Han tenido que pasar 42 años desde la muerte del dictador y una década desde la aprobación de Ley de Memoria Histórica para que el Gobierno de Castilla y León se decida a abordar una de sus asignaturas pendientes. El ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera (PP) ha presentado un borrador de decreto “de la Memoria Histórica y Democrática” que no convence a la oposición y mucho menos a las asociaciones de víctimas del franquismo. 13 de estas organizaciones difunden este viernes un comunicado en el que consideran “positivo” el paso dado, pero lo califican de “muy insuficiente”.
El primer reproche es la forma elegida por la junta para legislar este tema: en lugar de debatirlo como proyecto de ley en el Parlamento regional con el resto de los grupos políticos, ha apostado por redactar unilateralmente un decreto.
En cuanto al contenido concreto, poco o nada satisface a estas asociaciones. No les gusta lo que dice y tampoco lo que no dice. En el apartado de los “silencios”, denuncian que el borrador se centra exclusivamente en las exhumaciones y no en el resto de las víctimas del franquismo: “La represión—se afirma en el comunicado al que ha tenido acceso eldiario.es— incluyó campos de concentración, trabajo esclavo, cárceles en condiciones miserables, represión específica contra la mujer (como rapadas, ingesta de purgante, paseos por el pueblo mientras el laxante hacía efecto y violaciones), robo de bebés, palizas, torturas, exilio, orfanatos, depuraciones de funcionarios, castigos por orientación sexual, traslados de restos al valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de las familias, consejos de guerra, deportaciones a los campos nazis y otras formas de violencia”.
Protocolo más complejo
Sobre lo que sí trata el decreto, la excavación de las fosas para recuperar los restos de las víctimas, las asociaciones memorialistas temen que haga “aún más complejo el protocolo de exhumaciones y que retrase estos procesos…”. El borrador presentado por la Junta establece la creación de un Consejo Técnico de la Memoria Histórica, cuyo dictamen favorable será imprescindible para poder llevar a cabo cualquier exhumación.
Dicho consejo, según se puede leer en el borrador de decreto, estará controlado por la propia Junta ya que contará con un representante y tres técnicos de “la consejería competente”, dos representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y solo dos representantes de las asociaciones memorialistas. Además se creará un segundo organismo llamado Consejo Asesor de la Memoria Histórica, de carácter consultivo, compuesto por unos 20 miembros. Además de este incremento de la burocracia, las asociaciones echan en falta que la norma recoja “la judicialización de las fosas comunes y la presencia judicial en el levantamiento de los restos mortales de los desaparecidos”.
El comunicado, no obstante, expresa su confianza en que el proyecto sea mejorado antes de su presentación y agradece “que, por fin, la Junta de Castilla y León cambie el rumbo respecto a la Memoria Histórica y tome partido (…) Aplaudimos que decida apoyar a un colectivo que trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad”. Entre las 13 asociaciones firmantes se encuentran: el Foro por la Memoria de Zamora y Segovia; Recuerdo y Dignidad de Soria; así como otras organizaciones de provincias como Palencia, Valladolid, Miranda de Ebro, Salamanca o Burgos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) desarrollará su propia estrategia porque considera que la Junta “no tiene verdadera voluntad política” y califica el decreto como “farsa”. Su presidente, Emilio Silva, cree que el objetivo del Gobierno regional es “crear comités que no sirvan para nada” y “hurtar al Parlamento de Castilla y León el debate pendiente sobre la represión franquista”. En este sentido, la ARMH pedirá “la creación de una comisión parlamentaria que elabore una verdadera Ley de Memoria después de escuchar a las víctimas”.