El Gobierno está preparando un cambio de calado en la Evau (la antigua Selectividad), pero el PP no se lo va a poner fácil. El Ministerio de Educación ha tenido una muestra este mismo miércoles en la Conferencia Sectorial, que sienta en la misma mesa a los ejecutivos regionales con el central para discutir temas educativos. Los consejeros de Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León han reprochado al departamento que dirige Pilar Alegría que esté trabajando en una reforma que no tiene en cuenta su principal reivindicación: una prueba única y homogénea para toda España. También le han pedido que retrase su implantación.
La reunión sectorial no estaba convocada para eso –el orden del día contemplaba cuestiones presupuestarias menores y la convocatoria excepcional de estabilización de empleo que tienen que hacer las comunidades– , pero comunidades como Madrid y Andalucía aprovecharon el foro para elevar su queja. “El modelo que propone [el ministerio] es una nueva pérdida de calidad del sistema educativo, con una prueba de madurez que mezcla asignaturas y que generará todavía más discriminación y disparidad entre los alumnos”, explican su rechazo fuentes de la Comunidad de Madrid.
Durante la conferencia, los consejeros del PP se han mostrado tajantes en su reivindicación de una prueba única. La responsable castellanoleonés, Rocío Lucas, ha explicado que “no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único”, modelo que ha tachado de “injusto”. Lucas ha lamentado que Educación “no esté escuchando las propuestas de Castilla y León” y ha anunciado que si el ministerio sigue en la misma línea se “desvinculará” del diseño de la nueva prueba.
En la misma línea se ha manifestado Galicia. El consejero Román Rodríguez ha ahondado en que no se están recogiendo sus propuestas y ha hablado de “desigualdad” y de “oportunidad perdida”.
Madrid ha añadido que la prueba de madurez, sobre la que pivotará el nuevo modelo, es “imprecisa” y supone una “devaluación” por acaparar la mayoría de la nota final.
El PP lleva tiempo reivindicando una prueba única para toda España para que haya igualdad de oportunidades entre todo el alumnado, según el argumentario popular. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo hace unos días que “hay una gran queja por parte de universitarios madrileños que nos explican cómo, al ser una región de acogida, en muchas ocasiones se ven perjudicados porque al no tener el mismo nivel de exigencia y de calidad educativa en el resto, no en todas, y haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas”.
Madrid está sopesando, según Ayuso, “establecer dos tipos de pruebas de acceso a la universidad: una para aquellos estudiantes que quisieran acceder a cualquier universidad del territorio nacional y otra para los que quisieran cursar estudios en su propia región”, informa David Noriega. Desde CCOO tienen dudas de que esto se pueda hacer legalmente.
Menos exámenes y una prueba de madurez
La propuesta en la que trabaja Educación pretende reducir a la mitad el número de exámenes e introduce una prueba que han llamado “de madurez académica” en la que “se valorarán principalmente las destrezas asociadas al ámbito lingüístico [castellano, lengua propia si la hubiera y lengua extranjera], y que pretende evaluar principalmente la madurez académica del alumnado”. La idea es pasar a un modelo competencial, en la línea de la Lomloe, más alineado con lo que se hace en Europa y que no marque el curso académico tanto como lo hace ahora, cuando se dedica todo el 2º de Bachillerato básicamente a preparar específicamente el examen.
La prueba de madurez será el eje sobre el que gire la Evau y contará por un 75% de la nota final. Según el borrador del ministerio, este examen “constará de dossier formado por una serie de documentos (textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, audiovisuales, etc.) que girarán todos ellos en torno a un mismo tema, y en el cual se pedirá al alumnado que realice un análisis desde diferentes aspectos y perspectivas, respondiendo a diversos tipos de preguntas (cerradas, semiconstruidas y abiertas). Se pretende valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información o interrelacionar toda esa documentación, de forma más o menos guiada a través de las preguntas o propuestas”. El 25% restante de la nota lo otorgará un tercer examen de una materia de modalidad.
La prueba de madurez se divide en tres fases: en la primera se analizará el “dossier” que recibirá cada alumno (documentos en varios formatos: textos, fotografías, etc.) durante 15 minutos. Después habrá una serie de preguntas, algunas en idioma extranjero, con un carácter más cerrado, destinadas a evaluar la “capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez del alumnado”, para la que dispondrán de 40 minutos. Por último, tres preguntas abiertas que exigirán que los aspirantes construyan y desarrollen una respuesta durante otros 45 minutos.
Antes de que se implante este modelo definitivo habrá una fase transitoria que constará de tres exámenes (Historia de la Filosofía, Historia de España y una materia a elección del alumno según el itinerario que haya elegido en el Bachillerato) más la prueba de madurez en formato abreviado. Cada uno de estos exámenes valdrá el 25% de la nota. Esta fase transitoria durará tres cursos.
Ambos modelos tendrán una segunda fase, llamada de admisión, que será voluntaria y en la que intervienen las universidades –como sucede ahora, cada centro aplica un coeficiente de ponderación de cada una de estas pruebas extra para sus grados–. Esta última fase la utiliza cierto alumnado para subir nota para acceder a los grados más demandados y permite a los estudiantes optar a un 14 de nota máxima.
“En ningún caso se plantea desarrollar una prueba unificada”
El ministerio sostiene que su nuevo modelo, aún en fase de borrador, permitirá avanzar hacia una cierta uniformidad en la prueba, aunque no habrá el examen único que reivindica el PP. El grupo de trabajo que está elaborando la propuesta está recabando ahora las ideas de las comunidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) y otros actores para elevar su propuesta definitiva. Lo que no está previsto que cambie es la ponderación del examen respecto a la nota final: un 60% la nota del Bachillerato, un 40% la de la Evau.
Para el PP este rechazo a la prueba única es una línea roja que provocará que no apoye la reforma, aunque su visto bueno realmente no es necesario para implementarla porque se aprueba como un Real Decreto. Sí hará falta que lo valide el Congreso, sin embargo, para lo que el Gobierno necesitará el apoyo de sus socios habituales en la Cámara Baja, que al menos en la parte de nacionalistas e independentistas no pasa precisamente por establecer una prueba homogénea.
Por el momento, Educación está trabajando la vía del diálogo. El número dos de Alegría, José Manuel Bar, ha mantenido contactos con algunos representantes autonómicos y el grupo creado para acabar de diseñar la prueba está trabajando en unos criterios de elaboración y corrección de los exámenes que sean homologables para dotar de cierta uniformidad a la prueba. Para el PP, medidas insuficientes y que abundan en la “falta de objetividad”, ha lamentado la consejera castellanoleonesa Lucas.
De momento, esta primavera habrá una prueba piloto para “calibrar” el nuevo modelo una vez que esté listo. Si todo va como prevé Educación, la fase transitoria empezará en junio de 2024 y el modelo definitivo se implantará tres cursos más tarde, para los estudiantes que cursen 2º de Bachillerato en 2026-2027.