellos, que en ocasiones se topan con dificultades y retrasos para asumir la patria potestad, y el Estado no ha diseñado protocolos específicos que garanticen su recuperación ni hace seguimiento de los casos. Estadísticamente solo se contabiliza el número de menores asesinados y de huérfanos, pero no podemos saber cuántos niños y niñas son víctimas de la violencia de género porque lo son sus madres.
En este punto, las organizaciones que trabajan con menores apuntan a la necesidad de que judicialmente también sean tenidos en cuenta al mismo nivel que las madres. Y es que el sistema todavía presenta carencias en su protección: según los datos disponibles, solo en un 2,9% de las denuncias en 2018, último año con cifras completas, se suspendió la patria potestad como medida cautelar. En este sentido, tanto el Defensor del Pueblo como el Consejo General del Poder Judicial han solicitado una revisión y exigen que se mejoren los instrumentos de valoración del riesgo también para los casos de los niños y niñas.
La falta de recursos que suelen enfrentar las familias que se empiezan a encargar de ellos, en muchos casos las abuelas maternas, es otro de los obstáculos clave de estos menores. De hecho, el Congreso alargó durante dos años el debate para aprobar la reforma de la ley que garantiza que todos los menores que se quedan huérfanos por esta causa cobren una pensión. El texto eliminó los requisitos, vinculados a la cotización de la madre, que provocaron la exclusión de algunos de estos niños durante muchos años. Finalmente, la reforma fue aprobada en febrero de este año.
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