El Gobierno de España ha recuperado el presupuesto para Memoria Histórica con una partida récord: 15 millones de euros. Con esta cuantía el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone sobre la mesa un proyecto que aspira a crear una Comisión de la Verdad, abrir las fosas comunes del franquismo y convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, según explica en su proyecto de presupuestos, presentados este lunes y cuya aprobación por el Congreso está pendiente.
Pretende, además, reabrir la Oficina de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil que cerró el PP nada más aterrizar en Moncloa, en 2012, dice en la explicación del articulado. Todas estas medidas están asociadas a la “reforma integral” de la ley memorialista y a la confección de un plan cuatrienal de la Memoria Histórica en España.
En cuanto a los desaparecidos forzados, el proyecto establece la elaboración de un plan anual de exhumaciones, la actualización del mapa de fosas (sin tocar desde 2011) o la creación de un Banco Nacional de ADN y un Censo Nacional de Víctimas.
También los presupuestos recogen la “dignificación del Valle de los Caídos como cementerio civil”, una idea que avanzó Pedro Sánchez, cuando confirmó que no se haría allí un lugar de reconciliación por la simbología que arrastra. El Valle es ya un cementerio con más de 33.000 cadáveres en fosas debajo de la basílica donde está enterrado Franco. El informe de expertos encargado por Zapatero ya estableció que se debe considerar un cementerio público aunque esté en suelo de la Iglesia. Los presupuestos no especifican qué consecuencias concretas puede tener la consideración de “cementerio civil”.
Las cifras del proyecto de Memoria Histórica
Del total de 15 millones de euros presupuestados, las cantidades más importantes son las relativas a “búsqueda de desaparecidos” y la recogida de muestras genéticas de familiares de víctimas del franquismo.
Cada partida está dotada con 3 millones de euros. El “Plan anual de exhumaciones de fosas comunes” recoge además convenios con la administraciones locales (0,35 millones) y con comunidades autónomas (17.000 euros). Las “visitas a fosas comunes” suman 60.000 euros y 0,2 millones los “encuentros con familiares de víctimas”.
La cuantía más elevada corresponde a la “expedición de certificados de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”, con 3,2 millones. Las “consultas resueltas” en el ámbito de la ley de Memoria suman 1,5 millones, la única partida que sí continuaba vigente los años anteriores, con 0,5 millones en 2017 y 2018.
Otros 0,3 millones caben para las “actuaciones de dignificación del Valle de los Caídos como cementerio civil”. Con menor cuantía aparecen ideas como la “conmemoración en distintas ciudades del 80 aniversario del exilio republicano español” (40.000 euros), las “unidades didácticas y de divulgación de la Memoria Histórica en la enseñanza y la sociedad en general” (20.000), los “estudios sobre Memoria Histórica en España” (17.000) o la “elaboración de un Censo Nacional de Víctimas” (mil euros).
Apuesta por la Memoria Histórica
Con este plan España rescata la apuesta por la Memoria Histórica como uno de los ejes de la acción de Gobierno. “Cuando hablamos de memoria, hablamos también de justicia”, queda explicado en el proyecto presupuestario estatal. “Hay que asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y a la obtención de las adecuadas garantías de no repetición”, continúa el texto.
La idea base es la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y reconocer el deber del Estado para, como reclama Naciones Unidas, impulsar el acceso de las víctimas del franquismo a la verdad, justicia, repetición y garantías de no repetición.
Para concretar estas políticas públicas, el Gobierno ha elaborado un listado de prioridades que, especifica, “se pueden concretar” a través de una “reforma integral” del propio articulado legal y en la “elaboración de un plan cuatrienal de la Memoria Histórica en España”.
Claves del proyecto memorialista
Como claves aparece la “constitución de la Comisión de la Verdad” y de un Consejo Nacional de Memoria Histórica. El Ejecutivo también quiere atacar el estatus y la “dignificación” del Valle de los Caídos al catalogarlo “como cementerio civil”. Un paso que tiene como telón de fondo la salida de Cuelgamuros de la momia del dictador Francisco Franco y el futuro de los restos de todas las personas allí enterradas.
En cuanto a las intervenciones arqueológicas en fosas comunes con víctimas del franquismo, el Gobierno pretende activar un plan anual de exhumaciones que se llevará a cabo en colaboración con “Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos a través de convenios”.
Abrir el melón educativo
El Gobierno de Sánchez plantea además abrir el melón educativo con la inclusión de “unidades didácticas y de divulgación de la Memoria Histórica en la enseñanza y la sociedad en general”. Caben, en este punto, “ciclos de conferencias, jornadas y congresos”.
El presupuesto memorialista planea crear un “Grupo de Trabajo de Expertos” en la materia y estrechar la “colaboración con las asociaciones de víctimas y familiares”, además de con colectivos de Memoria Histórica, organismos públicos y privados que entren en el ámbito de aplicación de la ley.
Y las cuentas abren la puerta a la “convocatoria para proyectos” sobre “conocimiento de la verdad” que estarán dirigidos a “asociaciones, ayuntamientos, universidades o grupos de investigación”, entre otros.
La última partida destinada a temas memorialistas data de 2012, con 2,5 millones. Desde entonces, el expresidente Mariano Rajoy le impuso “cero euros” durante dos legislaturas. En seis años, José Luis Rodríguez Zapatero sumó unos 20 millones de euros para memoria. Ahora, esos 15 millones y el presupuesto general debe quedar aprobado por el Congreso. Las políticas memorialistas en España están insertas en las cuentas generales del Ministerio de Justicia y serán ejecutadas, de salir adelante, a través de la recién creada Dirección General para la Memoria Histórica.