El borrador de Ley de Memoria no convence a las asociaciones ni a parte de las izquierdas: “Suspende en primero de antifascismo”

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone un avance respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en eso hay consenso. En cambio, también se queda corta, al menos para los grupos memorialistas y parte de la izquierda, si se equipara con el estándar internacional en materia de derechos humanos. Los pasos que camina la democracia española para reparar las llagas de 40 años de dictadura, impresas en la piel de varias generaciones, no satisfacen todavía a estos colectivos.

En este enfoque de derechos son cinco las medidas que deben adoptarse tras un conflicto del calibre de una dictadura: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Tanto el movimiento memorialista como algunas fuerzas políticas de la izquierda ponen en cuestión que, en materia de justicia ni en reparación, la ley cumpla con los estándares esperados. A la versión de la ley que llega al Consejo de Ministros se le augura “un trámite parlamentario duro”, avanza Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos –cuya formación forma parte del Gobierno al cargo de la iniciativa–. Unidas Podemos apuesta por mejorar la ley vía enmiendas y no contemplan “otro escenario que no sea el de llegar a un acuerdo con el PSOE y con el resto de grupos parlamentarios”, añade Gracia. “Por el momento nos parece que es una ley cosmética, un brindis al sol y eso es una mala noticia”, puntualiza Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso.

Para ambos grupos de la izquierda, el objetivo será “pelear” por introducir las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas y equiparar la ley a las herramientras de otros procesos de reparación, “en la línea con la exigencia de verdad, justicia y reparación del Derecho Internacional y del relator Pablo De Greiff”, indica Paco Gracia. El enviado de la ONU recordó que los efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el problema no es tanto la ley sino la interpretación restrictiva que se hace de ella.

¿Una verdadera tutela judicial?

Las novedades del anteproyecto de ley al respecto de los procesos judiciales son la creación de un fiscal de sala específico, la garantía de la investigación de las violaciones de derechos humanos y las inscripciones en el Registro Civil de las personas desaparecidas. Dice el borrador de ley que garantizará la tutela judicial sobre los hechos que afectan a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo pero, para las más de 50 asociaciones memorialistas y otras 75 entidades —agrupadas en la plataforma Encuentro por la Memoria—, no se permitirá el acceso a la tutela judicial efectiva hasta que no se deroguen dos puntos de la Ley de Amnistía de 1977 (los apartados e y f del artículo 2) que impiden investigar penalmente los crímenes del franquismo. Este será el principal caballo de batalla del grupo parlamentario de Unidas Podemos, partido de Gobierno, durante la tramitación parlamentaria. Este es también un punto imprescindible para otro de sus apoyos parlamentarios, ERC, que votará que no a la ley tal y como está redactada en este último borrador. Para Gabriel Rufián, “falta el reconocimiento de que el régimen y las sentencias fueron ilegales y que esto comporta una anulación efectiva de lo que dictaminaron sus tribunales”, así como la necesaria derogación de la Ley de Aministía que “equipara a asesinos franquistas con víctimas republicanas”.

La ley considera “ilegítimos” los órganos judiciales constituidos para imponer sentencias políticas durante la Guerra Civil, los que depuraron responsabilidades políticas entre 1934 y la sublevación militar y los Consejos de Guerra. También los tribunales que reprimieron la masonería y el comunismo entre 1940 y 1963, y el de Orden Público que funcionó desde ese año hasta el 77 para represaliar delitos políticos. Al respecto de la dictadura, se consideran nulas las condenas y sanciones contra quienes defendieron la República o lucharon en el antifranquismo. Pero se trata de una herramienta de reparación simbólica que no conlleva ningún tipo de indemnización.

Esto es diferente a lo que pide ERC: la “ilegalidad” más allá de la “ilegitimidad” y que todas las sentencias de los tribunales franquistas sean nulas de plano, ya que se está depositando la iniciativa en las víctimas y sus familiares para que estas emprendan un proceso judicial administrativo.

El anteproyecto no considera a los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, tal y como los entendía el exjuez Baltasar Garzón en su auto de 2008. Eso hubiera asegurado su imprescriptibilidad y eludiría, sin tener que derogarla, la Ley de Amnistía. En ese mismo sentido, las asociaciones memorialistas piden que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Naciones Unidas de 1968. 

Qué es una víctima del franquismo

La ley dedica un amplio artículo a la definición de víctima del Golpe de Estado de 1936, de la posterior Guerra Civil y de la dictadura. Lo hace tanto de manera amplia como entrando al detalle de los diferentes daños que pueden haber sufrido estas personas, que van desde la muerte o desaparición, al encarcelamiento, la deportación, los trabajos forzados, la represión, la incautación, la depuración y otras muchas violencias, incluida la participación en las guerrillas antifranquistas o la masonería.

Sin embargo, para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “sigue habiendo víctimas de primera y de segunda”. A Silva, esta ley le parece que “de antifascismo tiene poco” puesto que es “una ley sin fascistas”, donde “se habla mucho de las víctimas y nada de los verdugos”.

En su declaración de 1985, la ONU hizo una definición de víctima de delito y abuso de poder que debería aplicarse sin distinción alguna. En esa descripción internacional y en el Estatuto de la Víctima se considera tal también a los familiares inmediatos de las directas, pero no así en la Ley de Memoria Democrática. De igual manera, no se habla de resarcimiento, de indemnización por parte del Estado, ni de asistencia, como indica Naciones Unidas. Entre 1979 y 2005, se destinaron 5,1 millones de euros a indemnizaciones, prestaciones y pensiones, en especial entre los años 1980 y 82. Se dio cobertura a 4.700 beneficiarios en forma de pensiones y prestaciones por mutilaciones. Pero no ha habido una compensación económica para las familias de los asesinados por los sublevados.

Para Unidas Podemos, hay más víctimas que han quedado sin reparación y para las que se pide indemnización, como las personas obligadas a trabajar de manera forzosa. Cuando en 1990 se reconoció el pago de indemnizaciones a quienes habían sufrido privación de libertad durante más de tres años, no se incluyó a los que integraron los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores porque se consideró que no habían sido privados de libertad en sentido estricto. El Informe Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, que se encargó en el año 2006, ya señalaba que se trataba de una “exclusión difícilmente justificable”. Estaríamos hablando de supervivientes que hoy tendrían más de 90 años de edad.

Para Esquerra, las ayudas de los años 80 eran “asistenciales” y “carentes de un componente político”, señala Rufián. “No nos vale. Las víctimas tienen que ser reconocidas políticamente y sus familiares tienes que ser reparados económicamente, como ha ocurrido en otros países de Europa”, añade.

Una forma de reparación a los brigadistas internacionales es la concesión de la nacionalidad española, como propone el anteproyecto de ley. Pero este reconocimiento llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo. El último superviviente de las Brigadas del que se tiene constancia fue Josep Eduard Almudéver, que falleció el pasado mes de mayo a los 101 años. Por ello, Unidas Podemos propone que sea a sus descendientes directos que se hayan destacado especialmente por una defensa de los derechos democráticos a los que se les conceda la nacionalidad.

En la ley se fija el 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas, por ser el día de la aprobación en las Cortes de la Constitución Española. “Ese día no tiene nada que ver con el fascismo”, explica Emilio Silva. “Fue un día en el que solo se habló de reconciliación pero nada se dijo sobre las víctimas. ¿Qué van a celebrar las víctimas ese día? Lo único que quiere el PSOE que se celebre: la transición”, añade, recalcando que le parece una ley “partidista”, “blandita con el fascismo”, que “trata de no molestar” y que “no se sale del marco de la impunidad”. “Es un regalo para los verdugos”, concluye el presidente de la ARMH.

Cómo abordar las fundaciones franquistas

El otro gran tema en cuestión en las semanas previas ha sido el abordaje que hacía la ley de las fundaciones franquistas. El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa de extinción de una fundación, ya que es contrario al interés general. No obstante, un controvertido informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconsejaba que se incluyera en la apología la humillación de las víctimas; en caso contrario, la actividad de estas fundaciones entraría dentro de la libertad ideológica, que está protegida en la Constitución. El Gobierno lo ha aceptado y ha corregido el proyecto de ley, añadiendo el requisito adicional de menosprecio a las víctimas. Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos, considera que “la propia apología del franquismo es per se una humillación a las víctimas”, por lo que no habría que haber aceptado las objeciones del Poder Judicial. Para Gabriel Rufián, entender que el franquismo conlleva menosprecio y humillación a las víctimas o incitación al odio es “de primero de antifascismo”.

Según el Grupo de Memoria Histórica de la Eurocámara, aceptar el informe del CGPJ podría contravenir la Decisión Marco de 2008 que obliga a los Estados a tipificar como delito la apología, banalización o negación de los crímenes de lesa humanidad y la resolución del Parlamento Europeo de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa que pide a los Estados miembros que adopten medidas suplementarias para prevenir, condenar y combatir la incitación al odio.

El Gobierno ha preferido la vía de extinguir las fundaciones franquistas a partir de la Ley de Memoria Democrática, incorporando la incitación al odio y el menosprecio a las víctimas, en lugar de otras opciones posibles como la modificación del Código Penal, de la Ley de Fundaciones o incluso apretando las tuercas del mecanismo de funcionamiento del Protectorado de Fundaciones, encargado de velar porque esta se atentan a sus fines por el bien del interés general. Será el Protectorado el encargado de instar judicialmente a la extinción de la fundación Francisco Franco o cualquiera otra que estime oportuno.

Hasta cuándo se extienden los tentáculos de la dictadura

El anteproyecto enmarca el periodo de persecución y violencia entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la promulgación de la Constitución Española de 1978. Las asociaciones piden que se extienda hasta 1983, pues en esos años “hubo más de 300 víctimas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha”. Y, en el caso de las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, piden que se prolongue hasta 1999, año en el que deja de tener reconocimiento legal en España el parto anónimo o secreto. No obstante, al estar ya en tramitación —aunque lenta— parlamentaria una ley específica sobre los bebés robados, no parece que sean objeto de esta ley.

Todo lo que no se sabe

Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno tendrá un año para modificar otra muy controvertida, la Ley de Secretos Oficiales, una norma de 1968 destinada a proteger las alcantarillas del franquismo. Los investigadores han reclamado la Es necesario abrir la apertura de esos ficheros para poder estudiar ese periodo. Con la ley quedará autorizado el acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa anteriores a 1968 siempre que no quede “comprometida la seguridad o la defensa del Estado”, lo cual puede ser una puerta a las arbitrariedades. Este es un cabo suelto que Unidas Podemos va a solicitar sea eliminado.

La Ley de Secretos Oficiales, que será modificada o se creará una nueva previsiblemente en esta legislatura, no es la única que impide esclarecer hechos de la represión franquista. La Ley de Protección de Datos es a menudo la objeción para consultar algunos archivos, como el Regional de Madrid, como le ocurrió al presidente de la ARMH cuando quiso consultar los efectos de los bombardeos sobre Madrid mediante los expedientes de los hospitales.

La Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública propuso que la ley incluyera la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática para conocer todos los archivos públicos o privados potenciales suministradores de evidencias sobre violaciones de derechos humanos. La ley, en cambio, lo que plantea es adquirir todos los documentos posibles e incorporarlos al archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), en Salamanca, con un presupuesto anual. Para los archiveros, la unificación física de todos estos documentos en el CDMH “está condenada al fracaso”, así como el “acumular fondos, originales o copias, a través de la compra de archivos”, por lo que proponen que su Censo sea un sistema de acceso unificado vía internet a todos los fondos. Esquerra reclama, en este mismo sentido, que centralizarlo todo en Salamanca no es la mejor idea y que los archivos municipales están llenos de información importante. “Hay que tener en cuenta que hay una relación entre la reparación económica y el contenido de ciertos archivos”, por lo que es necesario abrirlos, indica Rufián.

Además de los públicos, hay otros dos tipos de archivos que preocupan: los privados y los de las Presidencias del Gobierno. Hay que señalar que algunas de las fundaciones franquistas que están en la mirilla de esta ley, son poseedoras además de archivos de difícil acceso: la Fundación Francisco Franco que custodia el archivo personal del dictador, del que no envió 133 documentos cuando se le solicitó una copia; el archivo del periódico El Alcázar en la Fundación José Antonio Primo de Rivera o todo el archivo del General Yagüe en la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez Del Campo. La nueva ley de memoria declarará que todos documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra y la Dictadura se conviertan en Patrimonio Documental y Bibliográfico, lo cual permitiría una expropiación forzosa si los que los poseen no los conservan adecuadamente. Además, tendrán que ser apuntados dentro del censo que mantiene el Ministerio de Cultura.

Por último, la ley regula los archivos presidenciales posteriores a 1978, lo cual “no tiene sentido alguno” en esta ley, según la Asociación de Archiveros Españoles. El anteproyecto propone la creación de una Fundación del Sector Público para mantener, preservar y cuidar los archivos que genera cada Presidente, como es el caso del que posee la Fundación Felipe González. Los archiveros se oponen a ello porque “vendría a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentación producida como consecuencia del ejercicio de su función presidencial”, lo cual incumple la Ley del Patrimonio Histórico Español. Lo que se pide, por tanto y “con urgencia”, es una Ley General de Archivos, que no existe en España.