En un gesto que pasó relativamente desapercibido entre los reproches y el diálogo de sordos del debate sobre el estado de la nación, el jefe del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, sacó a relucir el pasado de Rajoy para explicar la política del presidente del Gobierno. Rubalcaba rescató de la hemeroteca dos artículos que publicó Rajoy en El Faro de Vigo a principios de los ochenta, cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra.
Los dos textos hablan sobre igualdad. Y en ellos Rajoy defiende “la falsedad de la afirmación de que todos los hombres son iguales”. Y sostiene que los hijos de buena estirpe superan a los demás:
El revelador texto es mucho más que una anécdota de juventud. Si metemos en una coctelera estos conceptos desgranados por el presidente del Gobierno con la literatura elaborada sobre las desigualdades y la educación por la Fundación Faes, el think tank dirigido por José María Aznar del que salen las ideas del PP, es posible comprender los cambios que ha impulsado el ministro José Ignacio Wert desde que asumió su cargo.
Una reforma con base ideológica ha cambiado el paradigma que definía el sistema en estos años de democracia –el de una escuela inclusiva en la que en teoría las becas se entregaban por criterios económicos para compensar las desigualdades (tirando del nivel hacia abajo, argumenta el PP)– por otro en el que las ayudas están vinculadas al rendimiento para fomentar la excelencia, restando peso a la idea de compensar las desigualdades.
El factor socioeconómico sí cuenta
Diversos estudios a lo largo de los años han demostrado que el nivel socioeconómico de las familias (nivel económico y de estudios de los padres) tiene una influencia directa y que determina incluso el rendimiento educativo que tendrá un alumno. El último ejemplo se ha visto en las pruebas PISA, uno de los estudios más completos que se realizan y que corrige los resultados en función precisamente del nivel socioeconómico, un parámetro que se agrupa bajo el indicador ESCS.
Un breve artículo de una de las investigadoras del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Alba Reboredo, destaca que España rinde en matemáticas en PISA según lo esperado por su ESCS, esto es, por debajo de la media de la OCDE. Pero también señala que, si se descontara este índice del rendimiento, el país se situaría en este examen por encima de naciones consideradas modélicas en educación, como, por ejemplo, Finlandia.
PISA también reconoce que los alumnos con padres desempleados tienen un rendimiento siete puntos inferior a sus compañeros con padres laboralmente activos, “incluso descontado el nivel socioeconómico”, admitía el INEE.
En la misma línea se expresa un estudio académico desarrollado por Daniel Santín, doctor en Economía por la Universidad Complutense, que indica que “a partir de la evidencia empírica podemos señalar que determinadas características socioeconómicas, así como determinados hábitos, influyen, en media, sobre el rendimiento en la escuela”. Santín concluye su estudio, realizado a finales de los noventa, con una pregunta abierta que hoy se presenta muy de actualidad.
¿Debe el modelo educativo y el sistema de becas velar por corregir desigualdades y apoyar a los más desfavorecidos, o reforzar a los que más méritos hagan, con cierta independencia de su nivel económico?
Sirva la siguiente analogía, de Santín, para ilustrar el debate. “En Sanidad, la sociedad actual considera justo invertir más recursos en aquellos grupos de personas más enfermos, que más lo necesitan, con el fin de que en la medida de lo posible el nivel general de la salud y por tanto de bienestar sea mejor”. Podría haber sido de otra manera, pero se decidió que fuera así.
“Existirá o no igualdad de oportunidades dependiendo de si la sociedad considera o no legítimas estas diferencias [socioeconómicas entre alumnos]”, reflexiona Santín. “En el caso de que la sociedad considere que no es justo que ex ante, un alumno, hijo de padres con un nivel de estudios inferior a los padres de otro alumno, tenga a priori una mayor probabilidad de alcanzar un menor grado de educación, la sociedad deberá decidir el esfuerzo económico y social para corregir esta desigualdad, invirtiendo más sobre aquellos que más lo necesitan”, continúa el informe.
“Lo va a tener más difícil”
Desde Faes, el asunto se ve muy claro. Hay referencias a la cuestión en diversos papeles publicados por la organización. Por ejemplo, Álvaro Vermoet, en 2009, ya admitía que “por lo general un alumno con pocos recursos económicos lo va a tener más difícil para salir adelante”. Y argumentaba que “precisamente por ello la instrucción pública debe, desde las más tempranas edades, incentivar un especial esfuerzo y una especial brillantez en los alumnos con menos recursos. Limitar la política de becas a redistribuciones de renta supone no premiar el esfuerzo ni incentivar el mérito”.
Vermoet forma parte del Consejo Escolar del Estado, el encargado de analizar la política educativa del Gobierno. Pertenece a la cuota de representación de los estudiantes, en nombre del sindicato de derechas Unión Democrática de Estudiantes (UDE). Con todo, en su escrito matizaba que su crítica no iba contra “la gratuidad de la matrícula y las ayudas para las rentas más bajas”, sino contra la inexistencia de ayudas por rendimiento.
Pero otros compañeros sí cargan directamente contra la educación superior pública y gratuita. Pedro Schwartz lamentaba en otra publicación de Faes en 2010, hablando de los universitarios, que, “al abaratar en exceso las matrículas y concentrar las ayudas en las universidades públicas sin exigencias de contrapartidas en resultados formativos o del I+D+i, las Administraciones Públicas entorpecen el progreso de los alumnos con menos oportunidades de progresar”.
Un extenso estudio dirigido por este profesor del CEU –nombrado en 2012 presidente del Consejo Económico y Social de Madrid por su pupila política, Esperanza Aguirre– también defendía la necesidad de acercar progresivamente el precio de la matrícula universitaria al coste real por alumno, hecho que de alguna manera está ocurriendo con la subida de las tasas en los dos últimos años hasta un 20% según el grado y la universidad. En Madrid, los estudiantes soportan las tasas más elevadas, hasta un 68% más altas que en 2011.
Pero el ministro Wert ha negado que ese aumento influyera negativamente en la igualdad de oportunidades. En mayo de 2012 aseguró “que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas, evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos [...] qué quiere decir, que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras [...] cosas”.
Bajando a las cifras, el Ministerio de Educación otorgó ayudas en el curso académico 2012-2013 a 263.682 estudiantes, 6.608 menos que el curso anterior (un 2,5%), con una inversión de 757,7 millones de euros. Es la primera vez que se reduce el número de becarios en seis años, según recoge Europa Press, hecho que para Educación “no es ninguna debacle”, en palabras del ministro Wert.
En ese curso académico, el ministerio elevó la nota mínima para acceder a la gratuidad de la matrícula del 5 (aprobado) a 5,5. La exigencia es mayor para el resto de las becas: 6,5 de media. José Ignacio Wert zanjó la polémica con una frase: “Los universitarios que no lleguen al 6,5 de media quizá deberían estudiar otra cosa”.
Además, uno de cada tres alumnos becados pierde su ayuda en el primer curso como consecuencia de no aprobar el mínimo de créditos requeridos. La nueva disposición de Educación exige superar el 85% de los créditos en el caso de estudiantes de Enseñanzas Técnicas y el 100% en las demás ramas de estudios.