Ayuso tiene un plan para aumentar la natalidad y está dispuesta a llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias. Cuando este martes afirmó en la Asamblea de Madrid que “no puede ser que estemos ahora mismo en España en unas cifras de 100.000 abortos al año, mientras hay tantas familias que quieren adoptar, que tienen necesidades”, no se trataba de una ocurrencia sobre la marcha. La estrategia con la que la presidenta madrileña pretende revertir el invierno demográfico en la región pasa por “enlazar” a mujeres embarazadas que han decidido abortar con familias adoptantes, en procesos de acogida o que se plantean recurrir a la gestación subrogada para que se replanteen su decisión. Una medida que, según las expertas, busca culpabilizar a las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo y que tiene un complicado encaje legal.
A principios de año, el Ejecutivo madrileño presentó “la estrategia de natalidad más ambiciosa de nuestra historia”. Tiene 80 medidas. Entre ellas, una de “apoyo a la vida de los no nacidos”. En este epígrafe, Ayuso anuncia la puesta en marcha de “todas las medidas” destinadas a dar “alternativas a las madres embarazadas”. Entre ellas, incluye “enlazar” a las mujeres que quieren abortar con las personas que no encuentran niños en adopción o acogimiento o que se plantean recurrir a la gestación subrogada en el extranjero, puesto que la técnica no está permitida en España.
Fuentes de la consejería de Juventud, Familia y Política Social indican a esta redacción que el departamento está estudiando cómo poner en marcha estos enlaces, que serían voluntarios y que tienen como objetivo dar a las mujeres que quieren abortar “todas las opciones”. Los encuentros entre estas mujeres y familias que ya hayan adoptado o acogido a menores o que estén en proceso de hacerlo son “una especie de sensibilización”, señalan estas mismas fuentes, con la que pretenden que las segundas cuenten sus dificultades a las primeras y estas valoren la posibilidad de llevar a término su embarazo para después entregar al bebé. En ningún caso la adopción la harían esas mismas familias.
El plan de la administración madrileña tiene un complicado encaje legal. Más aún si el Congreso aprueba, como está previsto, la nueva Ley del Aborto elaborada por el Ministerio de Igualdad, que ya ha pasado por el Consejo de Ministros y se encuentra en trámite parlamentario. Con la reforma, se eliminará el requisito de que la mujer reciba un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, que en algunas comunidades se había utilizado para tratar de derivar a asociaciones antiabortistas.
Un “desprecio más a las mujeres”
La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Francisca García, califica la propuesta de Ayuso como un “desprecio más a las mujeres”. “Es un disparate que demuestra un desconocimiento de lo que supone interrumpir un embarazo. Las mujeres que tienen un embarazo imprevisto lo que quieren es interrumpirlo ya y acabar cuanto antes con un proceso no deseado”, explica. La inmensa mayoría de las mujeres que acuden a un centro para interrumpir su embarazo, prosigue, tienen clara su decisión. Solo una reducida minoría acude con una “situación ambivalente”, es decir, con dudas sobre si interrumpirlo o continuarlo pero, de ser el segundo caso, “para tenerlo una, no para darlo en adopción”.
Las propuestas que buscan “sensibilizar” a las mujeres que quieren abortar no son nuevas. Desde obligar a escuchar el latido del feto hasta ponerlas en contacto con quienes desean adoptar o ya lo han hecho. “Sensibilizar, ¿para qué? Para culpabilizar, para crear mala conciencia, para crear más estigma. Se nos señala que ser madre está muy bien y no serlo o abortar, que es una opción responsable, está mal”, critica García. Ese estigma, esa valoración social negativa, es la que está detrás del sufrimiento de muchas mujeres que abortan. La presidenta de ACAI señala que, aunque tengan clara su decisión, el estigma instiga la culpa.
Mientras la presidenta Ayuso se refería el martes a “familias que quieren adoptar, que tienen necesidades”, tanto la propia Comunidad de Madrid como la legislación española reconocen que la adopción es “una medida de protección a la infancia”. Es decir, persigue cubrir las necesidades de menores que no tienen una familia y no al revés.
“Leyendo el documento [la estrategia de natalidad], el punto está mal enfocado a todas luces, porque se basa en el interés de las familias por tener hijos y no en el interés del menor en tener una familia, que es el único que importa”, explica el vicepresidente de la asociación de adopción y acogimiento de la Comunidad de Madrid Atlas, Benedicto García, que lleva 24 años trabajando en este ámbito. García ve también dudas en cuanto al desarrollo de esta idea. “Habría que ver en qué se va a concretar ese tipo de 'enlace' pero, de entrada, poner en contacto a una parte (la madre gestante), que es la más vulnerable, con otra parte (las familias adoptantes o acogedoras), que tienen una serie de intereses muy diferentes, es confrontar posiciones y pensamos que puede inducir a coaccionar la propia libertad individual de la mujer”, desarrolla.
García explica también que los mecanismos de protección a la infancia –adopción, adopción abierta y los diferentes tipos de acogimiento– no abarcan a los no nacidos y que, mientras la decisión de abortar es exclusiva de quien gesta, la de dar a un bebé en adopción no lo es. Es decir, si una mujer decide dar a luz y entregar a su hijo o hija en adopción, se inicia un proceso en el que los servicios sociales le realizan un seguimiento y estudian su entorno biológico, que es prioritario, para analizar la adoptabilidad del menor. “Las implicaciones son muy extensas”, aclara.
Pese a las cifras de Ayuso, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, en España se realizaron en 2020 un total de 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo, la cifra más baja de la última década. Ello, pese al discurso de la presidenta madrileña que acusa a la izquierda: “Un disparate es lo que están haciendo ustedes con la juventud, a quienes les dicen 'Solas, borrachas y aborten todas las veces que quieran'”.
En una redacción inicial de la estrategia de natalidad de Ayuso, el ejecutivo madrileño hablaba también de enlazar a las mujeres que querían abortar con parejas que “se plantean una gestación subrogada en el extranjero”. Esa redacción permanece en algunas páginas oficiales. Esta es una práctica por la que, contrato mediante, una mujer recibe dinero por gestar a un bebé sin su carga genética que, al nacer, es entregado a otra familia. En España, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana declara nulos estos contratos y el Tribunal Supremo considera que “vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del niño y son por tanto manifiestamente contrarios a nuestro orden público”.
La coordinadora general de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA) –que aglutina a una veintena de organizaciones por todo el territorio–, Ana María Linares, señala que estos encuentros que plantea la Comunidad puedan incentivar una gestación subrogada extraoficial o encubierta. “Si ponen en contacto a una familia que lo desea o lo añora se puede incentivar un tráfico de bebés”, advierte. Además, explica que pueden darse situaciones “muy violentas para todas las partes”: “¿Cómo se siente esa mujer? ¿Y esas familias? ¿En qué sentido se va a hacer? ¿Cómo se regularía? ¿Qué implicaciones emocionales puede tener para las partes?”, se pregunta. Lo que tiene claro es que “hay una realidad jurídica, unos derechos que se garantizan” y que este tipo de medidas “influyen en la libertad individual de la persona” que quiere abortar. “La adopción directamente es una medida de protección para niños que ya han nacido, que ya están aquí”, recuerda.
Solo el 9%, según un estudio
La teoría de que impedir que mujeres que quieren interrumpir voluntariamente sus embarazos reduciría las listas de familias que quieren adoptar a la que parece abonada la presidenta madrileña no es nueva. La verbalizó el juez Samuel A. Alito, uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que tumbó el derecho al aborto en el aquel país, pero cuenta con la oposición de buena parte de la comunidad científica. “La adopción no hace lo que hace el aborto. No pone fin a un embarazo, no alivia su carga, no evita los riesgos para la salud de la mujer, ni alivia el daño psicosocial de la renuncia en la adopción”, indicaba en este reportaje la profesora de la Universidad de Texas Malinda Seymore, que investiga sobre el derecho a la adopción.
La socióloga e investigadora sobre aborto y adopción de la Universidad de California Gretchen Sisson afirmó que “lo que vamos a ver es que muchas personas criarán a los hijos que no tenían la intención de tener”, recogía The Washington Post. Un estudio de ese mismo centro, basado en mil mujeres que querían abortar, mostraba que de las 150 a las que se les negó este derecho, solo 13 entregaron a sus bebés en adopción, el 9% del total. El estudio establece además que “dar a luz está relacionado con problemas de salud más serios que tener un aborto” y que “las mujeres que reciben un aborto deseado tienen más estabilidad económica, pueden establecer metas más ambiciosas, criar a los hijos (que ya tienen) en condiciones más estables y es más probable que tengan un hijo deseado en el futuro”.