Tras un invierno caliente por las reivindicaciones a favor de la sanidad pública parecía que la primavera sería tranquila. Los pactos, fruto en ocasiones de arduas negociaciones, y los compromisos de las administraciones allanaron el camino a la tranquilidad a pocos meses de las elecciones. Sin embargo, los focos de un incendio avivado por una multitudinaria manifestación celebrada en noviembre en Madrid son diversos y están repartidos. En más de media docena de comunidades autónomas continúan las protestas y tienen todavía convocadas jornadas de huelga a las puertas de las urnas.
El nuevo calendario de paros lo ha inaugurado este mismo martes Galicia. La Xunta había sorteado la huelga en los últimos meses, en los que se han sucedido las protestas de personal y ciudadanos por el “desmantelamiento” de la Atención Primaria. La convocatoria es ahora indefinida y responde, según el sindicato minoritario CESM, al “deterioro galopante” de la sanidad gallega. En la primera jornada tuvo un seguimiento del 60% según el sindicato y del 14,8%, según la Consellería. En el horizonte de objetivos está la jornada laboral de 35 horas, la equiparación de la remuneración por hora de guardia, extender el complemento específico y actualizar los módulos de atención continuada.
Precisamente, un comentario del consejero de Hacienda de Madrid sobre la reivindicación de las 35 horas es lo que ha caldeado el ambiente entre los facultativos de los hospitales en la Comunidad. El sindicato médico Amyts había convocado varias jornadas de huelga de médicos hospitalarios. A finales de marzo desconvocó una de ellas tras “el avance en las negociaciones”, que pasaban por mejorar el precio de la guardia, reactivar los traslados, mejorar las listas de espera y reducir la jornada laboral.
“Mientras todo el resto de la gente trabaja 40 horas, a ellos les parece que es mucho trabajar 37 y media. Teniendo su plaza de por vida, cosa que no tienen el resto de los trabajadores, creen que, a diferencia del resto de los trabajadores, deberían trabajar cinco horas menos”, afirmó Javier Fernández-Lasquetty. Estas declaraciones del consejero de Hacienda de Ayuso –un viejo conocido de la sanidad pública madrileña, que prendió hace una década la mecha de las mareas blancas con su plan para privatizar hospitales en la época de Esperanza Aguirre– causaron indignación entre los sanitarios.
El último día de marzo, el comité de huelga se reunió con la Consejería de Sanidad por última vez. Un encuentro en el que constataron que desde Sol no se había presentado “posicionamiento concreto sobre el incremento de la hora de guardia ni otras retribuciones”, ni sobre los salientes de guardia, ni sobre jornadas más flexibles y que ni siquiera se pudieron tratar otras reivindicaciones. “La huelga hospitalaria del próximo 19 de abril sigue adelante”, indicaban desde el sindicato, a la vez que hacían notar su “profundo malestar” por “las desafortunadas declaraciones” de Lasquetty.
No es el único frente de la Consejería madrileña. Las organizaciones sindicales Satse, CCOO, CSIT-UP y UGT han convocado a los trabajadores del Sermas para los días 19 de abril y 8 y 26 de mayo. Esta última a dos días de las elecciones autonómicas.
Euskadi también ha comenzado el año con protestas en varias ciudades: Bilbao, Vitoria, Donostia, Tolosa, Barakaldo... Las reivindicaciones, encabezadas por diferentes colectivos, como pensionistas, sindicatos, sanitarios y ciudadanos, se centraban en la defensa de la sanidad pública frente a la privatización de Osakidetza y servicios como la atención a domicilio.
Cierres y recortes
Una gran mayoría sindical ha convocado ahora una huelga para los días 18 y 19 de mayo, a las puertas de las elecciones municipales y forales –en las que se eligen las diputaciones vascas–. Las centrales ELA, LAB, UGT y CCOO además de las corporativas Satse y SME alertan de un “desmantelamiento” en Osakidetza, principalmente en Atención Primaria, y denuncian “cierres y recortes” en algunos PAC (puntos de atención continuada) y en servicios de Urgencias, así como una “sobrecarga sistemática de trabajo en todas las categorías”. El comité de huelga reclama al Departamento de Salud vasco la reducción de ratios en Primaria, “recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010” y celebrar elecciones sindicales.
A finales de marzo, decenas de miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades de Andalucía para denunciar que el sistema público está “en la UCI”. Unas protestas que se producen mientras el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha abierto la puerta, por primera vez en España, a la privatización de la atención primaria. El trasvase de fondos públicos a la privada va más allá de ese plan. Como adelantó en exclusiva elDiario.es, la Junta autorizó tres transferencias de créditos del Servicio Andaluz de Salud de hasta 55 millones de euros para pagar contratos a dedo con clínicas privadas adjudicados en el marco legal más laxo que permitió la pandemia.
El Sindicato Médico Andaluz, que ha sido capaz de canalizar el descontento en los últimos meses, había alcanzado un acuerdo con la Consejería de Salud el pasado 25 de enero. El pacto pasaba por reducir las agendas de Primaria a los 35 pacientes al día y los 25 en pediatría, pero dos meses después “ni se ha llegado a tiempo a las negociaciones, ni a día de hoy están las medidas tomadas”, denunciaba el presidente de la organización sindical Rafael Carrasco para anunciar la convocatoria de una nueva huelga de 12 horas en este primer escalón asistencial para este miércoles 12 de abril, que se repetirá cada semana hasta las elecciones de mayo.
Esta primera jornada, el sindicato ha contabilizado un “buen seguimiento” con una “distribución irregular”, que habría llegado al 50% en algunas provincias. La Junta, que había impuesto servicios mínimos del 100% en los servicios de urgencias y del 30% en consultas, lo ha cifrado en un 3,38%.
La Comunitat Valenciana es otra de las que ha pactado limitar las agendas a un máximo de 35 citas diarias, 28 en pediatría, y reducir las jornadas a 35 horas semanales. Para el primer compromiso se crearán módulos en Primaria, se liberarán profesionales y se asignarán otros específicos para cubrir las citas que excedan de ese límite. Para el segundo, el acuerdo con SATSE, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical daba de margen hasta el 1 de enero de 2025. De ese pacto se descolgó el sindicato médico CESM, que considera que dejan fuera las reivindicaciones de Hospitalaria, SAMU y MIR. Esta organización ha convocado un nuevo paro para el próximo 8 de mayo.
Otra comunidad en la que se desconvocó una huelga sin consenso ha sido Navarra. La mayoría sindical que representan LAB y UGT firmaron un acuerdo el pasado 21 de marzo que dejaba sin efecto el paro previsto para dos días después. “Se plasman mejoras organizativas y económicas para toda la plantilla de Osasunbidea y se consiguen encaminar parte de las reivindicaciones exigidas desde la intersindical”, apuntaban las organizaciones.
SAE, ELA y CCOO, que quedaron fuera de ese pacto, consideraban que lo firmado no incorporaba ningún “respaldo presupuestario” ni servirá “para mejorar las condiciones laborales de la plantilla”, por lo que convocaron un nuevo paro, que se celebró el pasado 4 de abril. Lo hizo con un seguimiento mínimo, del 0,37% de los profesionales de Osasunbidea, que los convocantes achacaron a unos servicios mínimos “abusivos” y al efecto desmovilizador de la decisión de LAB y UGT.
En Canarias, el sindicato médico lleva semanas denunciando el “colapso” de los servicios de urgencias y amenazando con medidas de presión que se han materializado este martes. La organización sindical ha anunciado un preaviso de huelga para el próximo 8 de mayo ante la falta, a su juicio, de medidas concretas por parte de la Consejería. Mientras, el consejero del ramo, Blas Trujillo, ha defendido su gestión, ha recordado que el gasto sanitario está “por primera vez en la historia por encima de la media nacional” y ha considerado “irresponsable” esta convocatoria a las puertas de unas elecciones.
En Asturias, donde se habían alcanzado un acuerdo con los sindicatos médicos que incluía una mejora salarial y una redistribución de las guardias, también se han producido protestas esta semana. La plataforma 'Salvemos la Atención Primaria', que agrupa a una veintena de organizaciones sociales, profesionales y sindicales, se manifestaron este miércoles para reclamar una “mejora de forma radical” en este primer escalón asistencial con la que hacer frente a una situación “límite”.
Una decena de colectivos se manifestarán en Mérida el próximo 22 de abril, encabezados por el movimiento Extremadura por la Sanidad Pública, ante lo que consideran un “continuo deterioro”. Y en Cantabria, donde toda la actividad quirúrgica extraordinaria lleva paralizada un mes y medio ante la falta de acuerdo con los profesionales, el Servicio de Salud (SCS) acaba de ofrecer a los médicos de todas las especialidades que quieran operar por las tardes una subida media del 10% para deshacer el nudo.
A la espera de que se materialicen los acuerdos alcanzados en las últimas semanas en muchas comunidades y con las nuevas reivindicaciones sobre la mesa, el último Barómetro Sanitario del CIS arroja datos preocupantes. El 39% de los pacientes que fueron derivados a un especialista en el último año tardaron en ser atendidos más de tres meses y el 41,7%, entre uno y tres meses y una de cada cuatro personas que necesitaron ver a su médico de familia esperó once días o más, lo que pone de manifiesto la saturación de atención primaria que denuncian los profesionales.