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Ciudadanos pide que la nueva ley de universidades sirva para evitar plagios como los del rector de la URJC

Ciudadanos aprieta al Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) en la Comunidad de Madrid para que en la universidad madrileña, sufragadas con dinero público, no vuelvan a surgir casos como el de los plagios que protagonizó el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, denunciados por eldiario.es. Para ello, ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid encaminada a que en la reforma de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior –conocida como ley de universidades– quede garantizada, entre otras cosas, “la limpieza y buenas prácticas del personal docente e investigador”. Cifuentes se colocó de perfil cuando surgieron los casos de copia por parte de Suárez apelando a la autonomía universitaria y las competencias del Ejecutivo central.

En la iniciativa, que será debatida por el Pleno este jueves, argumentan que “los ciudadanos de una sociedad democrática esperan de sus representantes públicos en todos los niveles un mayor compromiso con el buen hacer diario, todo ello sometido a los principios de transparencia y la rendición de cuentas”.

Según explica a eldiario.es el portavoz regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, lo que en primer lugar pretende su grupo con la propuesta es “generar debate” y “marcar el camino a Cristina Cifuentes” para que la reforma vaya en una doble línea: “por un lado, establecer los mecanismos para seleccionar al personal docente, y, por otro, para que haya absoluta transparencia en cuanto a la gobernanza en las universidades”.

Además, el partido naranja también persigue “vincular la financiación de las universidades públicas a la obtención de resultados, tanto académicos como de investigación o de buen gobierno”. Y en eso coincide con el PP.

Según el anteproyecto de la ley la reforma recogerá que las universidades tendrán una financiación fija y otra variable en función de cumplimiento de objetivos.“Una financión estable pactada pero que cuando necesite una financiación adicional tenga que estar vinculada a la consecución de una serie de logros”, explica Aguado.

“Queremos que todos los españoles sepan qué hacen las universidades públicas con nuestro dinero, si investigan poco o mucho y que rindan cuentas de a dónde va cada euro”, añade, recordando que la Comunidad de Madrid destina más de 900 millones de euros de sus presupuestos anuales en las universidades.

Aguado reconoce, sin embargo, que no van a poder cambiar que los responsables de los organismos académicos sigan gozando de “autonomía univeritaria” porque para ello sería necesario modificar la Constitución. Precisamente, el rector de URJC se acogió a ese privilegio para negarse a comparecer en el Parlamento regional a explicar sus plagios, como le exigió Podemos. Una petición a la que se unieron el PSOE y el propio partido de Aguado después de rechazar en la Mesa de la Asamblea que fuera el Consejero de Educación quien diera la cara en ante el Pleno.

Universidades madrileñas, lejos del ranking mundial

Ciudadanos insiste en que ve “preocupante” “el hecho de que ninguna universidad madrileña aparezca en posiciones destacadas en los principales ranking universitarios del mundo”, mientras se conocen casos como el escándalo de los “presuntos plagios académicos por parte del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos”.

Todo ello creen que merece “una reflexión conjunta por parte de la sociedad madrileña en busca de soluciones que mejoren la limpieza en el desarrollo profesional de los docentes e investigadores de nuestras universidades, así como de los sistemas de gobernanza de las mismas”.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación y su Dirección General de Universidades, ha presentado en los últimos meses a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a los Rectores un documento de ideas para ese Proyecto de reforma de la ley de universidades.

Ciudadanos espera ahora que el gobierno de Cifuentes cuente también con las aportaciones de los Consejos Sociales al ser los órgano de participación de la sociedad en la Universidad. De hecho, en la proposicón no de ley pide asimismo “reforzar el papel” de estos Consejos.