Treinta días. Ese es el plazo que han tenido las empresas de ocio y tiempo libre para adaptar los campamentos de verano a la “nueva normalidad” desde que Sanidad decidió incluirlos en el plan de desescalada de la fase 3 hasta el momento de abrir sus puertas: la mayoría comienza el 1 de julio.
¿Foco de contagio incontrolable o única opción para conciliar este verano? Los campamentos han despertado un intenso debate durante las últimas semanas, pero las compañías organizadoras creen que hay una certeza fuera de discusión: no han tenido suficiente margen para organizarse. Muchas se han visto obligadas a despedirse, en el mejor de los casos, hasta el año que viene. Según los datos del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, el 40% van a dar este año por perdido, mientras que el 60% están abocadas al cierre definitivo.
“Estamos a 15 días de abrir la temporada y nos han dicho que cada entidad debe hacer su propio protocolo, algo que nos parece inaudito y desconcertante porque no somos técnicos en sanidad”, se queja el portavoz de este gremio, José Manuel Fernández.
El Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de la Juventud (Injuve), ha establecido una base común sobre la que Comunidades Autónomas y empresas de ocio deben diseñar sus normativas dependiendo de la situación epidemiológica de cada territorio. Este documento, por lo tanto, abunda en recomendaciones pero no en normas concretas, algo que critica el colectivo por dar lugar a “17 modelos de campamentos distintos ante la crisis de la COVID-19”.
En general, los campamentos se pueden realizar con un aforo al 50% del habitual y sin sobrepasar nunca los 200 participantes al aire libre y los 80 en espacios cerrados, incluyendo monitores. Pero, por ejemplo, el uso de las mascarillas depende de cada protocolo, aunque el Ministerio recomienda ponérselas a todos los niños mayores de seis años y a adultos, cosa que muchos monitores dan por imposible.
A Soraya, la empresa donde va a realizar las prácticas de monitora le avisó de que finalmente trabajaría dos semanas en un campamento en la Sierra de Guadarrama, en Madrid. “Nos dijeron que le diésemos un par de vueltas a las actividades para evitar que haya un contacto muy prolongado entre los niños, lo que va a estar complicado”, explica la joven estudiante. Son 12 monitores, seis titulados y seis en prácticas, para 60 niños de entre seis y nueve años.
“Ha sido una sorpresa que hayan seguido adelante, porque hasta dentro de la misma empresa hay campamentos cancelados”, reconoce. Es más, para no verse obligados a disminuir las plazas han tenido que cambiar de albergue y de zona “por otra en la que se pueda respetar el metro y medio entre las camas y que esté asociada a un centro de salud, lo que es un puntazo por si hay algún niño sintomático”.
El primer diagnóstico correrá a cargo de los monitores, todos de entre 19 y 24 años, pero la decisión última de expulsar al niño la tomarán en Atención Primaria. “En ese caso, los padres tienen 12 horas para recoger a su hijo”, reza el protocolo al que ha tenido acceso eldiario.es. Otras medidas obligatorias son medir la temperatura todas las noches y todas las mañanas a los acampados y extremar el lavado de manos.
Soraya y sus compañeros hicieron un cursillo online sobre aspectos muy genéricos de la COVID-19, pero no es suficiente para templar los ánimos. “Me preocupa que se me descontrolen los niños”, reconoce. “Los campamentos siempre son una comuna de gérmenes: si no cogemos COVID-19 será cualquier otra cosa; eso no me inquieta. Lo malo sería contagiarse y traerlo a casa sin saberlo porque vivo con mi abuelo de 98 años. Creo que la empresa debería pagar las pruebas serológicas justo después”, defiende.
A diez días de ponerse en ruta, muchos campamentos, como el de Soraya, siguen a la espera de ultimar el uso de las instalaciones, piscinas y autocares, pero hay algunos que ni siquiera tienen la certeza de que puedan entrar el próximo 1 de julio a otras comunidades autónomas. Ese es el caso de 1001 aventuras, la empresa que gestiona José Luis Garijo y que cada año desde hace casi veinte realiza su campamento en el Concello de Muiños, en Orense.
“¿Estamos abriendo las fronteras para que alemanes vayan a Mallorca y no me van a dejar ir a Galicia desde Madrid con mis niños?”, se queja este profesor. Si bien nunca ha tenido problemas con el alcalde, y el levantamiento del estado de alarma permite la entrada a todos los territorios españoles, este año están tardando más de la cuenta en dar luz verde por escrito a su campamento. Pero tampoco se plantea cancelarlo: “Yo tengo el protocolo listo, mis medidas de seguridad y si no nos dejan animaré a los padres a denunciar al ayuntamiento y a la Xunta”, adelanta.
En su caso, los niños dispondrán de una mochila con gel y dos mascarillas por día que usarán obligatoriamente tanto dentro como fuera de las instalaciones siempre que la actividad no sea muy intensa. También han reorganizado los comedores, albergues y los turnos de los monitores para estar siempre pendientes de los acampados. A pesar de las medidas, muchos padres se han dado de baja por el camino. De las 200 plazas que suelen ofrecer, este año dejaron 90 y solo 50 han sido ocupadas.
Para los que sigan adelante, será obligatorio que los progenitores o tutores firmen un documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento. Según Sanidad, el formulario deberán implementarlo las organizaciones, pero algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, han redactado un modelo para facilitarle el trabajo a las empresas.
“Han tardado muchísimo en sentar un precedente y la espera ha sido desastrosa; ha llevado al ocaso a muchas empresas”, se lamentan. José Luis piensa que haberles dejado en la estacada es una oportunidad perdida para las regiones rurales que dependen económicamente en verano de estas actividades, como ocurre en Muiños.
Respecto a esto, el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano también se ha pronunciado: “El impacto sobre poblaciones pequeñas de la España Vaciada es inmenso, hay miles de familias que obtienen una importantísima cantidad de sus ingresos de nuestra presencia en los pueblos, así como el comercio local”, indica José Manuel Fernández.
Pero el miedo a un nuevo rebrote no es la única sombra que planea sobre los campamentos y que ha ralentizado su actividad este verano. En ocasiones, como el caso de Esther, madre de un niño de ocho años, se debe tanto al impacto económico de la pandemia como al peligro sanitario. “Desde Infantil hasta el año pasado ha ido a campamentos urbanos y deportivos. La idea de este año era la misma para todo el mes de julio”, explica a eldiario.es.
“Antes de la COVID, habíamos hecho la reserva, pero pronto vimos que la situación iba a afectarnos. Mi marido es autónomo y yo trabajo en el sector editorial... la cosa pintaba mal. Se anuló el campamento y nos devolvieron el importe de la reserva. Después llegó un ERTE y el comprobar que en España ser autónomo es de lo peor que te puede pasar”, relata esta madre.
Hace poco volvieron a sacar el mismo campamento, adaptado y más caro, “pero mi hijo no va a poder disfrutarlo. Habrá que buscar alternativas para que el verano no se le haga eterno después de estar encerrado tantos días”, concluye. Ruth Carrasco, quien fuera directora del Injuve hasta este año, escribió una carta abierta sobre la importancia de los campamentos de verano tras el confinamiento para los menores en situación vulnerable: “Ojalá que la mayoría de los niños y niñas de nuestro país puedan recordar con cariño el verano de 2020. De eso va esta propuesta. De una red que nos ayude a saltar al futuro”.