“Antonio González Pacheco me ató a un radiador y me golpeó durante horas en la planta de los pies”, cuenta Roser Rius. Es el mismo titular del relato que ha presentado este jueves en una querella conjunta, junto a cuatro militantes antifascistas, en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. Las víctimas de Billy el Niño siguen intentando sentar en el banquillo de los acusados al más conocido torturador de la policía secreta del franquismo.
La presentación de la primera denuncia colectiva supone una novedad. La acción común intenta romper el bloqueo judicial a estos casos acusando de torturas a Billy el Niño y otros siete agentes de la dictadura. Y evidenciar, además, que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático y “en un contexto de crímenes contra la humanidad”.
“Billy el Niño dijo: 'esta para mí, ya la entiendo yo'. Estuvo una noche entera golpeándome… cuando acabó no podía andar, tenía hematomas hasta las rodillas, se me cayeron las uñas”. Roser Rius fue detenida en octubre de 1974. Tenía 27 años. El testimonio que ofrece, en conversación con eldiario.es, coincide con el perfil que aportan otras víctimas: un policía “sádico” que “disfrutaba” torturando.
También con el resto de participantes en la querella colectiva. Cuatro, incluida Rius, eran militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR): Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez y Francisco Javier Maestro. El quinto denunciante es Esteban Cabal, detenido en el 76, cuando era menor de edad y miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
36 querellas contra Billy el Niño
Con estas nuevas acusaciones ascienden a 36 las querellas interpuestas contra Billy el Niño y otros agentes de la Brigada Político Social (BPS): tres en Asturias, seis en Valencia, diez en Gipuzkoa y 17 en juzgados madrileños.
“Más de 20 resoluciones judiciales dictadas hasta ahora por parte de los tribunales nacionales” sobre estas querellas “niegan sistemáticamente” que se trate de acciones sistemáticas y hablan de “hechos aislados”. Es decir, que no son delitos de lesa humanidad y cabe aplicar “la prescripción de los delitos y por tanto el archivo de las querellas”, denuncia la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.
Por esto, esta línea judicial pretende desmontar la querella colectiva. “Había una estructura centralizada en la BPS con la finalidad de impedir la participación política de los ciudadanos españoles y se les detenía por su militancia”, explica una de las abogadas de las víctimas, Begoña Lalana. Un aspecto “que recoge el delito de lesa humanidad, además de las propias torturas”, subraya.
“Existía un plan organizado y deliberado de la dictadura”, continúa, que hace entender que no son “casos individuales” y sí “una persecución sistemática a los militantes de partidos y sindicatos durante el franquismo, desde sus orígenes hasta la Transición democrática”, apunta Lalana.
Se trata, por tanto, de otra oportunidad sobre la mesa de la justicia española para investigar la represión política de Franco. Hasta el momento, el aparato represor franquista sigue viviendo en la impunidad. Y Billy el Niño no tiene ninguna condena y mantiene sus medallas pensionadas.
“Comportamiento brutal de la policía”
“Estábamos luchando contra la dictadura y éramos muy clandestinos, pero no podíamos eludir que el aparto de la dictadura quería desmembrar cualquier cosa, daba igual que fuera más grande o más pequeña, de estudiantes u obrera… Querían que no hubiera ningún tipo de oposición, que no pudieras reunirte ni expresarte”, relata Roser Rius a este medio.
En su caso, la militancia antifranquista le costó “14 meses de prisión en la cárcel de Yeserías”. Y, antes, una detención y “tres días de torturas” en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).
“El comportamiento de la policía fue bastante brutal”. Rius no olvida la estancia en las mazmorras de la Puerta del Sol. “Se ensañaron mucho, me daban golpes por todos lados. Hacían una rueda y te iban dando. Un golpe, otro…”. Y en las tandas no solo estaba el célebre Billy el Niño. “Había mucha más gente”, asegura.
“En uno de esos momentos de muchos golpes les dije que ya podían entre tantos tíos con una mujer. Yo tenía 27 años y era muy delgada”, recuerda. Ahí tomó el testigo González Pacheco. “Decidió que donde más me podía doler era en la planta de los pies, me ató a un radiador y estuvo golpeando durante horas”.
Querellantes y torturados por la BPS
El resto de los torturados por la policía secreta franquista expresa testimonios similares. Como el militante de la FRAP Esteban Cabal, detenido por participar en la manifestación del Primero de Mayo. Quedó libre por su condición de menor de edad.
En octubre del 76 cayó en los calabozos de la BPS, torturado por González Pacheco y Roberto Conesa, según su declaración. Al ser puesto a disposición judicial su estado era “lamentable”. Entre otras lesiones tuvo fractura de nariz y de ambas muñecas. Acabó exiliado en Francia.
O Enrique del Olmo, apresado en mayo del 72 cuando fue identificado como participante en una protesta y por su militancia política en la Liga Comunista Revolucionaria. Permaneció tres días incomunicado en la DGS. En los calabozos sufrió interrogatorios y torturas “durante horas”. Estuvo preso tres meses en la cárcel de Carabanchel. Juzgado por los delitos de terrorismo y manifestación no pacífica, fue finalmente absuelto.
Del Olmo compartía militancia con el resto de querellantes. Caso de Jesús Rodríguez, sometido por la policía franquista en tres ocasiones. La primera, con 18 años de edad en marzo del 72, por participar en una protesta tras el asesinato por la policía de dos trabajadores de la empresa Bazán en Ferrol.
En enero del 74 fue detenido por una reunión ilegal preparatoria de actos contra de la pena de muerte a Salvador Puig Antich. En abril del 75 un grupo de policías lo esperaba a la puerta de su casa: señala a Francisco Javier Tejedor Peña, Antonio González Pacheco, y Salvador Bonel Esperanza. Dispararon tiros al aire. Rodríguez fue “golpeado, insultado, humillado”, según su relato. Billy el Niño, en los interrogatorios, le amenazaba “todo el tiempo con una pistola”.
Y el quinto denunciante, Francisco Javier Maestro BacksBacka. Detenido tres veces. La primera, julio del 71, en la piscina universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Va a estar “incomunicado e interrogado por González Pacheco y otros dos policías en la DGS durante 72 horas”.
Luego sufre dos meses de prisión en Carabanchel. Es llevado a juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) acusado de propaganda ilegal, alteración orden público y asociación ilícita. Quedó absuelto. La segunda detención es en su propio domicilio, en abril del 74. Ingresa en la cárcel un mes.
Y el 22 de julio del 77 cae cerca del Congreso de los Diputados por llevar una pancarta doblada de la LCR en su coche. En el cartel se leía ‘Legalización de todos los partidos políticos’. Presta declaración en la Comisaría de Retiro, es trasladado a la DGS y después al calabozo de Las Salesas.
Todas las víctimas de Billy el Niño
Todos estos querellantes dicen haber sido víctimas de Antonio González Pacheco, conocido por el alias Billy el Niño, el rostro más popular de la Brigada Político Social franquista. El exinspector tiene una hoja de servicios que demuestra que cobró “premios” en metálico por la represión de los movimientos antifranquistas, como desveló en exclusiva eldiario.es. El expediente detalla las felicitaciones y retribuciones económicas recibidas.
El historial de Billy el Niño le hizo merecedor de varias medallas al mérito policial que aumentan su pensión. Pero entre la ejecutoria también están las torturas sistemáticas a disidentes antifascistas, aseguran las propias víctimas.
Como uno de los agentes más activos de la policía secreta de Franco, González Pacheco actuaba con extrema violencia con los detenidos por causas políticas. En los calabozos de la BPS practicó sus técnicas de castigo predilectas, como el 'pasillo', la 'bañera', el colgamiento en barra o el 'saco de golpes'.
“El sadismo y la crueldad de Billy el Niño eran vocacionales”, dicen sus víctimas. La nueva querella, que implica a otros siete policías de Franco, intenta evidenciar la “sistematicidad” y organización represiva de la dictadura contra los disidentes políticos durante el tardofranquismo, según la Coordinadora.