“Una llamada a la acción a todos los niveles”. Así ha presentado el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Maroš ŠefÄoviÄ, la comunicación que ha aprobado la Comisión Europea este martes, con la que pretende marcar la hoja de ruta de la UE para combatir los riesgos climáticos para los que, a juicio de los científicos europeos, no está preparada. La pretensión del gobierno comunitario es que los estados miembros y también el sector privado dirijan todos sus esfuerzos a mitigar el impacto de consecuencias de la emergencia climática como las sequías, las temperaturas extremas, las inundaciones o los incendios que, según los “cálculos más conservadores”, supondrán una merma de hasta el 7% del PIB europeo en este siglo.
“Si el calentamiento global supera de forma más permanente el umbral de 1,5 grados del Acuerdo de París, la reducción acumulativa adicional del PIB podría ascender a 2,4 billones de euros en el periodo comprendido entre 2031 y 2050”, señala la Comisión Europea en su comunicación.
Bruselas emplaza a la necesidad de coordinar todos los esfuerzos y repartir la responsabilidad no sólo a nivel europeo o que recaiga sobre el sector público sino que el sector privado también se implique en la mitigación del impacto de los riesgos climáticos. “Para gestionar eficazmente los riesgos climáticos, el gasto público a escala nacional y de la UE, incluidas las inversiones sociales y los incentivos a la inversión privada, deben diseñarse de forma que la prevención de las perturbaciones y los daños relacionados con el clima sea la mejor opción desde el punto de vista económico”, señala el texto que ha aprobado el Colegio de Comisarios, que no tiene rango legislativo.
“La Comisión integrará las consideraciones de adaptación al clima en la ejecución de los programas y actividades de la UE como parte del principio de ”no causar daños significativos“ establecido en el Tratado de Amsterdam”, recoge el documento, que compromete al gobierno comunitario que salga tras las elecciones europeas a tener en cuenta esa premisa en la elaboración del próximo Marco Financiero Plurianual, que será el presupuesto de la UE a partir de 2027. La intención es que “todos programas pertinentes de la UE contribuyan a la resiliencia climática”.
Bruselas pone, no obstante, un foco en la contratación pública, que representa el 14% del PIB europeo. Así, apunta a la necesidad de que los riesgos climáticos sean un “elemento” a tener en cuenta en la “revisión del marco regulador” y pide a los estados miembros que los tengan en cuenta “a la hora de incluir criterios de sostenibilidad medioambiental en las licitaciones”.
“Conflictos” en la UE por el agua
La alerta de la Comisión Europea llega apenas 24 horas después -y es, de hecho, la respuesta- al catastrófico informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente que advertía de que la UE no está preparada para los efectos de la emergencia climática. “Las políticas y las medidas de adaptación adoptadas Europa no marchan al compás de los riesgos, que van en rápido aumento. Las evaluaciones nacionales de los riesgos climáticos se utilizan cada vez más para articular el desarrollo de las políticas de adaptación. Sin embargo, la preparación de las sociedades resulta insuficiente, ya que la aplicación de las políticas va a la zaga del rápido aumento de los niveles de riesgo”, recoge esa agencia.
Bruselas dedica un apartado específico a la gestión del agua y avisa de que habrá problemas geopolíticos en el seno de la UE por el “estrés hídrico”. Así, contempla “una mayor competencia por los recursos hídricos entre sectores y usos, incluido el riesgo potencial de conflictos dentro y entre los Estados miembros sobre recursos hídricos transfronterizos”.
“El agua debe ser gestionada, y la demanda humana debe ajustarse a la nueva y más escasa oferta”, señala el gobierno comunitario, que alerta del “creciente riesgo de megasequías en el continente”. Y todo ello lo trufa con las implicaciones económicas de las catástrofes naturales. En el caso de las sequías, estima que cuestan a la UE 9.000 millones de euros anuales y, en el caso de las inundaciones, la cifra asciende a 170.000 millones de euros desde 1980.
Otra de las advertencias que deja por escrito la Comisión Europea tiene que ver con la seguridad alimentaria: “El suministro de alimentos en la UE está cada vez más expuesto a los riesgos climáticos, desde la producción agrícola, especialmente en el sur de Europa, la pesca y la acuicultura, hasta el procesamiento de alimentos y las cadenas de suministro internacionales”.
El llamamiento se produce justo cuando la UE está echando el freno a la agenda verde ante la presión de los agricultores movilizados en todo el continente. No obstante, ŠefÄoviÄ ha restado importancia a los pasos atrás que se han dado en materias como la ley de restauración de la naturaleza o la retirada de la legislación para reducir los pesticidas químicos y ha asegurado que el Pacto Verde Europeo ha sido una “completao y compleja” legislación que ahora tiene que verse implementado.