“Soy profesor y me piden cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación”
Tras cuatro años de instrucción, el próximo día 14 de febrero está marcado en el calendario de cuatro docentes –funcionarios en la escuela pública– y un activista de Guadalajara. Tienen una cita en el juzgado para declarar acusados de atentar contra la autoridad y lesionar a varios policías locales cuando irrumpieron, junto a otras decenas de profesores, en el teatro de Guadalajara para protestar contra los recortes en educación de la entonces presidenta autonómica María Dolores de Cospedal. Acababan de comunicarles que 800 compañeros y compañeros interinos con destino asignado se quedaban sin trabajo con el curso empezado. Era 7 de septiembre de 2011.
Domingo Alcázar, de 51 años y profesor en la escuela pública desde los 24, es uno de los señalados. Involucrado en movimientos sociales, participaba en la tarde de ese septiembre de hace seis años en una concentración frente a los Servicios Periféricos de Educación en Guadalajara que terminó dirigiéndose al teatro donde estaba celebrándose el pregón de las fiestas de la ciudad, con el alcalde (PP) sentado en las butacas. No habían comunicado que iban a hacer esta acción, que fue espontánea, pero pudieron entrar, asegura Alcázar, en el interior del edificio.
“Entramos unas 200 personas al teatro gritando 'no a los recortes'. Algunos se quedaron abajo y otros subimos a la planta de arriba. Estuvimos allí un rato hasta que vino la policía. El acto ya se había interrumpido”, explica a eldiario.es el profesor, que asegura que solo conocía a dos de los acusados. A los otros dos, maestros, no recuerda haberlos visto ni siquiera en la zona donde se produjo “la tensión con tres agentes”, según su testimonio, aunque es denunciaron hasta ocho.
Pasó en la parte superior, explica, y “no se produjo ninguna agresión, solo algún empujón de los agentes sin consecuencias”. “Hablamos con ellos, con calma, es verdad que desobecedimos, pero no atentamos contra la autoridad y no lesionamos a nadie. Entramos al anfiteatro cuando nos dijeron que no lo hiciéramos”, apunta Alcázar.
Los cuatro docentes y el activista vinculado al 15M fueron denunciados por ocho policías locales, incluido el jefe del cuerpo en Guadalajara. Al menos dos retiraron después la denuncia. El resto, que ejerce la acusación particular, pide cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados –dos por delito continuado de atentado a la autoridad y otros dos por delito de desórdenes públicos–, además de una falta continuada de lesiones que se traduce en una multa de 1.200 euros, a razón de 20 euros al día durante dos meses.
La Fiscalía dice que no puede demostrarse
El proceso se ha desarrollado por la vía de lo penal pese a los reiterados intentos de la Fiscalía de que no fuera así al considerar que lo hechos que estaban juzgando podrían ser en todo caso constitutivos de “una falta de desobediencia”, no un delito. Pidió sin éxito el sobreseimiento de las actuaciones. Y en el último auto, con fecha 12 de junio, acredita que “el día de los hechos se produjo una gran confusión en la zona del anfiteatro”, pero niega que pueda demostrarse “que los imputados hayan sido autores directos o indirectos materiales de las concretas lesiones que han sufrido los agentes”.
“En ningún momento los agentes agredidos han concretado la posible actuación concreta que tuvieron cada uno de los imputados, así los atestados se limitan a su mera identificación y las declaraciones judiciales no hacen ninguna mención a quién y cómo les agredió”, continúa el escrito, que recalca que la “única referencia” es que se produjo un “forcejeo” para “contener a la masa”.
Por estas razones, el Ministerio Público difiere del criterio que han guiado las actuaciones del juez, cuyo auto está redactado “de manera genérica y adolece de vaguedad”, según el fiscal. “No se han podido concretar durante la instrucción de este procedimiento que ha dudado cuatro años qué imputado realizó qué y a qué agente”, dice su escrito.
Un “juicio político”
Esta causa no solo se dirimió entre las paredes de un juzgado. El pleno del Ayuntamiento de Guajalajara aprobó el 27 de septiembre de 2011 una moción con los únicos votos del PP –suficientes para que saliera adelante– para “investigar, estudiar y esclarecer” los “lamentables y bochornosos incidentes” del teatro Buero Vallejo. En el texto, el PP reclamaba que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno identificara a los “organizadores, responsables y líderes que provocaron” los hechos con el fin de que fueran sancionados.
Por estos motivos, dice Domingo, su juicio es “fundamentalmente un juicio político”. “Nos sentimos con mucha inseguridad jurídica. Saben que no pasó nada, fue una acción pacífica pero les da igual. Es un castigo a la protesta social y a ellos no les supone ningún coste. A nosotros, sí”, argumenta el profesor, erosionado por un proceso judicial eterno. “Es una carrera de fondo, nos cansan por el camino, nos agotan. En todo este tiempo te cuestionas qué has hecho para que te pase esto. Tienes miedo, tienes hijos...”, reconoce.
“Nos están pidiendo cuatro años de cárcel por manifestarnos contra los recortes en Educación cuando gobernaba Cospedal y ya han pasado seis años de eso. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en que esto sigue activo... Pero sigue”, zanja el profesor. Todos los acusados han seguido en sus puestos docentes hasta hoy. “Prefiero no pensar en qué puede pasar. Prefiero no indagar más en las consecuencias laborales de una pena privativa de libertad. No se me pasa por la cabeza”.
