El Ayuntamiento de Madrid está terminando de perfilar el pliego de condiciones que regulará la compra de 150 viviendas a particulares destinadas a alquiler social como parte de la cartera de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Todos los pisos, que también se asignarán a personas dentro del plan de emergencia, tendrán que cumplir una serie de mínimos no negociables, según han avanzado fuentes municipales a eldiario.es.
Las viviendas deberán contar con más de 50 metros cuadrados si son de dos dormitorios y 70 si tienen tres. Los propietarios no podrán tener ningún tipo de deuda (hipoteca o derramas sin pagar) y se dará prioridad a las que se sitúen en los barrios de Villaverde, Carabanchel, Vallecas, San Blas y Arganzuela. Excepcionalmente se podría adquirir algún piso en otras zonas y con más de tres dormitorios –en este caso, de más de 80 metros cuadrados–.
Pero no todos los propietarios de casas que cumplan estas condiciones podrán intentar vender su piso al Ayuntamiento. El consistorio no comprará casas unifamiliares, ni apartamentos con dormitorios sin ventanas, ni terceros o superiores en bloques sin ascensor, ni viviendas que no tengan al menos dos estancias que den al exterior. Son las líneas rojas para garantizar la habitabilidad de los inmuebles, cuyo proceso de compra espera terminar el equipo de Carmena antes de que termine este año.
La tasación de las viviendas se hará por partida doble, y a partir de los dos criterios –el de la EMVS y el de una entidad tasadora independiente– se calculará un precio medio. El Ayuntamiento establecerá un valor máximo por metro cuadrado y distrito.
Si es necesario hacer algún tipo de reforma en el interior, el coste será rebajado, adelantan fuentes municipales, que no dan una cifra concreta del presupuesto que tienen previsto gastar en esta operación de compra y acondicionamiento de pisos para las personas en situación de vulnerabilidad.
Menos avances de los prometidos
El equipo de Ahora Madrid hizo de la inversión en vivienda social una de sus principales banderas desde el comienzo de la legislatura. El nuevo gobierno municipal encontró una cartera de viviendas reducida tras la venta por parte del equipo predecesor de Ana Botella de 1.860 pisos de la EMVS al fondo buitre Blackstone. Pero, ¿cuánto han avanzado en esta cuestión en un año de gobierno?
Además de la compra de viviendas a particulares y a bancos (de esto último no hay más detalles por ahora), el Ayuntamiento firmó en enero un acuerdo de cesión con la Sareb de 300 viviendas de las cuales hoy, ocho meses después, solo hay una veintena en condiciones para realojar a personas en situación de vulnerabilidad.
Marta Higueras, primera teniente de alcalde y ahora alcaldesa en funciones, justifica que 170 de las viviendas estaban okupadas en el momento del traspaso. “En muchos del resto estamos teniendo dificultades porque están en condiciones precarias. Algunas viviendas han sido devueltas porque la reforma costaba más de 5.000 euros y así lo teníamos conveniado con la Sareb”, abunda. Los casos de las personas que están ocupando pisos sin título legal para ello están siendo estudiados para “facilitar su permanencia si cumplen unos requisitos” de renta y tiempo en la vivienda.
Manuela Carmena también se comprometió a construir 3.570 pisos para alquileres sociales –se ha eliminado la venta y el arrendamiento con opción a compra– durante los cuatro años de legislatura. Las obras tendrían que comenzar en septiembre, pero previsiblemente no se iniciarán hasta diciembre o incluso principios del próximo año y el número de viviendas total será inferior al anunciado.
“No sé si se van a poder construir tantas, el proceso es muy largo. Tarda al menos dos años y medio en completarse. El problema no es la falta de presupuesto, tenemos remanentes”, explica Higueras en conversación con eldiario.es. Carmena dijo en abril que destinaría un presupuesto inicial de 278 millones de euros para la levantamiento de estos inmuebles.