La Comisión Europea trata directamente con los Estados miembros, no con los Ayuntamientos. Pero tiene acceso inmediato a los niveles de contaminación de las ciudades. Y el estado alcanzado por Madrid –ciudad que más preocupa, aunque algo también Barcelona– desde que entró en vigor la moratoria de Madrid Central decretada por el nuevo Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida –alcalde del PP sustentado por Cs y Vox–, ha hecho reaccionar rápidamente a Bruselas. En la Comisión Europea se tenía en cuarentena el procedimiento abierto contra España por contaminación por medidas como, entre otras, Madrid Central.
Hasta tal punto llega la preocupación en la Comisión Europea, que el último colegio de comisarios antes de las vacaciones, el del día 24 de julio, tiene encima de la mesa decidir si lleva a España a los tribunales, al Tribunal de Justicia de la UE, decisión que anunciaría el jueves 25 –los jueves suelen anunciarse las infracciones–.
Bruselas abrió expediente a España en junio de 2015 por el exceso de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. En febrero de 2017 lanzaron un ultimátum antes de llevar el caso a la justicia por el “incumplimiento constante”. Pero las cosas de la Unión Europea van despacio y, en enero de 2018, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, todavía mantenía advertencias: “A la vista del fracaso prolongado”. Exigía medidas “suficientes para alcanzar los objetivos sin ningún retraso”.
Había nueve Estados implicados a finales del año pasado, de los 20 apercibidos inicialmente: Alemania, República Checa, Francia, Italia, Hungría Rumanía, Eslovaquia, Reino Unido y España. En diciembre del año pasado, hace siete meses, España esquivó el expediente.
La Comisión entendió que los planes presentados por el Gobierno, entre los que estaba el paquete de medidas de la ciudad de Madrid que incluía Madrid Central, podrían servir. Las actuaciones “en fase de preparación, podrían abordar adecuadamente las carencias” si se aplicaban “correctamente y en los plazos anunciados”, justificó el Ejecutivo comunitario.
Y ante los tribunales están, finalmente, fueron llevados cuatro: Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.
Pero esta misma semana, la Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España para que tome más medidas que atajen los incumplimientos en cuanto al exceso de contaminación del aire cuyos peores niveles se centran en Madrid y Barcelona. La misiva del comisario Karmenu Vella ha recordado que las administraciones deben poner en marcha “medidas adicionales a las existentes”, según ha contado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha recibido el escrito.
“Me gustaría llamarle la atención sobre la grave situación de la contaminación en España”, arranca la misiva fechada el 9 de julio. El comisario de Medio Ambiente indica que los informes muestran que “continúa el exceso en los niveles de dióxido de nitrógeno que vulnera los valores de la directiva sobre Calidad del Aire”. Y añade que “las medidas tomadas y anunciadas no han sido suficientes para solventar esas vulneraciones”.
La minsitra en funciones ha comentado este jueves que “no me cabe la menor duda de que Madrid Central va a avanzar y no retroceder. La CE nos lo recuerda. La OMS nos lo recuerda. Lo que es más importante, los ciudadanos nos lo recuerdan. No hay ningún responsable a ningún nivel que pueda mirar para otro lado cuando de lo que se trata es de salud pública, y prestación de servicios de calidad”.
Entre ese diciembre de 2018 y julio de 2019, llegaron algunas de las medidas anunciadas como la activación de la fase con multas para infractores de Madrid Central. Barcelona ha ido diseñando su plan de restricciones al tráfico con criterios ambientales que todavía está sin poner en marcha.
La preocupación de la Comisión Europea es doble, en tanto que el dictamen que se ha mandado a España es sobre NO2 y también otro sobre PM10.
El procedimiento formal de sanción es el siguiente:
Primero, la Comisión envía una carta de notificación formal solicitando información adicional al país en cuestión, que debe enviar una respuesta detallada en un plazo de 2 meses.
Si la Comisión concluye que el país no cumple con sus obligaciones conforme a la legislación de la UE, puede enviar un dictamen motivado: una solicitud formal para cumplir con la legislación de la UE. Explica por qué la Comisión considera que el país está infringiendo la legislación de la UE. También solicita que el país informe a la Comisión de las medidas tomadas, dentro de un período específico, generalmente 2 meses. Este es el punto en el que se encuentra el contencioso ahora mismo entre la Comisión Europea y España por la contaminación.
Si el país aún no cumple, la Comisión puede decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, lo cual puede pasar el 25 de julio si el Ayuntamiento de Madrid no toma medidas.
Si un país de la UE no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de una directiva, la Comisión puede solicitar al tribunal que imponga sanciones.
Si el tribunal determina que un país ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales deben tomar medidas para cumplir con la sentencia del Tribunal, que incluye las preceptivas sanciones.