En el año 2013, el Partido Popular le puso un blindaje legal a los toros. Declaró la tauromaquia, por ley, “patrimonio cultural”. Aprovechando la mayoría absoluta en el Congreso –y respondiendo a una Iniciativa Legislativa Popular–, el PP dotaba al Gobierno de una herramienta para frenar cualquier intento de cuestionar la tauromaquia: “Es competencia de la Administración General del Estado, garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles”, dice la ley. Y el Ejecutivo de Rajoy utilizó esta palanca.
Este jueves, ha prometido su cargo como ministro de Cultura, José Guirao. Algunos lo han etiquetado como “ministro animalista” al recordar su intervención en el foro Capital Animal en el que dijo: “Está tan arraigado el desprecio por los animales, tan arraigada la idea de que son algo utilitario, bien sea para comer, para trabajar o para divertirnos, que creo que el reto es cambiar esa soberbia de la especie”.
Guirao, como ministro de Cultura, ostenta las competencias sobre la tauromaquia “como disciplina artística”, según dispuso un Real Decreto de 2011 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, a pesar de haber expresado que la especie humana “se siente impune ante todo, impune para maltratar y utilizar todo lo que encuentra en la naturaleza”, el ministro tiene encima una norma que establece legalmente que las corridas de toros son algo “digno de protección en todo el territorio nacional”.
El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sí se mostró contrario al famoso Toro de la Vega. También dijo en la Cadena Ser en 2014 que “respetamos esta cultura taurina que tiene España pero le diré desde el punto de vista personal que aun respetándolo a mí no me verán en una corrida de toros”.
Le ley para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural más que implicar unos fondos económicos concretos (aunque sí da acceso a los programas presupuestarios de conservación y promoción del patrimonio) ha servido para impulsar planes gubernamentales dedicados a la tauromaquia o cortar el camino a regulaciones autonómicas contrarias a la concepción del anterior Gobierno.
Tanto le sirvió al Ejecutivo que, solo un mes después de publicar la ley en el BOE, se presentaba el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia (Pentauro) que nació “del cumplimiento del mandato al Gobierno” de esta precisa ley, según informaba el Ministerio de Cultura. La idea del Pentauro es “fomentar y garantizar el libre ejercicio de la Tauromaquia, actualizando y transmitiendo a la sociedad la trascendencia de su valores y la vigencia de su cultura”.
El plan contempla una amplia lista de medidas económicas, tributarias, estadísticas sobre Seguridad Social, educativas, ganaderas y arquitectónicas en las que se implicaba como responsable al Gobierno mediante varios departamentos, desde el Ministerio de Cultura al de Economía, el del Interior, de Agricultura o Fomento, además de a los municipios y la comunidades autónomas.
Además, con la regulación en la mano, el Gobierno recurrió la ley de las Islas Baleares que prohibía las corridas de toros con la muerte del animal. El Consejo de Ministros apuró los plazos al máximo y acudió al Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 2017. La ley insular quedó paralizada. Sin embargo, el TC levantó la suspensión en marzo de este año porque el Gobierno no había justificado suficiente el “prejuicio al interés general” de que se aplique esta norma hasta que resuelva el fondo del asunto. Para decidir sobre la ley catalana que prohibía las corridas se tomó seis años.
“Control de la fuerza bruta”
“La Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta”, justifica esta ley en su preámbulo. A pesar del sostén oficial, el interés por la tauromaquia en cuanto a las corridas de toros no ha parado de desangrarse, según reflejan los datos del Ministerio de Cultura. En lo que va de década, las corridas han descendido un 35%: de 2.422 a 1.598, según la Estadística de Asuntos Taurinos.
Sin embargo, lo que no ha parado de crecer es la cantidad de “festejos populares”, como los define el Ministerio, que se llevan a cabo en España anualmente. Han pasado en estos últimos siete años de 14.268 a 17.920. Un 20% más.
Entre esos festejos populares se contabilizan prácticas como el ahora prohibido Toro de la Vega de Tordesillas (donde se acosaba y alanceaba a una res para darle muerte en la población vallisoletana), los toros embolados (como el toro del júbilo en Medinaceli donde se suelta al animal por las calles con la cornamenta en llamas), los toros ensogados como el enmaromado de Benavente (Zamora) al que se le fija a los pitones una larga cuerda que ase un grupo de personas para ir tirando y guiando los pasos del toro hasta el matadero, los correbous o el Toro de Coria que termina el festejo abatido por un disparo.
Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, analiza que existen vías de acción a pesar de existir esta coraza legislativa. “Sobre todo en lo que se refiere a la protección a la infancia. Podría poner límites tanto a la asistencia a los espectáculos como a las transmisiones televisiva en horario infantil”. De hecho, la ONU instó en febrero pasado a España a prohibir que los niños y niñas puedan acudir a estos festejos para protegerlos de “efectos dañinos”. Televisión Española estuvo sin retransmitir corridas de toros desde 2006 a 2013 por coincidir habitualmente con el horario protegido infantil. Aquel curso, la dirección de TVE decidió retomar esas emisiones que cuestan algo más de un millón de euros al año.
Parar las ayudas de la UE
Oberhuber también apunta a la capacidad que tiene el Gobierno como gestor de las ayudas económicas que llegan desde Europa por la Política Agraria Común u otros fondos. “A nivel europeo ya se ha afirmado varias veces que ese dinero no vaya para la lidia”, recuerda. Sin ir más lejos, el 30 de mayo pasado el Pleno del Parlamento Europeo aprobó las prioridades que, a juicio de la Cámara, deben regir la siguiente Política Agraria Común (que se discute el próximo lunes en el estreno del nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas). Entre los criterios que votaron los diputados se apunta: “Ningún subsidio a explotaciones que se dediquen a la cría de toros destinados a la tauromaquia”.
Los diputados impulsores de esta medida calculan que alrededor de 130 millones de euros terminan en explotaciones ganaderas que aportan reses para la tauromaquia. La Unión de Criadores de Toros de Lidia defiende que no se puede discriminar a los ganaderos por el tipo de animales que crían ya que su actividad es legal. Esta patronal calcula que en España existen “más de 1.000 ganaderías de lidia, que cuentan con un censo superior a los 200.000 animales” y ocupan 540.000 hectáreas de dehesas. También aseguran que su actividad es un factor crucial para la conservación de este hábitat considerado prioritario por la normativa ambiental europea.
En septiembre pasado, el entonces secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, presentaba la segunda edición del Congreso Mundial de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural que estaba previsto celebrarse en Murcia durante 2018. Este foro ha estado promovido por el Gobierno. En su primera edición, en 2015 en Albacete, se concluyó que España debía impulsar la candidatura de la tauromaquia como Patimonio Inmaterial de la Humanidad. Aquel primer congreso estuvo sostenido por el Ministerio de Cultura y por el Ejecutivo regional presidido por María Dolores de Cospedal (PP). También estaba implicado el subsecretario Benzo. El mismo que le comunicó al Gobierno de las Islas Baleares que las corridas sin muerte de animales no eran tauromaquia.