La Comunidad de Madrid acuerda suprimir el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado este martes a un acuerdo por el que se autoriza la supresión del Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, según ha confirmado eldiario.es. Este fue el centro en el que cursó su máster Cristina Cifuentes, a la que este martes la Fiscalía ha pedido 3 años y medio de cárcel por falsedad documental, y también Carmen Montón y Pablo Casado.
Según informa EFE, fuentes del Ejecutivo madrileño han precisado que el acuerdo ha sido adoptado antes de conocerse esta misma mañana que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por considerarla inductora de la falsificación “a sabiendas” del acta de la defensa de su TFM.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos había acordado por unanimidad el pasado 21 de septiembre la disolución y cierre administrativo del Instituto de Derecho Público. Antes, el 27 de julio, la URJC anunció que durante este curso permanecería cerrado.
La web del Instituto ya no se encuentra operativa, con un mensaje que indica que “el Instituto de Derecho Público ha cesado su actividad académica” y que “la Universidad Rey Juan Carlos ha empezado los trámites para su clausura definitiva”. Se añade que, si se es un antiguo alumno o alumna, puede dirigirse “a los servicios generales de la URJC para cualquier cuestión al respecto”.
El Instituto de Derecho Público pertenecía a la URJC y estuvo dirigido desde su creación hasta abril de 2018, cuando fue suspendido tras el escándalo del 'caso máster', por Enrique Álvarez Conde. Durante ese tiempo tuvo CIF propio y autonomía de gasto, sin depender de la URJC, y no colgaba sus cuentas públicamente. El Instituto se creó en 2001 y fue aprobado en 2005 por el gobierno de Esperanza Aguirre, según consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El fiscal, además de a Cifuentes, acusa a Álvarez Conde de ser coautor indirecto de la falsificación del acta, y reclama para él tres años y nueve meses de prisión. También a la profesora del Instituto Cecilia Rosado, para la que pide 21 meses, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación; y a María Teresa Feito, ex asesora de la Comunidad que presionó a la Universidad, para la que solicita otros tres años y tres meses de prisión.
