El fondo buitre al que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella vendió más de 1.800 viviendas sociales de la capital ha dado un mes de plazo a través de su sociedad gestora Fidere a siete familias para que dejen los pisos en los que llevan viviendo una década. Todas recibieron a mediados de octubre un burofax que les informaba de que su contrato no se renovaba porque la empresa quiere acometer “obras significativas” en las viviendas.
Las siete familias afectadas fueron adjudicatarias de los pisos, ubicados en la calle Huertas y Lope de Vega de la capital, cuando todavía eran de la Empresa Pública de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, cuando eran viviendas sociales. Este mes tenían pendiente la renovación de los contratos, como sí ha pasado casi de forma automática con los inquilinos de otras promociones compradas por el fondo. Esta en concreto se compone de 11 casas, todas de 50 metros cuadrados salvo una que tiene el doble.
Las viviendas, aseguran los vecinos, “no tienen ningún problema” y están en buenas condiciones de habitabilidad. “Es una casualidad que solo se necesite hacer obras en las viviendas donde vivimos personas a las que nos cumple el contrato. Además, no nos han explicado qué tipo de obras ni por qué tenemos que dejar las casas. No ha habido ninguna comunicación más allá del burofax, que nos deja un nulo margen de maniobra”, explica Laura, una de las afectadas.
No es la primera vez que Fidere actúa de este modo. Aranxta Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta, y su familia están viviendo sin contrato en su casa desde principios de octubre porque la empresa no quiere hacerles uno nuevo tras finalizar el que mantenían con la EMVS. A ellos ni siquiera les dieron una justificación para no renovar y no aceptan sus recibos. La familia se ha querellado contra Fidere por “discriminación y ”coacción“. Esta acción judicial se suma a la petición de reapertura de las querellas del PSOE y de la asociación que preside la misma Mejías.
Cinco de las siete familias que han recibido el burofax también pertenecen al colectivo de afectados por la venta. Laura vive con su pareja y sus dos hijos –de dos años y 20 días– en ese piso desde hace 10 años durante los que, asegura, ha pagado “religiosamente” todos los recibos. Abonaba al mes 413 euros en concepto de alquiler y tiene siete días para pensar en una alternativa.
“Nos ha pillado de sorpresa total. No nos han llamado, solo el burofax, donde no se concreta qué obras quieren hacer y por qué tenemos que irnos. Al resto de promociones, salvo a Arantxa, les han renovado los contratos con subidas, pero pueden seguir allí. No sabemos el porqué de este trato diferencial. Es un disgusto enorme y no tenemos margen de movimiento”, dice Laura en conversación con eldiario.es. Uno de sus vecinos, en la misma situación, ha intentado ponerse sin éxito en contacto telefónico con Fidere, según la inquilina.
El abogado que lleva el caso de la familia Mejías está estudiando, según los afectados, qué puede hacerse en este caso. “Está mirando qué acciones se pueden tomar para que no tengamos que desalojar”, explica la afectada, sin dar más detalles.
En el bloque vendido a Fidere hay otras cuatro familias más: a todas ellas les finaliza el contrato en 2018, pero solo una lo firmó con la EMVS. El resto entró a vivir una vez que se había producido la venta.
Este jueves se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar la venta de estos pisos, según Cadena Ser. “Se puede concluir por tanto que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”, dice el organismo en una notificación fechada el 19 de octubre.