Las condiciones laborales en el sector de la dependencia son tan precarias que ya cuesta encontrar a profesionales para cubrir todos los puestos en residencias, tanto privadas y concertadas como públicas. Si no se modifican esas condiciones, “se agravará lo que ya está sucediendo en algunas comunidades, donde no se encuentran profesionales dispuestos a hacer este trabajo, denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que también recuerda la alta feminización del sector.
“Los riesgos que supone esta situación son evidentes: la falta de atención de las personas dependientes, y que estas labores volvieran a recaer en la familia”, defienden en la Federación de Sanidad del sindicato, y suman a la falta de enfermeras en todo el Estado también una creciente escasez de gerocultoras, sobre todo en comunidades como Baleares. Las primeras encuentran más y mejor empleo en centros sanitarios; las segundas, en hostelería. “Es muy difícil encontrar enfermeras para trabajar por algo menos de 1.350 euros al mes, el salario base según el convenio, y con esas condiciones”, apunta Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.
Un estudio todavía por publicar del Sindicato de Enfermería (SATSE) concluye que en España hay 0,06 enfermeras por cada cama de residencia de mayores –privadas y públicas–, lo que se traduce en una media de 109 pacientes a cargo de cada profesional. En Madrid esa ratio trepa a 261; en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204.
Eso supone, más allá del sueldo, “cargas de trabajo desproporcionadas e inasumibles”, se leía en un comunicado de SATSE. “Las administraciones competentes contratan muy poco personal y las condiciones laborales ofertadas son pésimas. Eso lleva a enfermeras y enfermeros a intentar encontrar trabajo en otros ámbitos asistenciales”, seguía. Lo desarrolla Mar Rocha, su portavoz: “Es un problema que desde siempre se agrava en verano, pero desde hace tiempo perdura durante todo el año. En otros sectores, como la sanidad pública, el personal encuentra más estabilidad. Esas cargas de trabajo desproporcionadas repercuten tanto en la calidad del cuidado del paciente como en la salud del trabajador. Hacen todo lo posible por cubrir la asistencia, pero muchas veces simplemente no se llega”.
Rocha denuncia que, como consecuencia, “se está supliendo el trabajo de las enfermeras y enfermeros con auxiliares, cuidadoras y gerocultores”. Eso tiene dos vertientes: por un lado, “es intrusismo y no garantiza unos cuidados cualificados asignados a la titulación”. Por otro, “recae una responsabilidad sobre otras trabajadoras que no les corresponde. No es lo mismo administrar medicación a un familiar, como se hace en una casa, que hacerlo en un centro sociosanitario, donde se debe asegurar la profesionalidad y las competencias”.
“Damos medicación, y no es nuestra responsabilidad”
Judith es gerocultora en un centro privado de Zamora en el que hay solo dos enfermeras para 132 ancianos. No son suficientes para cubrir todos los turnos: “Al menos serían necesarias tres más”. “Estamos haciendo labores de enfermeras cuando ellas no están. Dando medicación, algo que no nos corresponde: en teoría solo podemos trasladarla, o en todo caso administrarla con supervisión. Aliviamos así trabajo de enfermería, pero acumulamos el nuestro. Antes había menos enfermeras en verano, pero ahora es tanto en verano como en invierno”, relata Judith. Afirma que con sus 12 años de antigüedad y un salario base de 1.200 euros al mes es la que más cobra de los trabajadores de su rango en la residencia.
Según el Real Decreto de 1995 que regula el Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, estos profesionales pueden preparar las medicinas y luego administrarlas pero siempre con supervisión de un enfermero. También cuenta sobre esto Pilar, técnico auxiliar en una residencia de la Generalitat de gestión privada en Barcelona, en la que llevan tres meses sin cubrir una baja de una compañera enfermera. “Vivimos con presión, aguantando el tipo. En muchos turnos en los que debería haber más enfermeras, no las hay. Si nosotras nos equivocamos con la medicación, somos sancionadas. No tenemos un Colegio como el de Enfermería para defendernos. No nos va en el reconocimiento ni en el sueldo”.
Ana, por su parte, es enfermera en una residencia privada de Palma desde hace tres años y medio, aunque lleva seis en el sector. El verano lo describe como “terrorífico”. Se ha visto sola o con una sola compañera para atender a casi 300 personas: “Hacemos lo que podemos y delegamos lo que podemos”. “Empiezas normalmente a trabajar en una residencia como un extra, así hace casi todo el mundo en la isla. Con contratos parciales, casi todo el mundo lo compatibiliza con el hospital, hasta que pueden irse del todo. Yo me he quedado a largo plazo por compromiso con mis compañeros y los abuelos, pero no es lo habitual”.
Cada vez más contratos a tiempo parcial
Las técnicos en cuidados auxiliares apuntan además que durante estos años han visto cómo ha aumentado la precariedad: “Cada vez se ven más contratos del 50% y hasta del 25% de horas”. Lo confirma Antonio Cabrera desde CCOO: “Tanto es así que en el Plan de Igualdad que estamos firmando empresa por empresa, el primer punto es reducir el tipo de contratos de hasta el 25% y ampliar los de jornada completa”. Cabrera también señala a algunos grupos empresariales que se han puesto directamente en contacto con su sindicato por su problema con la falta de personal.
Desde el SATSE, como parte de la solución, están desarrollando una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que establezca una ratio mínima de profesionales de enfermería para preservar “la seguridad de los pacientes”. “Nosotros cumplimos con los plazos y hemos conseguido 500.000 firmas de apoyo, aunque la inestabilidad política nos complica la vida a todos”, lamenta Mar Rocha, que no confía en que la propuesta vaya a tratarse en el Congreso a corto plazo.
“El problema irá a más: somos un país que cada vez aumenta más su esperanza de vida, cada vez hay más enfermedades crónicas... habrá más personas en residencias”, advierte Rocha. En España hay ahora mismo 256.000 personas reconocidas como dependientes pero a la espera de su prestación, 140.000 esperando ser valoradas y 1.100.000 usuarios –aunque no todos están en residencias–.
Según el borrador de la ley que impulsa SATSE, las ratios de personal de enfermería se calcularían en el Consejo Interterritorial, “ya que no solo es cuestión de número sino que depende del tipo de paciente y su dependencia. No es matemático, son personas en situación muy vulnerable”. Cristina, otra técnico auxiliar que trabaja en Gipuzkoa, donde estos días estaban convocadas huelgas, da cuenta de esa vulnerabilidad. Ella, a pesar de ser delegada sindical, no se ha sumado al paro. “Los abuelos no son maquinaria, son personas y tenemos un compromiso. Si iba a la huelga, simplemente ya no había nadie para llevarles al baño”.