Bruselas deja en el 90% el recorte de emisiones para 2040 pese a plantearse un objetivo más ambicioso
2030 es la primera fecha marcada en rojo para la mejora de las condiciones ambientales que permitan combatir la emergencia climática. A falta de seis años, la Comisión Europea ha establecido el marco para la siguiente década. Se trata de un segundo objetivo en la reducción de emisiones con la vista puesta en lograr la neutralidad climática a mitad de siglo. El primer fue bajar un 55% en 2030 respecto a 1990 y ahora se ha establecido el 90% en 2040.
“Para situar a la UE en una senda firme hacia la neutralidad climática, la presente Comunicación presenta una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90% respecto a los niveles de 1990 como objetivo recomendado para 2040. Para conseguir una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 90%, el análisis de la evaluación de impacto muestra que el nivel de emisiones restantes de la UE en 2040 debería ser inferior a 850 MtCO2 (millones de toneladas de carbono) y las absorciones de carbono (de la atmósfera a través de las absorciones de carbono terrestre e industriales) deberían alcanzar hasta 400 MtCO2”, señala el texto aprobado este martes por el gobierno comunitario.
El denominado 'objetivo 2040' se encuentra en la parte baja de la horquilla recomendada por el Comité Científico Asesor de la UE, que pidió a los 27 una reducción de entre el 90 y el 95%. “Defendermos un objetivo mínimo de al menos el 90% de reducción para 2040”, afirmó el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en su audiencia ante el Parlamento Europeo tras ser nominado en sustitución de Frans Timmermans, el impulsor del Pacto Verde Europeo durante esta legislatura. En los borradores que se han filtrado en los últimos días también figuraba la expresión “al menos” en cuanto al objetivo del 90%. Pero en el texto adoptado por el Colegio de Comisarios ha desaparecido.
La posibilidad de que Bruselas rebajara la ambición era un temor en los proegómenos de la aprobación del texto para las organizaciones ecologistas, pero también para algunos países. Varios gobiernos, entre ellos el de España, Francia y Alemania, enviaron una carta en la reclamaban a Bruselas “ambición” a la hora de establecer ese objetivo.
La comunicación es el punto de partida sobre el que tendrá que pivotar la estrategia de la UE en el próximo mandato, al igual que esta legislatura ha sido la del 'Fit for 55', un amplio legislativo con el que los 27 han puesto en marcha políticas medioambientales encaminadas a lograr el primer objetivo intermedio de reducción de emisiones al 55% en 2030.
La política medioambiental se ha convertido en la diana de las protestas de los agricultores que están recorriendo todo el continente y la comunicación llega en el momento más delicado, cuando el sector primario reclama una moratoria en la aplicación de todo el paquete legislativo porque se considera “asfixiado” por las medidas que debe implementar. De hecho, del documento final ha desaparecido la alusión a la necesidad de que el sector agrícola reduzca un 30% sus emisiones.
“Sería posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero distintos del CO2 en el sector agrícola al menos un 30% en 2040 con respecto a 2015, contribuyendo así al objetivo climático de 2040”, recogía uno de los borradores. Esa alusión no está recogida en la comunicación aprobada este martes, aunque sí hay una referencia genérica al “margen para reducir más rápidamente las emisiones del sector y aumentar la absorción de carbono en la tierra, los suelos y los bosques”. El texto también recoge directrices para la captura de carbono para avanzar hacia la neutralidad climática. Se trata de una solución que no convence a los expertos al no existir evidencias sobre su contribución.
Las propuestas de la Comisión Europea llegan apenas unos días después de que los agricultores llevaran sus protestas a la capital comunitaria y el mismo día en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya dado un paso atrás al retirar la legislación con la que la UE aspiraba a reducir un 50% el uso de pesticidas químicos.
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