La propuesta del Ministerio de Sanidad que implica cerrar la movilidad de Madrid y otras ciudades de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días ha salido adelante en Consejo Interterritorial de Salud a pesar del voto en contra de todas las comunidades del PP menos Castilla y León –cuya consejería de Sanidad es de Ciudadanos–, que se ha desmarcado y ha votado a favor. Madrid también ha votado finalmente en contra, tras una semana de negociaciones con el Gobierno –las otras son Galicia, Andalucía, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta–.También se ha mostrado en contra Catalunya, gobernada por JxC y Erc –este último tiene las competencias en sanidad–. El documento del equipo liderado por Salvador Illa ha tenido el voto favor de todas las del PSOE.
El ministro de Sanidad ha explicado minutos después en rueda de prensa que se da por aprobada con esa “amplia mayoría” y es una “decisión colegiada” del Consejo que será reflejada en las próximas horas en una orden ministerial del Boletín Oficial del Estado. Según la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y del Decreto de 'Nueva Normalidad', en lo referido a actuaciones conjuntas de salud pública, todas las partes tienen obligación de acatar las decisiones, y las acciones requerirán de audiencia con las partes afectadas “salvo en situaciones de urgente necesidad”, en las que el Ministerio podría tomar decisiones.
Unos minutos después, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha contradicho su criterio: según él el acuerdo no es “jurídicamente válido” y su comunidad no acatará, porque no se ha llegado a él por consenso, citando desde la Comunidad esa misma legislación. “En caso de que se publicase en el BOE se valoraría desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid cuales son los siguientes pasos” para ello, ha insistido Escudero. Illa había declarado que no contemplaba “este escenario” de que una región se negase a seguir las acciones.
El documento que Sanidad ha presentado a las Comunidades Autónomas, que es una Declaración de Actuaciones Coordinadas, obliga, a las ciudades que cumplan los criterios propuestos, a: restringir la entrada y salida de personas de los municipios salvo por motivos de fuerza mayor –laborales, educativos, sanitarios, de cuidados, entre otros–; reducir las agrupaciones de personas a un máximo de 6 tanto en vía pública como en espacios privados –se permiten más solo si son convivientes–. También la reducción de aforos de establecimientos y el cierre de la hostelería a las 23:00. Busca aplicarse en ciudades de más de 100.000 habitantes, incidencia superior a 500 por 100.000 habitantes los últimos 14 días, positividad –porcentaje de PCR que se hacen que confirman el caso– de más del 10% y ocupación de UCI en la comunidad por encima de 35%. La tasa de 500 de incidencia la califica el Ministerio de “extrema” en el borrador.
Madrid había llegado a un preacuerdo anoche aceptando estas medidas que anunció Illa, pero el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha dinamitado a primera hora de esta tarde y ha pedido nuevos criterios, entre ellos, limitarlo por distritos y no por municipios y medir también la capacidad diagnóstica. El ministro Illa ha declarado en rueda de prensa que “nadie entiende” la marcha atrás de Madrid en menos de 24 horas. “No me corresponde explicar a mí por qué ha habido este cambio de posición”, ha comentado Illa, pero ayer sí les dijeron que era “un acuerdo”. Así, de “preacuerdo”, lo calificaba también en Twitter el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.
Las medidas de Sanidad no implican que no se permitan los desplazamientos dentro del municipio. Sí especifica el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, varias restricciones de aforo en velatorios (limitados a quince personas en exteriores y diez en interiores), lugares de culto (al 30%) y establecimientos de todo tipo (al 50%, 60% en terrazas exteriores). Las comunidades deberán igualmente “reforzar sus capacidades de detección precoz y control de la enfermedad”.
Andalucía se ha sumado a la petición de “criterios comunes para toda España”, pero basados en indicadores clínicos objetivos y “no teniendo en cuenta sólo tres indicadores escogidos de manera arbitraria sino contemplando también factores determinantes como la densidad de población o la transmisión epidemiológica”. Por ello, hemos emplazado al Ministerio a mejorar el documento para que pueda ser aprobado en los próximos días.