El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anuncia que va a abrir Medicina en León y Burgos el año que viene. En la Comunitat Valenciana la intención de la Universidad de Alicante (UA) de instaurar el grado ha abierto una guerra con la Miguel Hernández de Elche, ambas públicas. La Universidad de Huelva inauguró estos estudios el pasado curso por el agravio que le suponía, adujo, ser “la única provincia andaluza que no lo tenía”. En esa misma comunidad autónoma los diez rectorados públicos intentaron por todos los medios –sin éxito– que la recientemente creada (y privada) Universidad de Loyola no pusiera en marcha la carrera de medicina a mitad de curso el año pasado. En un lustro se han creado estos grados en varias universidades privadas, de manera que en comunidades como Madrid ya hay más estudiantes en estos campus que en los públicos
La pulsión por abrir facultad de Medicina se extiende por España. En la universidad pública y en la privada. Las comunidades autónomas se han lanzado a montar estos estudios en sus universidades a la vez que aprueban nuevas carreras en los centros privados. La proliferación de estos centros –con gran demanda por parte de los estudiantes– surge como respuesta a la publicitada falta de médicos que sufre el país. En 2008 había 28 centros, en 2019 eran 42 y para el curso que viene serán 56, según las previsiones. Pero se abren contra el criterio del Ministerio de Sanidad, de los decanos de los que ya existen y de los estudiantes. Todos ellos creen, llevan años diciéndolo, que será contraproducente.
“Supone un problema educativo, asistencial, económico, social y laboral”, plasmaron la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas (CNDFME) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en un documento aún hoy vigente. “El problema es complejo pero la solución no pasa por incrementar el número de facultades de medicina. Debemos tener en cuenta al completar este análisis factores como la localidad de la oferta de empleo, el tipo de hospital o centro, el tipo de modelo asistencial que vayamos a adoptar, el comportamiento de la medicina privada, el rol de enfermería, etc”.
El problema, explica Pilar López, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es que el diagnóstico está hecho regular (faltan médicos, sí, pero no de todo tipo, solo de algunas especialidades) y por tanto la solución es errónea. “En las últimas décadas se ha aumentado el número de egresados, pero eso no soluciona la falta de profesionales. Por mucho que se aumente la oferta, si no se están cubriendo ciertas plazas estamos abocados a que en algunos años aumente el paro en el ámbito y se siga sin dar solución”, advierte.
La paradoja española de la falta de (algunos) médicos y la sobra de estudiantes tiene una explicación relativamente sencilla, según los decanos: son las condiciones de trabajo en esas plazas que ahora no se pueden cubrir, bien sea porque son especialidades poco atractivas, bien por las circunstancias propias de las plazas (rurales, aisladas, saturadas de carga de trabajo, relativamente poco pagadas). “Las demandas de los médicos son muy claras: estabilidad, mejoras salariales y eliminación de la burocracia”, sostienen los decanos.
Los números dicen que España tiene ya estudiantes más que de sobra, que abrir más centros deteriorará la calidad de lo que ya existe (por ejemplo, restando plazas para prácticas) o que agravará la falta de profesores, un problema silencioso que ya afecta a los centros
No es solo que permitir más estudiantes no vaya a resolver el problema, es que puede agravarlo, advierten decanos y estudiantes. Entre sus argumentos, que abrir más centros deteriorará la calidad de lo que ya existe (por ejemplo, restando plazas para prácticas) o por la falta de profesores, un problema silencioso pero grave que preocupa a los centros. Sanidad sostiene que sí es necesario ampliar las plazas que se ofertan, pero no las facultades que imparten el grado, y menos si son privadas, según ha explicado a este diario el secretario de Estado, Javier Padilla.
“Lo importante es que la planificación sea coherente”, sostiene. “En los últimos años se ha empezado a planificar a largo plazo. Se utilizan los informes de oferta-necesidad, que han detectan que es necesario un pequeño incremento del 15% y una mayor oferta en las plazas de formación sanitaria especializada [el MIR], pero no en todas. Se intenta incrementar más las que más falta hacen. Creemos que no hace falta crear más facultades, sí reforzar las existentes. Sí hace falta aumentar el número clausus en las facultades existentes, incluso con convenios con otros hospitales.”, explica Padilla.
El segundo país con más facultades del mundo
La estadística dice que España en el curso 2023-24, el último con datos detallados, había 44.666 estudiantes de Medicina. Son 1.313 más (un 3%) que los de 2015 y apenas un 3% más que los del curso anterior, pese a que teóricamente las plazas deberían haber aumentado un 15%. Aún así, la letra pequeña de esta estadística muestra que las facultades públicas han perdido 928 alumnos en este periodo, mientras las privadas han ganado 2.241, que en términos absolutos parecen pocos, pero en porcentaje es un 33% más. Con los egresados hay una evolución similar: los de la pública están básicamente estancados en los últimos ocho años (113 menos), los de la privada se han casi duplicado (en cifras pequeñas, pasan de 700 a 1.200 el pasado curso).
La oferta hoy incluye 53 facultades, 15 de ellas privadas. Es una tasa de más de una facultad por millón de habitantes, lo que sitúa al país ya como el segundo que más tiene del mundo, según los decanos. Lo idóneo, sostienen citando a la OMS, es un centro por cada dos millones de ciudadanos.
Esas cifras globales esconden matices. Hay estudiantes de más, pero faltan médicos en algunas especialidades y además los egresados siguen siendo menos que las plazas que salen del MIR cada año, convocatorias que pese a eso se llenan con personas que vienen de otros países o los llamados recirculantes, que vuelven al MIR a hacer otra especialidad por razones diversas. “Ante la insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de Medicina en relación con la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR) y con las necesidades de especialistas de algunas especialidades, como es el caso de la Medicina Familiar y Comunitaria, lo que se pretende es impulsar un incremento en la oferta del grado en Medicina”, explicaba el departamento en una nota de prensa tras reunirse con los decanos para abordar la cuestión.
Efectos indeseados
Este exceso de facultades produce disfunciones varias, alertan los expertos. Una de ellas, que no ocupa lugar en la conversación pública pero “preocupa mucho” a los decanos es la falta de profesores para estas formaciones sanitarias. “El déficit de profesorado existente es gravísimo y venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo sin que se haya tomado ninguna medida al respecto”, lamentan los rectores, que inciden en una “disminución del profesorado médico en áreas básicas y una disminución del profesorado permanente en general y, en especial, del vinculado”.
Aunque no ocupa un lugar preferente en la conversación pública, a los decanos les preocupa mucho la falta de profesorado para estos grados: actualmente hay un déficit de casi 4.000 docentes, y solo va a ir a peor
En la década comprendida entre 2017 y 2026 se habrá jubilado el 43% del profesorado permanente: un 55% del profesorado vinculado de áreas clínicas, un 34% del profesorado no vinculado de áreas clínicas y un 32% del profesorado de áreas básicas. “En pocos años la situación será insostenible”, advierten. Ya hoy hay un déficit de 3.800 profesores.
Otro efecto de subir la oferta es que se resiente el sistema de prácticas entero. “Por un lado, aumentar el número de facultades de Medicina en cada provincia, especialmente en aquellas que ya cuentan con alguna, supone tener que compartir infraestructuras entre varias facultades como son los Hospitales Universitarios y los Centros de Salud, necesarios para la realización de prácticas clínicas. Esto conlleva más estudiantes por médico-tutor de prácticas, saturación de consultas y más trabajo para el profesional, en detrimento tanto de la formación de los estudiantes como de la calidad asistencial”, dicen los decanos.
De la FP a la Universidad
Esta circunstancia de la que advierten los decanos ya es una realidad en los estudios sanitarios de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, donde la eclosión de centros privados ha acaparado las plazas para las prácticas, provocando que parte del alumnado de la pública no pudiera concluir sus estudios en tiempo y forma.
Los decanos madrileños tienen ahora el temor de que la FP solo fuera un ensayo general para trasladar el modelo a la universidad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene intención –está plasmado en un borrador oficial con las primeras ideas para la nueva ley de universidades regional– de establecer “un distrito único” en el que todas las universidades (públicas y privadas) compitan por las mismas plazas para las prácticas. “Esto preocupa en la pública porque las privadas pueden ofrecer un incentivo económico para los centros que ofertan las prácticas. No estaríamos en igualdad de condiciones y si esto irrumpe de esa manera nuestro sistema se va a ver perjudicado. Es una seria amenaza para las universidades y el alumnado. No se accede igual a una carrera pública, para lo que hace falta una nota de corte altísima, que a una privada, que se hace solo pagando. No pueden ser las mismas reglas de juego para todos porque no juegan a lo mismo”, reflexiona López, decana de la UAM.
Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas y experta en planificación sanitaria, tiene claras las motivaciones de unos y otros. Y, según su explicación, no parece que ninguna de las partes esté pensando en lo mejor para el sistema: “La apertura de universidades publicas responde a motivaciones de los partidos políticos, más que el sistema de universidades y es una decisión política”, explica. “En el caso de Castilla y León, como tienen dificultades para cubrir plazas en las provincias menos pobladas, teniendo hospitales donde los estudiantes hagan prácticas podrían tender a quedarse luego en lugar de ir a grandes capitales. Por eso los políticos pueden pensar que es una buena idea. Pero con las privadas es distinto: es un negocio muy rentable. El coste de dar el grado y el precio de la matrícula [unos 20.000 euros anuales, según el centro] es favorable. Tienen beneficios, es una motivación que no tiene nada que ver”, sostiene.