El 70% de las mujeres españolas en edad reproductiva utilizan métodos anticonceptivos, pero para el Gobierno los derechos sexuales carecen de importancia y, con la excusa de la crisis económica, ha paralizado las estrategias de salud en este ámbito. Esta es la denuncia que hace la Federación de Planificación Federal Estatal (FPFE) basándose en los resultados del Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 10 países de la UE, que fue presentado ante el Parlamento Europeo el pasado junio. Este barómetro evalúa las políticas sobre derechos sexuales y reproductivos, la educación sobre ellos y sobre los distintos tipos de anticonceptivos, la formación de los profesionales de la salud o las campañas de sensibilización. El barómetro recoge datos de Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia.
“Suspendemos en casi todo, especialmente en educación sexual”, critica Luis Enrique Sánchez Acero, presidente de la FPFE. El barómetro refleja cómo la paralización de la estrategia de salud sexual y reproductiva se ha traducido en un retroceso en el acceso a los servicios a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, en dificultades para entrar en los servicios de planificación o en la formación de profesionales.
Ni sensibilización ni ayudas
Así, España suspende en sensibilización con un 25% (sólo queda por encima de República Checa, Italia y Lituania), en educación sexual con un 25, 6% (sólo supera a Bulgaria, República Checa y Lituania) y aprueba raspado en educación y formación de profesionales con un 57, 9%. En otros ámbitos como el empoderamiento de las mujeres, se queda en un raquítico 22%, por debajo de Lituania que obtiene un 30%. La conclusión a la que llega el barómetro es que “las actuales medidas de austeridad se perciben como el mayor obstáculo para reducir los embarazos no planificados y para garantizar el acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos”.
Además, la FPFE advierte de las “evidentes desigualdades que existen en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva según las comunidades autónomas”. Las más afectadas son las mujeres más jóvenes y pertenecientes a colectivos vulnerables y las mayores odiseas se producen al intentar conseguir la píldora postcoital, que no está financiada en seis comunidades autónomas. En esta línea, el barómetro considera deficientes las campañas de promoción sobre derechos sexuales y reproductivos, salvo por puntuales acciones de algunas comunidades autónomas, o la educación en salud sexual, con la desigual implantación según el lugar. La ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 prevé la inclusión de la educación sexual en los currículos escolares, pero “esto ha quedado en vía muerta, y de hecho los cambios previstos en la nueva ley de educación reducen esta temática”, denuncia el presidente de la FPFE.
A todo esto hay que sumar el hecho de que, desde el pasado 1 de agosto, un total de ocho píldoras anticonceptivas dejaron de ser financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) afectando en total a un millón de mujeres. “Además, las usuarias vienen denunciando la menor disponibilidad de anticonceptivos de barrera, de nuevos contraceptivos hormonales o de la anticoncepción de urgencia”, denuncian desde la FPFE. “En esta situación de crisis para tantas personas, si no hay financiación y garantías de dispensación se corre el riesgo de un aumento de las tasas de embarazo no planificado y por tanto de interrupciones voluntarias del embarazo”, concluye su presidente.