La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que el Gobierno revertirá “en el menor tiempo posible” las medidas más polémicas que conllevó el real decreto de racionalización del gasto público en educación.
Lo ha señalado Celaá en respuesta a la diputada Ione Belarra, de Unidos Podemos, que le ha preguntado sobre cuándo piensa el Gobierno derogar el real decreto 14/2012 de recortes en educación.
Celaá ha asegurado que es “especialmente sensible” a todo lo tocante a la educación pública y ha reconocido el esfuerzo de la comunidad educativa “por las cargas” que provocaron los recortes del anterior Ejecutivo, por ejemplo, aumentando la ratio de los alumnos o el número de clases de los profesores.
Belarra le ha exigido una “fecha concreta” para derogar dicho decreto, que ha calificado como “una losa” para la educación pública.
“El PP ha dejado agonizando la educación pública de nuestro país”, según Belarra, que ha añadido que “toca rescatarla”.
La ministra no ha concretado una fecha para la derogación de ese decreto porque, además de que algunas han sido derogadas, muchas implican a comunidades autónomas y universidades y hay que empezar un diálogo “lo antes posible”.
Por otra parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha preguntado a Celaá si el Gobierno piensa continuar la política “de recurrir anualmente la convocatoria de becas del Gobierno Vasco”.
Según Agirretxea, tras casi treinta años de “convivencia pacífica” de los dos modelos de becas al estudio, en referencia al estatal y al vasco, desde 2014-15 el Gobierno recurre “de forma irregular” las convocadas por Euskadi y genera “inseguridad e incertidumbre”.
Celaá ha dicho desconocer “si en el pasado” la política gubernamental era recurrir anualmente la convocatoria de becas que forma parte de las competencias autonómicas.
Ha reiterado la disposición de su departamento en avanzar “con diálogo y respeto” para alcanzar acuerdos.
Pero ha recalcado que hay que conseguir “el preciso equilibrio entre la garantía estatal de la igualdad de oportunidades y las políticas educativas de los gobiernos en cada territorio”.
“Hemos de tener una referencia común para todo el Estado sobre las modalidades y cuantías de becas”, ha seguido la ministra, sobre “las condiciones económicas y académicas que han de reunir los candidatos” y sobre “los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro” de estas ayudas; “al menos sobre estas cuestiones básicas que es lo que marca la ley”, ha concluido.