A pesar de haberlo anunciado no lo había hecho. Cuando el Parlamento de las Islas Baleares aprobó su ley de tauromaquia “y protección de los animales” el pasado 24 de julio, el Gobierno apenas tardó 24 horas en asegurar que la paralizaría mediante un recurso al Tribunal Constitucional. Al borde de expirar el plazo legal para presentar ese recurso, el Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado acudir al TC. Si los magistrados lo admiten a trámite, le norma queda paralizada.
Solo quedaba un día para acudir a este mecanismo. La ley se publicó finalmente el 11 de agosto y el Ejecutivo tenía tres meses para oponerse. El secretario general de Cultura, Fernando Benzo, se lo dijo de palabra a la consejera balear Fanny Tur: no les gustaba la modalidad de corrida que la comunidad autónoma quería impulsar: diez minutos de faena, sin muerte ni daños a las reses. Una fórmula a la portuguesa. “Es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural”, dijeron
Y el tiempo corrió. De hecho, la tradición taurina en las Islas Baleares es escasa, según los datos que maneja el Ministerio de Cultura. En 2016 se celebraron dos corridas de toros y otros cinco festejos de diferente naturaleza con reses bravas. Esa es la dimensión del ataque al patrimonio cultural. Sin embargo, el Gobierno, según ha contado este viernes el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, recurre porque, entiende, las autonomías no son competentes para legislar.
Hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo del asunto, la actividad taurina al uso podrá seguir en las Islas Baleares. En el célebre caso de la prohibición de las corridas en Cataluña, los magistrados demoraron la decisión seis años: desde 2010 a 2016.