El caso de la magistrada venezolana María Lourdes Afiuni, detenida desde hace casi tres años por una decisión que motivó la condena internacional, cobró hoy un nuevo e inesperado giro con la publicación de un libro en el que la jueza asegura que fue violada en prisión.
Detenida en diciembre de 2009 tras la liberación de un empresario procesado por varios delitos, acto que llevó al presidente venezolano, Hugo Chávez, a pedir públicamente su condena, Afiuni denunció en un libro que fue violada mientras estuvo recluida en una cárcel de Caracas hasta febrero de 2010.
En la primera reacción pública por parte del Ejecutivo tras la denuncia, la ministra para la Mujer, Nancy Pérez, afirmó que no se ha recibido ninguna denuncia sobre la supuesta violación, pero aseguró que si hay culpables serán castigados.
Desde febrero de 2010, Afiuni se mantiene en prisión domiciliaria por motivos de salud con prohibición de hablar con los periodistas.
La jueza, de 46 años, que dijo que por las violaciones quedó embarazada y luego abortó, logró este año ser atendida por médicos de su confianza.
Su hermano mayor, Nelson Afiuni, dijo hoy a Efe tras enterarse de la revelación de su hermana: “Estamos consternados; no sé qué decir. En la familia no sabíamos que hubiera pasado algo así, adicional a todo lo ya monstruoso que le sucede”.
La jueza confesó el asunto al periodista Francisco Olivares, quien escribió el libro “Afiuni. La presa del comandante”, presentado hoy en Caracas, aunque algunos medios locales, como el diario Últimas Noticias ya publicaron algunos fragmentos.
“A mí me sacaron el útero, pero me encontraron seis mioma. Yo tuve una pérdida en el penal”, dijo la jueza tras insistir en que fue “abusada sexualmente en la cárcel” donde, además, fue víctima de otras presas que le propinaron golpizas y la atacaron con armas blancas.
Su abogado, José Graterol, dijo hoy a Efe que consideraba que Chávez es “culpable de lo sucedido” en prisión con Afiuni y explicó que el asunto se mantuvo en secreto hasta hoy “por recomendación de psiquiatras” que consideran que “ventilarse públicamente algo así se convierte en una segunda violación”.
“No me ha llegado ningún tipo de denuncia de violencia contra la jueza. En caso de que nos llegue, actuaremos en consecuencia”, declaró por su parte Pérez a la emisora caraqueña Unión Radio.
“Estoy segura que en caso de que sea cierto, se tomarán las medidas y las sanciones a que tenga lugar”, remarcó.
El proceso contra la magistrada está paralizado desde abril del año pasado debido a la decisión de Afiuni de no comparecer ante los diferentes jueces que han estado encargados de la causa alegando falta de imparcialidad del tribunal.
Chávez aseguró el 11 de diciembre de 2009 que Afiuni era una “bandida” que se había aliado a abogados, alguaciles y secretarias del tribunal que dirigía para facilitar la fuga del banquero y empresario Eligio Cedeño.
El banquero fue llevado ante la jueza el día anterior para una audiencia que, según el gobernante, se cumplió sin la presencia del fiscal.
Horas después se informó de que Cedeño se había fugado para eludir el proceso que afronta por operaciones cambiarias ilegales, por el cual estuvo en prisión tres años a la espera de una sentencia en firme.
Chávez remarcó entonces que Afiuni debía ser condenada a la pena carcelaria mayor, que en Venezuela es de 30 años de presidio.
Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han solicitado la liberación de la magistrada alegando que en este caso hay una “indebida interferencia política” por parte del Ejecutivo.