Si nadie lo remedia (un acuerdo previo), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) afronta un macrojuicio por el uso indebido de sus becarios, casi 400 alumnos. La Inspección de Trabajo demandó al centro el pasado mes de octubre a raíz de una denuncia de CC OO por utilizar a sus estudiantes para cubrir puestos de trabajo estructurales de manera irregular y sin pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social por ello. La universidad defendió la legalidad de sus prácticas y, ante la falta de acuerdo, será un juez el que decida quién tiene razón.
Lo que planea detrás de esta causa específica es el uso que las universidades (no solo la UAM, aunque sea la cara visible en este caso concreto) hacen de sus becarios. Quizá este sea el caso más numeroso que se ha dado hasta ahora, pero desde luego no es el primero. Profesionales de diversos ámbitos conocedores de la situación en las universidades coinciden: quizá no están generalizadas, pero este tipo de prácticas son bastante habituales en los campus.
Algunos ejemplos: en la Complutense, en 2016, los estudiantes de periodismo se cansaron de las ofertas de prácticas sin remuneración y se plantaron. Un año más tarde, las becas del Banco Santander y la Junta de Andalucía se vieron envueltas en un caso similar al que vive hoy la UAM. La Seguridad Social abrió expediente al organismo encargado de gestionar el programa por no dar de alta a los becarios, y la universidad se vio con una multa de 1,4 millones de euros, según contó Infolibre. En la Universitat de Barcelona, otra becaria también interpuso una demanda contra el centro por considerar que su rol no era de apoyo sino estructural y propio de una relación de trabajo. La universidad decidió pagar a la denunciante para evitar el juicio. Son solo algunos ejemplos.
En uno de los últimos casos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la UAM ha sido condenada a indemnizar a un becario por despido al considerar que “ha venido realizando un trabajo, que no la formación que realiza la Facultad” y le correspondía por tanto una indemnización de 500 euros.
“Es bastante habitual que las prácticas extracurriculares se utilicen como una forma de trabajo precario”, afirma Alejandro Delgado, presidente de FAEST (Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas). En un sentido parecido se manifiesta Segundo González, diputado de Podemos que ha presentado una Proposición de Ley (PL) en el Congreso para evitar el fraude con los becarios, garantizar el carácter formativo de las becas y los derechos de los becados, como establecer el Salario Mínimo como referencia o limitar las horas máximas que se pueden dedicar a una beca.
“Esto [lo de la UAM] sucede en otras universidades, o algo muy similar. No me cabe duda y debe solucionarse”, explica González. “Es necesario garantizar el carácter formativo de las prácticas, que sirvan para que los estudiantes adquieran conocimientos que les puedan servir para incorporarse al mercado laboral después”, argumenta su PL.
La tramitación está parada de momento porque el PP y C's la tienen bloqueada en la Mesa del Congreso ampliando una y otra vez el plazo para presentar enmiendas, lamenta González. “La proposición de Ley es muy positiva”, valora Jesús de Alba, presidente de Creup (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). “Es imprescindible que el marco legal que garantiza nuestros derechos establezca unos límites para que no se dé una situación de precariedad laboral”, añade.
Mientras se resuelve o no la propuesta de Podemos e ICV, las becas están reguladas por el Real Decreto 592/2014. El articulado del texto especifica claramente en su definición que “su objetivo es permitir a los estudiantes universitarios aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica” (art 2.1) o que “dado su carácter formativo (...) de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo” (art 2.3). Estas ideas nucleares del “carácter formativo” y no laboral se repiten por todo el Real Decreto.
“Es cierto que dentro de las universidades las becas suelen ser más formativas”, explica Delgado, de FAEST. “Pero también que hay servicios, como por ejemplo el de las aulas de informática, en los que ponen unas exigencias tan básicas que, aunque den prioridad a los estudiantes de Informática, no se garantiza que haga falta serlo para estar ahí”.
Puestos de apoyo al servicio de estudiantes o administrativos también están entre los habituales que cubren los becarios, continúa Delgado, “y no siempre incluyen un seguimiento formativo como tal”, con un tutor asignado y que realmente se preocupe por el becario y su formación. Los becarios se pueden encontrar por todos los servicios de las universidades: atención al estudiante, bibliotecas, centros de posgrado, etc.
Los estudiantes no tienen dudas. “Yo sabía perfectamente que iba a trabajar cuando me apunté a la beca”, contaba Ana, una de las becarias de la UAM. “Hacía —estaba empleada en una biblioteca— funciones de funcionaria. Además, no hay vinculación formativa entre lo que hacíamos y nuestros estudios”, añade, dando la razón en parte a la Seguridad Social.
“Lo de la UAM no es generalizado, pero es intolerable”, tercia De Alba, de Creup. “Es imprescindible que desde la universidad se luche contra la precariedad laboral y se garantice el verdadero propósito de las prácticas académicas externas”, opina.
Trabajo vs UAM
En el caso de la Autónoma, la universidad negó el fraude laboral del que le acusaba la sección sindical de CC OO del propio Campus y que Trabajo hizo suya, y alegó. “El modelo de prácticas de la UAM es plenamente legal y conforme con el decreto de 2014 que regula las prácticas y con el de 2011 que regula el alta en la seguridad social de los estudiantes en prácticas beneficiarios de bolsa de estudios, habiendo estado por descontado todos los estudiantes dados de alta conforme a dicho régimen”, explican fuentes de la UAM.
Trabajo fue tumbando sus alegaciones y, agotada la vía administrativa, decidió acudir a la justicia. Insiste la administración: los becarios están cubriendo puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento diario de la universidad. Así, en julio de 2016, ambas partes se verán las caras frente a un juez, que tendrá que decidir si existía la relación laboral que denuncia Trabajo o no.
Por el camino, el caso ha arrastrado a 248 de esos becarios: como parte implicada en el proceso son actores en el juicio (técnicamente “demandados”, pero no afrontan posibles consecuencias). Todas las partes consultadas se esmeran en señalar que los estudiantes no afrontan posibles consecuencias. Aunque el procedimiento estándar los señala como denunciados, son parte afectada (negativamente) y no tienen nada que perder en el juicio.
Si la universidad pierde y el juez decide que eran trabajadores y no becarios ellos ganarán, con toda la probabilidad, la diferencia salarial entre sus emolumentos (300 euros mensuales) y los de sus compañeros de trabajo de la universidad (unos 500 euros mensuales más, según los estudiantes). Si la universidad gana, se quedarán como están. La respuesta, a partir de julio de 2019, cuando empiece el juicio.