Los hijos de Carmen pagan más por comer en el colegio que un diputado de la Asamblea de Madrid en la cafetería del parlamento. El menú de primero, segundo y postre cuesta este año (tras un aumento del 3,5%, uno de los mayores de España) 4,80 euros en un centro público, mientras que los parlamentarios madrileños y trabajadores de la Asamblea desembolsan 3,55 en la cafetería que subvenciona la Comunidad (5,95€ en el comedor). Estos niños incluso pagarían más por comerse lo que lleven desde casa en la tartera: 3,80 euros al día sólo por usar las instalaciones.
Carmen, una empleada doméstica del barrio de Manoteras, tiene muy pocas posibilidades este año de recibir una beca de comedor, que el curso pasado percibieron 112.000 familias. La Comunidad de Madrid ha reducido drásticamente el presupuesto para estas ayudas: de 29,3 millones de euros a entre 16 y 18. Por eso hace unos días el grupo parlamentario de UPyD sumó a su PNL para mantener el número de becas una solicitud para que la Asamblea deje de pagar parte del menú de los diputados (no así de los trabajadores de la Asamblea). “Debemos dar el ejemplo en un momento en el que los ciudadanos ven mermar cada vez más sus ingresos y prestaciones”, argumenta su portavoz, Luis de Velasco.
El parlamento madrileño tiene presupuestados hasta 358.000 euros anuales (175.000 fijos y 183.000 variables) para subvencionar el restaurante Arturo, propiedad de Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid e íntimo amigo de Esperanza Aguirre. Arturo también recibe 850.000 euros por el restaurante del Congreso de los Diputados.
Aunque el tijeretazo a los presupuestos educativos –y por tanto a las becas- no es exclusivo de la Comunidad de Madrid, y si bien Valencia y Cataluña también han planteado ya la posibilidad de que los niños acudan a los centros con su propia comida, en Madrid el conflicto suma un punto extra de desconcierto. La Consejería de Educación decidió este verano zanjar complicaciones pasando la pelota a los centros, de modo que sus consejos escolares decidan si aceptan los 'tupper' y cuánto cobran por ello.
De momento el Consejo de Directores de Infantil y Primaria ha acordado su recomendación: cobrar un total de 3,8 euros diarios por la vigilancia (2,50€) y gestión del comedor (1,30€), sólo un euro menos que el menú. Y eso no es todo. Piden que los padres firmen un documento que exima a los centros de cualquier responsabilidad en la conservación y consumo de la comida que viene de casa, y que ésta llegue en “recipientes termoaislantes”. Por último, los padres deberán preparar cada día los mismos platos que se vayan a servir en el comedor. Los directores ya habían anticipado a la consejera Lucía Figar en junio que no querían 'tuppers', pero con la norma sobre la mesa, han optado por medidas disuasorias que dejan aún más cercados a los padres.
Todos pagan
“Tengo dos niños y soy el único sueldo que entra en casa. Si no me dan la beca no llego”, admite Carmen. “Con esos 200 euros yo hago la compra para toda la familia”, calcula. Pero no se hace ilusiones. Este curso en Madrid la gratuidad del comedor se reserva sólo a los menores tutelados por la Comunidad. El resto son descuentos. Las familias con ingresos de hasta 2.450 euros per cápita al año (unos 600 euros al mes en una pareja con un hijo) pagarán 3,40 euros al día, lo mismo que las víctimas del terrorismo o los niños en acogimiento familiar. Incluso los perceptores de la Renta Mínima de Inserción, aquellos que no tienen dinero para cubrir sus necesidades básicas, pagarán este año 1,20 euros diarios.
“Eliminar la gratuidad del comedor pone en peligro la única comida equilibrada de muchos niños y niñas”, recuerda Luis Carbonel, portavoz de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa). Y esto en un país que ya tiene a casi 2,2 millones de menores en situación de pobreza relativa, según el último informe de Unicef. “No es descartable que los padres a los que ahora les suponga un desembolso de dinero opten por no enviar a sus hijos a clase”, reflexionan en la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos.
El pasado 25 de septiembre, mientras se sucedían a las puertas del Congreso las protestas y las cargas policiales, en el hemiciclo se discutían varias enmiendas a los presupuestos para que una partida extra garantizara que todos los niños tuvieran acceso a la comida en la escuela. No prosperaron.
Libertad de acción
Como este curso son los colegios los que deben informar a la Comunidad de Madrid de las familias que necesiten ayudas y recopilar la documentación para acreditarlo, los padres no sabrán hasta mediados de este mes si las percibirán, o si podrán pagar lo que les sirven cada día desde que comenzaron las clases. Y los colegios tampoco saben si serán muchos o pocos los que no puedan abonar la cuota y ni qué harán con ellos.
De hecho, los centros concertados católicos madrileños ya han enviado un comunicado a los padres en el que advierten que la falta de ayudas y la menor demanda en servicios como el comedor empeora la situación crítica en la que se encuentran, y que podría ocasionar “recortes de personal y servicios” a medio plazo en centros que se encuentran en “quiebra técnica”.
En el colegio público de los hijos de Carmen, en Pinar de Chamartín, le han dicho que no aceptarán tarteras, aunque en la Consejería insisten: “Todos deben dar esa opción”. En la práctica, la libertad de acción de los centros lo que hace es que los padres aún no sepan a qué atenerse. “Hay muchos Consejos Escolares que siguen reuniéndose, pero algunos colegios ya se han cerrado en banda y otros han adoptado las recomendaciones de los directores de cobrar los 3,80 por el 'tupper”, explican en la FAPA Giner de los Ríos. Un precio que tiene una base muy cuestionable. Porque de acuerdo con una disposición de la Consejería de Educación que rige desde hace varios años, los alumnos que ya iban al colegio con fiambrera por cuestiones de intolerancias o enfermedades pagaban –y seguirán pagando- la mitad del importe del menú, o sea, 2,40 euros. Cuestiones de la libertad de cálculo.