Quizá sólo en España pueda existir una autovía que, pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, siga funcionando a razón de 50.000 vehículos diarios. Está en la Comunidad de Madrid y es una vía por la que ya han circulado 20 millones de coches a través de espacios naturales protegidos, y que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 2008) y los europeos de Luxemburgo (en 2011) consideraron que fue construida por el Gobierno regional saltándose la ley.
Toda una maraña judicial ha conseguido que por los 18 kilómetros de autovía M-501 que unen los pueblos de Quijorna y Navas del Rey, y que cruzan un parque regional y una zona de especial protección para las aves, circulen vehículos como si nada, aunque la primera sentencia date de hace ya un lustro.
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 que la carretera sería autovía a cualquier coste y burló la legalidad. Se saltó el estudio de impacto ambiental previo al declarar la obra de interés general. Aducía que era una carretera peligrosa, análisis que los ecologistas pusieron en duda.
El conflicto saltó a los medios, que acabaron buscando pruebas de la existencia de linces ibéricos en la zona. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid acaba de contratar hace dos meses a una empresa para que realice el estudio de impacto ambiental previo de la autovía que en su momento no se efectuó.
La asociación Ecologistas en Acción denunció en su día el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la obra –que se había encargado a la empresa Corsán por 40 millones de euros– al vulnerar las leyes medioambientales. Y fallaba que, en su caso, debería “restituir” la zona a su estado anterior.
Madrid recurrió al Supremo, y los coches comenzaron a circular. Casi tres años tardó el Supremo en decidir. En febrero de 2011, ratificó la ilegalidad de la obra. ¿Se cumplió la sentencia? En absoluto. Más vehículos viajando por la autovía mientras el 15 de julio los magistrados de Madrid daban a la Comunidad “dos meses” para decir cómo cumpliría la “ejecución forzosa”. Agosto, septiembre, octubre… El 21 de noviembre, los jueces claman y le imponen al Gobierno de Esperanza Aguirre un plazo de 15 días “improrrogable” para que informe “detalladamente” sobre las medidas que adoptará.
El límite se multiplicó por ocho. Tras un cambio de magistrado al frente de la sala encargada, se dictó un auto sobre la ejecución de la sentencia –sentencia que acumulaba entonces cuatro años de polvo–, en la que se otorgaba al Ejecutivo regional “dos meses” más para que dijera cómo solventaría los trámites administrativos que no llevó a cabo en 2006 al planear la carretera: el famoso informe previo de impacto ambiental que debe velar por los daños a la naturaleza antes de meter las piquetas.
A pesar de que la Comunidad aseguró todo este tiempo que “ha subsanado los errores procedimentales a los que hace referencia la sentencia”, en agosto de este año sacó un concurso para contratar a una empresa que hiciera la “redacción del estudio impacto ambiental duplicación M-501 entre Quijorna/Navas del Rey”. Usó el trámite de urgencia para adjudicarlo el 27 de septiembre de 2013 por más de 200.000 euros. Plazo de ejecución: 18 meses. Sólo con este movimiento se llevará el asunto hasta marzo de 2015.
Condena europea
Nada ha detenido la idea que tuvo Esperanza Aguirre de llevar los carriles lo más dentro posible de las zonas de protección ambiental. Mucho menos, los trámites legales o las sentencias firmes. ¿Por qué? La Comunidad insiste: “Se ha demostrado en estos cinco años que el desdoblamiento de este tramo de la M-501 era una necesidad de primer orden para todos los madrileños, ya que se ha conseguido aportar a la carretera mayor seguridad vial y una menor siniestralidad”. Pero acatar la sentencia sería un desastre para las finanzas. Y no sólo ya por lo gastado en construir esos 18 km de autovía. Existen implicaciones más profundas.
Esta M-501 se ha hecho autovía en dos fases. La primera fue adjudicada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –en su época de presidente regional–, a un consorcio llamado Ruta de los Pantanos S.A., en el que aparecen corporaciones como Iridium (de ACS) o Globalvía (de FCC). Esta sociedad construyó la autovía y se encarga de su mantenimiento a cambio de un peaje en la sombra, según el tráfico que soporta, abonado por la Comunidad de Madrid.
En 2014, la concesionaria se llevará 19,9 millones de euros, 1,1 millón más que en este 2013. En las cláusulas del contrato, la Administración incluyó que “las actuaciones de la Comunidad de Madrid que disminuyan la demanda de uso de estas carreteras darán derecho a la sociedad concesionaria al reequilibrio económico”. Desmochar la autovía en 18 kilómetros por haber incumplido la ley es, desde luego, hacerla menos atractiva para los conductores.
La M-501 provocó en diciembre de 2011 que Europa condenase a España por contravenir la protección de la naturaleza y los trámites de evaluación de impactos ambientales. La Comunidad de Madrid, que provocó el recurso de la Comisión Europea ante los jueces de Luxemburgo, calificó la sentencia de “irrelevante”. Sólo la crisis económica ha detenido la apertura de carriles hasta el corazón de las zonas protegidas en el límite de la región con Castilla y León.