El colapso estaba cerca y hubo que elegir. Durante la fase aguda de la pandemia, la Comunidad de Madrid estableció criterios para que los médicos de Atención Primaria designaran qué pacientes de COVID-19 podían y no podían ser trasladados desde sus casas a hospitales. El protocolo con fecha de 23 de marzo, al que ha tenido acceso eldiario.es, recomendaba dejar fuera a pacientes con “compromiso respiratorio” si tenían más de 80 años y “enfermedad en órgano terminal”, aquellos con demencia moderada o grave, con cáncer en fase terminal o si tenían una enfermedad con “expectativa de vida inferior a un año”.
El 23 de marzo, un tercio de todos los casos de COVID-19 se concentraban en Madrid (10.575 de 32.089). También acumulaba más de la mitad de todos los fallecidos en España (1.263 de 2.182). En esas circunstancias, la circular de manejo de pacientes en Atención Primaria remitida por la Consejería de Sanidad a los centros de salud avisaba: “Las previsiones para los próximos días señalan un aumento del número de pacientes con infección por COVID-19 y del número de casos con síndrome respiratorio agudo grave”. Se trataba de una “situación excepcional y de catástrofe” que obligaba, decía, a “establecer criterios de justicia distributiva que respondan a criterios clínicos y científicos”.
Así, estas directrices distinguían entre “pacientes susceptibles” y pacientes “no susceptibles” de traslado. En los no susceptibles entraban esos grupos muy mayores con patologías serias o pacientes con enfermedades muy avanzadas. En estos casos, se indicaba mantenerlos en el domicilio y disponer un tratamiento para aliviar los síntomas de la disnea; es decir, la falta de aire. Se prescribe la aplicación de cloruro mórfico para que la sedación haga ceder ese compromiso respiratorio. También añade tranquilizantes y antiespasmódicos.
El documento entiende la seriedad de las decisiones en las que colocaba a los sanitarios, ya que incluye un párrafo que explica: “Si es posible, es recomendable que las decisiones sean tomadas por al menos dos profesionales sanitarios, contando con toda la información disponible en el momento, para que dichas decisiones sean las mejores”.
La Consejería de Sanidad ha explicado a eldiario.es que este documento fue modificado a posteriori y que se eliminó el criterio de edad al añadir que “aunque diversos estudios muestran como edades extremas se asocian a comorbilidades y que la ventilación artificial prolongada es difícilmente superable en situaciones de fragilidad, la edad por sí sola no es un criterio válido para orientar ninguna decisión”. No ha indicado en qué momento se modificó la circular.
Este documento viene a completar de alguna manera otros protocolos que aplicó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) a la hora de trasladar pacientes frágiles que contraían la COVID-19. Así, el Ejecutivo madrileño indicó una serie de “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” de personas mayores que vivían en residencias. El manual, que publicó Infolibre, tiene características parecidas al hablar de pacientes en situación final de la vida, con enfermedades de órganos avanzadas o con “terminalidad cognitiva…”. En este mismo sentido, algunos hospitales de la comunidad decidieron no admitir a internos de residencias “ante la situación actual y por decisión de la dirección médica”, según el parte de alta de urgencias del hospital Infanta Cristina que ha publicado El Confidencial. El parte era del 25 de marzo.
Estas circunstancias en las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió que había que seleccionar los pacientes ante la presión asistencial contrasta con las palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que el 10 de mayo pasado, dijo que nunca se ocupó el 100% de la UCI. “Hay que tener en cuenta que, en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a ocupar el 100% de las camas”, contestó Díaz Ayuso en una entrevista con El Mundo.
La que era directora de Salud Pública de su Ejecutivo, Yolanda Fuentes, había asegurado en un informe que el sistema había colapsado. La presidenta defendía con esa afirmación su decisión de pedir el paso a la fase 1 de la desescalada contra el criterio de la responsable de Salud Pública que terminó por dimitir ante la postura final de Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid tardó aún 15 días (y dos intentonas fallidas por precipitadas) en estar preparada para iniciar esa fase.
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