Las aguas del Canal de Isabel II no sólo surten a los grifos de los hogares madrileños, también lavan las cuentas de 111 Ayuntamientos y de la propia Comunidad de Madrid, todos ellos accionistas de Canal Isabel II Gestión, la sociedad pública y anónima que se creó el 1 de julio de 2012, tras el fallido intento de privatización. Desde entonces, el reparto de dividendos, es decir, de liquidez, ha sido una constante. Aunque encontrar cifras es tarea complicada, los cálculos apuntan a que el Gobierno regional se ha embolsado en estos años más de 260 millones de euros.
El análisis económico realizado por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II indica que, entre julio de 2012 y diciembre de 2013, el Canal ha logrado 368,9 millones de euros en beneficios, de los que 280 millones se han repartido como dividendos. Atendiendo a las notas de prensa de la compañía, la suma de los réditos en el mismo periodo es de 317,8 millones (118,3 del ejercicio 2012 y 159,6 de 2013). Por su parte, la empresa no aclara esta diferencia ni tampoco especifica la cantidad que ha cobrado cada Consistorio.
En cualquier caso, más del 80% del beneficio obtenido por la empresa se reparte entre el accionariado. El dinero beneficia principalmente a la Comunidad, que cuenta con el 82,4% de las acciones. Hechas las cuentas, la región ha ingresado alrededor de 260 millones de euros, correspondiendo el 17,6% restante a los municipios. El propio presidente de Canal Gestión y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, reconoce en el Informe Anual 2013 que esos millones de euros son “una contribución a los Ayuntamientos en momentos muy difíciles para su financiación”.
Estas cifras, porcentajes y declaraciones cobran relevancia ante la próxima emisión de 500 millones de euros en bonos, que probablemente aprobará la Junta de Accionistas del día 3 de diciembre por “necesidades de financiación”. Todo parece indicar que se busca dinero fuera cuando el que genera el propio Canal por su actividad huye para regar actividades ajenas.
Se busca financiación pese a los beneficios
“Esto quiere decir que independientemente de que los accionistas sean en la actualidad públicos se ha detraído un porcentaje muy alto de los beneficios de Canal Gestión para fines ajenos al ciclo integral del agua y a la propia sostenibilidad de la sociedad. ¿Cómo es posible que se estén dando dividendos multimillonarios, cuando por otro lado se busca financiación para la propia sociedad anónima?”, se preguntan tanto la plataforma ciudadana como la marea azul, colectivos que ya han anunciado una manifestación el 30 de noviembre a las 12 de la mañana en la Puerta del Sol, además de una concentración durante la Junta de Accionistas.
Esta opinión también es compartida por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, IU y UPyD). “El Canal no necesita ese dinero, por lo que creemos que se usa la emisión de bonos para tener liquidez vía reparto de dividendos, y así quedan bien con los Ayuntamientos, se oculta el déficit estructural de los mismos y de la Comunidad y se genera liquidez para tapar huecos que en mayo quedarían descubiertos”, explica la diputada de UPyD en la Asamblea madrileña Elvira García.
Desde Izquierda Unida, Carmen Villares también comparte que uno de los objetivos de esta operación financiera está en el reparto de dividendos, pero no tanto a los municipios sino al propio Ejecutivo regional. “Es una liquidez que se puede usar en otros asuntos que no tienen nada que ver con el fin del Canal, que es el ciclo integral del agua. Se detrae todo el mantenimiento de algo vital”, añade Villares.
La utilización del Canal como fuente de liquidez para limpiar las cuentas públicas no es nueva. La deuda actual, que alcanza los 1.168 millones de euros, nació en el año 2006, cuando la Comunidad obligó al Canal a comprar al Ayuntamiento de la capital los derechos de saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas, por los que pagó 1.223 millones. “Se hizo para dar liquidez al consistorio, que pasaba uno de sus peores momentos económicos”, comparte Elvira García.
Sin noticias de los bonos
La emisión de los bonos ocupó más de una hora de debate en la Asamblea regional del pasado jueves, en la que Salvador Victoria compareció a petición de UPyD. La falta de datos ante la operación financiera anunciada preocupaba a los tres grupos de la oposición. Las dudas continuaron después de las intervenciones políticas.
El consejero informó que la cuantía de los bonos será de 500 millones de euros (100 millones menos que lo publicado), pero no aclaró si es la cantidad total o únicamente la de la primera emisión (se han previsto varias); tampoco quiso confirmar ni el tipo de interés ni los plazos. El consejero sólo indicó que esos 500 millones están destinados a “cubrir por completo el vencimiento de préstamos del ejercicio 2015 sin acudir a más créditos bancarios que, sin duda, se otorgan a un tipo de interés superior, más caro, para el Canal de Isabel II. De esta forma se logra una refinanciación de préstamos con un menor coste financiero”.
“El objetivo es cerrar el 2015 con un endeudamiento ligeramente inferior del que se prevé al cierre de este ejercicio, y es que la estimación de la utilización de este nuevo instrumento financiero puede suponer para la empresa unos ahorros de entre 5 y 10 millones de euros anuales”, concluyó Victoria, quien también añadió que no habrá un incremento en el nivel de endeudamiento de la empresa y que los bonos no serán convertibles, es decir, no podrán ser acciones.
Esta última afirmación levanta todas las sospechas. “Siempre hay formas jurídicas que permite convertirlos en acciones”, adelanta Carmen Villares. “¿A quién beneficia esta operación de entrar en el mercado de la deuda, sino a las multinacionales del sector y a los fondos buitre?”, se preguntan los colectivos ciudadanos.
Un sueldo para los políticos en el consejo
En la Junta de Accionistas de la próxima semana también se aprobará el poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, muchos de ellos cercanos al Partido Popular, como denuncian desde Izquierda Unida e identifican desde la Plataforma Contra la Privatización: José Manuel Serra Peris, imputado como consejero de Bankia; José de Cevallos Aguarón, vinculado a la empresa privada Hidroser Servicios Integrales del Agua S.A.; Antonio de Guindos, imputado por el caso Madrid-Arena; y David Pérez, adalid del proyecto Eurovegas y alcalde de Alcorcón, entre otros. Mientras ellos entraban, la representación sindical era expulsada del consejo de dirección. Hasta 2012, los consejeros no tenían retribución económica. A partir de entonces, en 2013, se aprobó el cobro de dietas para Canal de Isabel II Gestión en los casos “en los que no concurre causa de incompatibilidad”.
La Plataforma ha puesto una queja a la Defensora del Pueblo por la falta de información y transparencia de la Comunidad respecto a la gestión del agua. Hasta 65 peticiones de información ha realizado este colectivo ciudadano, obteniendo el silencio por respuesta en todas ellas. En el escrito advierten además de que “pende sobre la sociedad anónima” Canal de Isabel II Gestión un recurso de carácter constitucional, interpuesto el 30 de marzo de 2012 por el PSOE, que, si es admitido por el Tribunal Constitucional, dejaría sin base jurídica el fundamento normativo que posibilitó la creación de la sociedad anónima.