Ni la modificación de los criterios para asignar una beca universitaria, ni los recortes presupuestarios que han sufrido estas ayudas han contribuido a que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se haya convocado al órgano responsable de analizar la equidad, la eficacia y la transparencia de estas concesiones, el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.
Durante la gestión de José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación se alteró la forma de asignación y los criterios para solicitar las becas universitarias, entre ellos se incrementó la nota media para acceder a ellas. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) denunció en su último informe relativo al curso 2015-2016 que estas modificaciones supusieron alrededor de 70 millones de euros anuales menos en el epígrafe presupuestario de acceso a estas becas. Además, estos nuevos criterios afectaron cada curso a 70.000 alumnos de grado.
Tanto el PSOE como colectivos educativos creen que la decisión de no reunir a los miembros de este organismo está relacionada con “la falta de voluntad política” para analizar la gestión de estas ayudas. “Sospecho que si el Observatorio se hubiese reunido hubiese constatado las nefastas consecuencias de las becas [impulsadas por Wert] y que no están basadas en la equidad”, alega el portavoz socialista de asuntos universitarios, Manuel Cruz.
Sin análisis del impacto de los recortes
En su último informe, el Consejo Escolar del Estado también incidió en este punto y recomendó al Gobierno que “realice un estudio” para analizar el impacto de estas políticas y su relación con la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. La CRUE también apoya la “reactivación” de este foro o la “creación de otros instrumentos similares” para “evitar que nadie quede excluido de cursar o continuar estudios universitarios por razones de índole económico”.
El ministro es el presidente de este organismo, tal y como recoge el Real Decreto que lo regula, y que se ratificó en octubre del 2010. Entre las funciones del Observatorio también reseña que “elaborará estadísticas e informes que colaboren a la eficacia y transparencia de los programas de becas”, facilitar información sobre ayudas al estudio de origen público y privado, “analizar la relación entre el sistema de becas y ayudas al estudio y el rendimiento académico” y “actuar de foro de encuentro entre las estructuras orgánicas de representación y la sociedad” .
Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE, lamenta que este organismo no haya facilitado “información sobre el impacto del sistema de becas en la equidad del sistema”. “Con esta postura se pierde la participación de la comunidad educativa y un diagnóstico real de cómo ha afectado el sistema de becas entre los estudiantes”, incide.
El Gobierno prevé reformarlo
Sin embargo, a pesar de haber mantenido esta postura en diciembre el Gobierno, incluyó la modificación de este Real Decreto en el plan anual normativo de 2018.
En este documento, en el que incluyen los decretos y leyes que pretenden sacar adelante durante este año, detallan que quieren ampliar el ámbito de actuación del observatorio al no universitario.
“El observatorio permite conocer qué pasa con las becas, cómo repercuten en la formación de los jóvenes. Se hace cuesta arriba entender por qué no se reúne”, añade el socialista Manuel Cruz, que también reivindica la “pluralidad” de los miembros de este observatorio. Para Carmen Romero, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Pública (CREUP), demuestra que el Gobierno “no tiene intención de dialogar con el estudiantado ni con la comunidad educativa”.
El Real Decreto otorga carácter consultivo al observatorio y determina que estará formado por miembros del Ministerio y representantes de la comunidad educativa: del Consejo de Universidades, de la Conferencia General de Política Universitaria, de los agentes sociales y económicos, de los Consejos Sociales de las Universidades y de los estudiantes. También establece que el pleno tendrá que reunirse “al menos” dos veces al año “en sesión ordinaria y tantas veces como sea convocado por el presidente de forma extraordinaria”, apunta.
El pleno se reunirá “al menos” dos veces al año
Este organismo funciona con varios departamentos: el pleno, la Comisión Delegada y dos comisiones de trabajo, una centrada en la Eficiencia, Eficacia y Rendición de Cuentas y otra sobre las Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico.
Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que este organismo no se ha reunido nunca durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El Ministerio de Educación no ha respondido a las preguntas planteadas por eldiario.es para concretar las últimas fechas de encuentro ni explicar por qué no lo han convocado.
El Real Decreto que lo regula se publicó en el último año de gobierno de Zapatero. La asociación que aglutina a los órganos de participación de la sociedad en las universidades, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, que también forma parte del Observatorio, asegura que el pleno se constituyó el 22 de noviembre de 2010 y en él se aprobó la composición de las dos comisiones de trabajo. La Conferencia de Rectores asegura que no han sido nunca convocados.
Reunión de las comisiones
Por otro lado, en un documento sobre la responsabilidad social de la universidad, elaborado en 2011 y refrendando por el Ministerio socialista, aseguran que las comisiones de este observatorio sí fueron convocadas durante su primer año de vida. La Comisión de Eficiencia, Eficacia y Rendición de Cuentas se constituyó el 25 de enero de 2011 y un día después hizo lo mismo la de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico. La Conferencia de Consejos Sociales tiene también constancia de que la primera comisión se volvió a reunir el 19 de julio y la segunda el 5 de octubre del 2011.
CANAE también asegura que ni las comisiones ni pleno han sido convocadas desde el 2011 y fuentes del Consejo Escolar ratifican esta argumentación, recordando que desde que llegó el PP al Gobierno ha sido una “reivindicación” histórica de los alumnos que se asisten a este organismo. En 2013, el PNV registró en el Congreso una PNL para que se convocase “de manera urgente” y “en el plazo máximo de un mes”.
Estos colectivos también han instado al Ministerio a que convoque otros órganos de participación que también mantiene inactivos, como el Observatorio de Convivencia Escolar creado para prevenir el acoso escolar y el pleno del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad que lleva inactivo desde mayo de 2013.