No han pasado ni cuatro meses desde que arrancara el año y 2024 ya se ha convertido en uno de los más letales para los hijos e hijas de víctimas de violencia machista. Los Mossos d’Esquadra investigan el caso de los dos niños de ocho años hallados sin vida este martes junto a su madre en su domicilio de El Prat de Llobregat (Barcelona). La principal hipótesis es que el padre de los niños mató a los tres y después se suicidó en las vías del tren. Aunque aún se investiga, el triple asesinato ha hecho encender todas las alarmas sobre un tipo de crímenes que alcanzan los 55 desde hace una década y que son la expresión más extrema de la dominación machista.
Con este último caso, que ya ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, son siete el número de menores asesinados por esta causa en lo que va de 2024. Casi la misma cifra que el peor año desde que hay registros.
Solo uno, 2017, lo superó con ocho casos registrados, mientras que en 2015, 2018 y 2021 fueron también siete. Eso sí, en 12 meses completos. Nunca antes a estas alturas del año desde 2013, el primero en el que comenzaron a recogerse estadísticas oficiales, se había registrado una cifra tan alta.
El caso de El Prat se suma a otros tres. El pasado 3 de abril un hombre era detenido en un municipio de Girona por haber matado a su hijo de cinco años y haber herido de gravedad a su madre. Habían pasado poco más de dos semanas desde el anterior, en Gérgal (Almería), donde un hombre con una orden de protección sobre su expareja mató a sus dos hijas, de dos y cuatro años, en un régimen de visitas. Según el informe de la autopsia, las envenenó. El primero del año se produjo el 8 de enero, cuando Xavi, de diez años, y Noa, de siete, fueron asesinados por su padre en Barcelona para vengarse de su expareja y madre de las niñas. Solo en el caso de Almería había denuncia previa.
Hacer el mayor daño posible a las mujeres es el objetivo con el que hay hombres que instrumentalizan a sus hijos e incluso llegan a acabar con su vida. Es lo que se conoce como violencia vicaria, un término acuñado por la psicóloga forense Sonia Vaccaro que los agresores suelen ejercer cuando ellas han decidido separarse o denunciar. “El maltrato implica todo un patrón de comportamientos violentos con la intención de controlar a las mujeres y en algunos casos siendo incluso capaces de utilizar a los hijos para mantener este dominio”, sostiene Olga Barroso, psicóloga especializada en violencia machista.
Sin embargo, no todos los casos de muertes de menores a manos de sus padres son violencia vicaria. A lo que sí responden todos es a un contexto de violencia machista; es decir, sus madres son víctimas del maltrato por parte de sus parejas o exparejas, pero en algunos casos, como el de El Prat de este martes o el de Carabanchel (Madrid) del pasado noviembre, uno de los dos que se produjeron en 2023, los asesinatos son múltiples y los agresores acaban también con la vida de las mujeres. Según ha analizado el Consejo General del Poder Judicial, ser madre es un factor de vulnerabilidad frente a la violencia, algo que calcula que son hasta el 75% de las víctimas mortales.
Son hombres que tratan a las mujeres y a sus hijos como si fueran de su propiedad y se creen con derecho de decidir sobre ellos
Las expertas coinciden en que, tras todos los casos, lo que emerge es un contexto de dominación. Sean violencia vicaria o no, son todos “asesinatos de género”, como los ha calificado la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que tienen por objetivo “ejercer poder y demostrar superioridad”. En el fondo “subyace un patriarcado social y judicial” que precisamente cristaliza en la figura del pater familias en su más profundo significado: “Son hombres que tratan a las mujeres y a sus hijos como si fueran de su propiedad y se creen con derecho de decidir sobre ellos”, explica la jurista especializada en violencia machista María Naredo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado la acumulación de estos crímenes en este primer trimestre del año como “una realidad insoportable que nos interpela a diario” y ha apuntado a la necesidad de “hacer un diagnóstico”. “Es posible que se esté produciendo una variación en la reacción de los machistas” porque “siempre que se produce un avance en igualdad feminista hay una reacción contraria”, ha añadido Redondo, que apunta a la necesidad de “reforzar medidas y la coordinación ministerial”. Por su parte, la Consejera de Igualdad de la Generalitat ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para analizar los últimos casos en Catalunya.
Una “brecha” entre la ley y su aplicación
El récord de casos de violencia machista hacia hijos e hijas de víctimas de este año convive con un marco legal que ha avanzado en los últimos años, coinciden las expertas. Sin embargo, a su juicio, aún faltan pasos para garantizar su cumplimiento. Un caso paradigmático fue el de Almería del pasado marzo: el hombre tenía una orden de alejamiento de su expareja, pero seguía viendo a las niñas los sábados y domingos unas horas. Las entregas debían realizarse en un Punto de Encuentro Familiar, una medida que acabó por suprimir el juzgado debido a que la madre lo había solicitado en varias ocasiones. En una de las visitas, el hombre mató a sus hijas.
“Hay que extremar las medidas de protección con los niños y niñas. Es impresionante que siga habiendo casos de madres con órdenes de protección cuyos hijos e hijas siguen viendo al padre y luego se condene a aquellas que optan por actuar fuera del marco legal para protegerles”, lamenta Naredo, que cree que existe “una brecha muy grande” entre la legislación y su aplicación. “Cuando hablamos de niños expuestos a la violencia, tienen que salir en la foto en primer plano. Su atención y protección debe ser prioritaria y no lo está siendo”.
A pesar de que desde 2004 hay una ley integral contra la violencia de género, no incorporó a los menores hasta hace solo dos años y no fue hasta 2015 cuando un texto legislativo reconoció que estos menores son víctimas directas del maltrato. En 2021, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) dio un paso clave y estableció que cuando existan “indicios fundados” de que los niños hubieran “presenciado, sufrido o convivido” con la violencia el juez debe suspender las visitas, una previsión que ha hecho aumentar estas decisiones pero aún son una minoría: en 2020 solo se aplicó en un 3% de los casos mientras que la cifra ascendió al 12% el año pasado.
La excepción a la regla general, es decir, que las visitas se mantengan solo puede dictarse mediante “una resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial”. Cira García, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Getafe (Madrid) cree que, en realidad, la tendencia sigue siendo otorgar visitas: “En el imaginario judicial, salvo que haya una formación importante en género e infancia, se suele pensar '¿cómo voy a dejar a este niño sin ver al padre?'. Seguimos pensando que las visitas son un derecho del padre cuando en realidad el derecho es el del niño, a relacionarse con un progenitor que no sea violento”.
Cómo valorar el riesgo
Las especialistas apuestan por poner el foco en cómo están siendo las valoraciones y, sobre todo, si se están haciendo. En el caso de Almería, por ejemplo, se desconoce en qué se basó el juzgado. “Debemos preguntarnos si hay o no perspectiva de género, si se conoce cómo funciona la violencia machista y si en las indagaciones somos capaces de hacer emerger el contexto de poder que hay detrás. Y por supuesto, escuchar a los niños y niñas con garantías”, incide Naredo.
García cree clave que las valoraciones “no se hagan solo con las manifestaciones de la madre”, cuyo testimonio en ocasiones puede estar influido por la propia dinámica de violencia, y apuesta por “cambiar el foco”. Para ello, piensa que hacen falta desarrollar instrumentos de valoración policial del riesgo específicos para los niños y niñas, que no existen actualmente. “En la valoración que se hace para las mujeres hay ítems que hacen referencia a ellos, pero no tienen una propia. Además, nos hacen falta informes psicosociales que no tarden un año en emitirse y que se hagan por parte de personal especializado en violencia de género”, añade.
Aún así, casi nada acaba y empieza en el ámbito judicial. Y es que la inmensa mayoría de las víctimas nunca llegan a denunciar la violencia que sufren. En lo que va de año, solo lo han hecho un 22% de las mujeres asesinadas. Por eso, Naredo apunta a la importancia de “detectar e intervenir” en la violencia de género desde otros ámbitos a los que sí o sí acceden las mujeres, como los centros de salud, servicios sociales o los centros educativos. Además, muchas de estas mujeres lo que acaban haciendo es salir de la violencia a través del divorcio, un momento en el que los juzgados de familia “pueden y deben analizar la situación y suspender visitas sin necesidad de que haya denuncia” porque la ley habla de “indicios”.
Más allá de la expresión extrema que es el asesinato, todas las expertas coinciden en señalar cómo la violencia vicaria suele estar presente en la vida de los niños y niñas cuyas madres son víctimas. “Pasa mucha violencia desapercibida en lo cotidiano. ¿Cuántas madres denuncian que cuando están con ellos no les dejan llamarlas? ¿Cuántas que el padre habla continuamente mal al niño sobre ellas? ¿Cuántas que cuando llegan del fin de semana con él vienen con la ropa sucia?”, ejemplifica la jueza, que apunta a una dirección: “El mayor problema de esta violencia es que los niños y niñas están invisibilizados; debemos dejar de tratarles y verles como un apéndice de sus madres”.
Gráfico elaborado por Victòria Oliveres.
-----
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.