Si eres víctima de una agresión sexual, la atención que recibas dependerá del lugar en el que vivas. Las diferencias de abordaje de la violencia sexual entre una comunidad autónoma y otra dibujan un mapa desigual que convierte en “una lotería” los derechos de las mujeres. Es una de las principales conclusiones del informe Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas que Amnistía Internacional ha lanzado este jueves. De hecho, en ocho comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Canarias o Extremadura (incluidas también Ceuta y Melilla) no existen centros especializados para atender a las víctimas.
Ante la práctica ausencia de normativas públicas de carácter estatal que la organización ha comprobado, el modelo de prevención, atención y reparación “ha quedado supeditado a las decisiones que cada comunidad autónoma tome al respecto”, lo que provoca disparidades entre territorios, algo que Amnistía considera “muy grave”. Además, también se producen desigualdades dentro de las mismas comunidades, sobre todo en zonas rurales o fuera de las capitales de provincia. Por otro lado, España carece de los llamados centros de crisis, concebidos para la atención de emergencia y 24 horas, aunque el Ayuntamiento de Madrid anunció la puesta en marcha de uno.
Este escenario conduce a la organización a considerar que “el Estado español está incumpliendo su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios a las víctimas y supervivientes”. Esto tiene consecuencias para las mujeres, que se enfrentan a una situación “desesperanzadora” en la que “recuperar las consecuencias derivadas de la violencia se proyecta en solitario, dificultando la recuperación de su autoestima y la reestructuración de su personalidad”.
A lo largo del estudio, al que pertenece la historia de Mónica, cuya hija se suicidó tras haber sido acosada por whatsapp, la ONG ha constatado cómo las mujeres que sufren violencia sexual “siguen enfrentándose a un camino lleno de obstáculos y adversidades” porque a la ausencia de políticas públicas que la aborden de forma integral y el déficit de formación especializada y en perspectiva de género de los operadores jurídicos, forenses o policiales “se une en muchas ocasiones la falta de un trato adecuado y profesionalizado por parte de los equipos implicados”, lo que “redunda y ahonda en la revictimización de las mujeres ante el sistema que debería protegerlas”.
Amnistía Internacional echa la vista atrás para concluir que mientras en los últimos años se han dado importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja -con la Ley Integral de 2004 como punto de partida-, otras violencias, como la violencia sexual, “quedaban desatendidas”. Así, sugiere que la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha dejado fuera la cuestión del “desarrollo de una política pública para combatir la violencia sexual” y medidas de reparación.
Un procedimiento judicial traumático
En este sentido, la ONG denuncia que apenas se han desarrollado campañas de sensibilización sobre el tema y pone sobre la mesa el déficit estadístico que rodea a esta realidad. En cuanto al acceso a la denuncia, asegura que el trato que recibe una víctima que acude a una comisaría “depende de la sensibilidad personal de quien la asista” porque no existen protocolos o directrices “desde un enfoque de derechos humanos y de género”. Así, aunque algunas mujeres entrevistadas para el informe han valorado positivamente la actuación policial, muchas otras han lamentado que el primer contacto fue “bastante traumático”, lo que provoca una pérdida de confianza en las instituciones.
Entre otros testimonios, la organización ha recabado el de Gloria y Andrés, dos padres de una niña que con 12 años fue acosada por redes sociales. Cuando se enteraron, acudieron a la comisaría de Policía a denunciar, en la que lo primero que se encontraron fue a un agente que comenzó “a reñir” a Gloria por permitir que su hija dispusiera de un móvil propio. Durante la toma de la denuncia, Andrés estaba junto a su hija, que se encontraba nerviosa y avergonzada, pero fue apercibida por uno de los agentes delante de su padre: “Niña, no te rías”, le espetó.
En cuanto al ámbito sanitario, Amnistía Internacional denuncia que “la heterogeneidad” de actuaciones puede “comprometer los derechos de las víctimas y supervivientes” y cuestiona la inexistencia de un protocolo que garantice el mismo procedimiento de los médicos forenses en todos los territorios y hospitales. Algunas víctimas han hecho referencia a la larga espera que tuvieron que afrontar, lo que une al trauma estrés, cansancio y que tengan que esperar sin ducharse y vestirse, algo que corroboran los forenses entrevistados, que lo asocian a una ausencia de personal.
El informe también aborda el procedimiento judicial, sobre el que la mayoría de abogadas especializadas consultadas afirman sigue lastrado por “prejuicios y estereotipos en la mayoría de juzgados” que tienden a “dudar de las víctimas, minimizar las agresiones o, en el peor de los casos, a responsabilizarlas de los hechos”. “Todas las mujeres supervivientes y familiares con quienes ha hablado la organizacioÌn, asiÌ como en las entrevistas con las organizaciones expertas en el acompañamiento a las viÌctimas en casos de violencia sexual, han coincidido en señalar su experiencia con el sistema judicial como traumaÌtica”, esgrime el estudio.