El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la inclusión del lobo como especie protegida en toda España, lo que impedirá su caza en todo el territorio y no solo al sur del Duero, como hasta ahora. El Ministerio para la Transición Ecológica se había comprometido a incluir el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial antes del 25 de septiembre.
La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural votó a favor de prohibir la caza del lobo, a pesar de la negativa de Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León. El consejero de Fomento de esta última, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha liderado el rechazo a la iniciativa del Gobierno, que “atenta” contra los “intereses” de los ganaderos y anunció hace meses que daría la “batalla”. La Xunta de Galicia afirmaba en febrero que sus servicios jurídicos también analizarían la decisión del Gobierno.
Las medidas adoptadas por las comunidades se mantendrán, siempre que se ajusten a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Estrategia de conservación y gestión del lobo. Las comunidades deberán informar al Ministerio para la Transición Ecológica sobre las autorizaciones concedidas para cazar al lobo.
Se podrán aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares con una autorización administrativa si no hay “otra solución satisfactoria”. Es decir, cuando se haya demostrado que se han aplicado “adecuadamente” otras medidas “preventivas o de protección del ganado”, y estas hayan resultado “ineficaces”.
Deberá justificarse “con el mejor conocimiento disponible” que la caza del lobo no afecta “negativamente” al estado de conservación “favorable” de la especie. También debe justificarse la existencia de “perjuicios importantes” para el ganado, con posibles daños “recurrentes o significativos”.
La caza deberá ser “selectiva”, realizarse en un tiempo “lo más próximo posible al perjuicio” y lo más cercano a las explotaciones afectadas. También deberá realizarse un seguimiento del caso, para ver si la caza del lobo en cuestión ha sido efectiva o no.
En febrero de 2020, los expertos que revisaron la situación del lobo ibérico consideraron que, si bien no cumplía con los requisitos para calificarse como “vulnerable”, sí era adecuado igualar su estatus legal en todo el territorio y que la especie estuviera entre las protegidas sin divisiones al norte y sur del río Duero como hasta ahora.
La Estrategia de conservación y gestión del lobo en España será aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -las comunidades y el Gobierno- antes del 31 de diciembre.
Esta nueva catalogación parte de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), obtuvo el respaldo de un comité científico del Ministerio de Medio Ambiente. “Es un logro porque supone el fin de la caza y de sus controles de población”, valora Ignacio Martínez Fernández, miembro de la Junta Directiva de ASCEL, quien ve “positivo” que la norma permita “matar por excepción y no por norma”.
Martínez Fernández se muestra convencido de que ASCEL seguirá “peleando” esas excepciones y mantendrá su pugna por que el lobo sea catalogado como especie vulnerable, para que su protección sea “activa y vigilante”. “En Asturias se dictaminaba que este año se iban a matar 32 por controles, independientemente de que hubieran hecho daños o no. Hemos conseguido descabalgar los planes y programas de las comunidades, que era nuestro caballo de batalla principal”, asevera Martínez Fernández.