La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha contabilizado 334 denuncias de personas de esta etnia por discriminación y antigitanismo en toda España en 2018, lo que supone un crecimiento del 30 % respecto a los 232 casos recogidos en 2017, según un informe anual publicado por esta entidad.
La FSG ha atribuido estos casos a un mayor empoderamiento de las personas de etnia gitana y al buen trabajo realizado en la lucha por la igualdad, aunque en la fundación consideran que una gran parte de las víctimas sigue sin denunciar y que la cantidad real de casos es mucho más elevada, por lo que exigen que se apruebe una Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
El presidente de la fundación, Pedro Puente, ha afirmado que esta ley es especialmente necesaria en el caso de la vivienda, ya que ha explicado que una de las discriminaciones más comunes desde que hacen el informe es que los arrendadores se nieguen a alquilar viviendas a gitanos por su etnia, y que la legislación actual no recoge ninguna medida contra este hecho.
En ese sentido, la FSG ha reclamado a las autoridades la aprobación de planes de acción para la erradicación del chabolismo y la infravivienda, y el incremento de las viviendas sociales, así como el establecimiento de alternativas habitacionales.
El informe considera que no siempre que se inician procesos judiciales por discriminación hay una investigación efectiva y que en muchos casos los denunciantes tienen que recurrir a vías que no están realmente pensadas para la lucha contra la discriminación, por lo que la FSG ha demandado mejoras en la respuesta institucional tanto a nivel español como europeo.
Se han detectado 55 casos de antigitanismo en el ámbito laboral, por lo que la FSG reclama que las inspecciones de trabajo investiguen y sancionen a las empresas en las que esto suceda y que las propias compañías mejoren su atención a la diversidad étnica y lleven a cabo campañas de sensibilización para eliminar estereotipos.
En cuanto a la educación, la fundación ha constatado 31 casos, cifra que califican como muy preocupante dado el perfil especialmente vulnerable de los menores de edad, y denuncian la existencia de segregación escolar, con cantidades muy altas de gitanos y también de migrantes en determinados centros educativos, por lo que exigen la eliminación de esta segregación y demandan sanciones cuando se produzca acoso escolar a personas de etnia gitana por este motivo.
Los medios de comunicación y las redes sociales son responsables de un tercio de los casos de discriminación detectados y contribuyen a difundir estereotipos sobre el pueblo gitano, por lo que se pide un mayor compromiso con los códigos deontológicos del periodismo a los medios de comunicación y una respuesta más eficiente contra los delitos de odio en redes sociales o foros, destaca el informe.
Cifra en un 60 % los casos de discriminación contra mujeres, por lo que esta fundación ha reclamado mayores dotaciones a programas de apoyo integral especializados para la mujer gitana, con el objetivo de fomentar una mejor formación académica y una mayor inserción laboral, además de luchar contra la violencia de género y la discriminación.