El Congreso ha iniciado este martes el trámite para impulsar una reforma que elimina algunas trabas que actualmente se encuentran los huérfanos por violencia machista en el acceso a las herencias o las indemnizaciones que les corresponden. La toma en consideración de la iniciativa se produce en un momento de repunte de los crímenes machistas que sacó el viernes pasado a miles de mujeres a las calles y seguirá ahora su trámite parlamentario. En la práctica, supone el primer paso para que la ley resuelva algunos de los problemas a los que se enfrentan a la hora de gestionar los trámites sucesorios derivados del asesinato de sus madres a manos de sus padres y el cobro de las indemnizaciones cuando no son dinerarias impuestas por los jueces a sus progenitores.
La proposición de ley, presentada por el PSOE a instancias de una propuesta de la Fundación Mujeres, agiliza los procedimientos y sugiere exenciones fiscales para algunos supuestos que, según la organización, están impidiendo que los huérfanos accedan a sus derechos. El texto tiene por objetivo “eliminar ciertas incertidumbres y trabas” para “paliar, al menos en parte” la situación de “extrema vulnerabilidad” que a todos los niveles enfrentan estas personas, 300 de ellas menores de edad desde 2013. Al impacto psicológico, emocional y vital se les suman en muchas ocasiones dificultades económicas y burocráticas que alargan o directamente imposibilitan cobrar lo que les corresponde, incide la propuesta.
Ningún grupo político votará en contra de la norma, según han avanzado los diputados en el debate, aunque como es habitual, Vox ha utilizado su turno para cargar contra la concepción de la violencia machista e intentar equiparar todos los tipos de violencia. Tanto el partido de extrema derecha como el PP han anunciado que intentarán por la vía de enmiendas extender las medidas al resto de huérfanos. En el otro lado, Lidia Guinart, del PSOE, ha defendido que su objetivo “es mejorar su vida en la medida de lo posible y procurar que no sea más difícil de lo que ya es”.
La propuesta legitima a los huérfanos para que puedan liquidar los bienes gananciales, paso previo a la herencia y que actualmente está sujeto a la interpretación de los tribunales, que en ocasiones obligan a que el asesino esté de acuerdo; y también elimina dos impuestos que deben pagar al recibir ciertos bienes en la herencia, por ejemplo la vivienda, y al percibir la indemnización que deben pagarles sus padres por orden de un juez cuando es en forma no dineraria. En ambos casos, estas cargas están llevando a que muchos no puedan acceder a los cobros.
Críticas por la vía de tramitación
Sin embargo, también ha recibido críticas por falta de ambición o por la vía escogida para su tramitación. Desde el PNV, Joseba Andoni Aguirretxea, ha lamentado “la construcción jurídica” del texto, y Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha reclamado que se incorporen los casos más allá del asesinato en el marco de la pareja o expareja porque “los hijos de mujeres asesinadas en contextos de trata, prostitución o tras ser agredidas sexualmente quedan fuera”. Y son varios los grupos, entre ellos PNV o Compromís, que han criticado que los socialistas escojan la proposición de ley en vez de su trámite en el seno del Gobierno: “un mecanismo más sencillo y rápido”, según Joan Baldoví, “para mejorar la protección de las personas huérfanas”.
Han sido varias las referencias en esta línea a “la lucha sin cuartel en materia de igualdad entre PSOE y Podemos” en el Ejecutivo, en palabras de la popular Margarita Prohens y que en su opinión “ha llevado a unos y otros a la parálisis”. La diputada ha criticado “que la única iniciativa del Ministerio de Igualdad” haya sido convocar la reunión urgente de hace varias semanas para impulsar una revisión de los protocolos actuales de la que no se ha vuelto a tener noticia. “No hemos visto un avance ni una mejora legislativa en este sentido”, ha lamentado también Sara Giménez, de Ciudadanos.
En la derecha, PP y Vox han anunciado su voto a favor, aunque han insistido en que en el trámite parlamentario propondrán enmiendas para extender las medidas al resto de huérfanos “independientemente de la causa de su orfandad”, ha dicho Prohens, con el objetivo de “que ninguno quede desprotegido”. Desde el partido de extrema derecha, la diputada María de la Cabeza Ruiz ha defendido el habitual discurso de su formación de equiparación de todos los tipos de violencia y ha calificado la proposición de “vulgar medida ideológica para luchar contra la violencia de género, como llaman ustedes a la violencia ejercida por unos salvajes que no merecen llamarse hombres”.
La parlamentaria ha repetido algunos bulos popularizados estos días y habituales en la extrema derecha como que “el 70% de los filicidios”, los asesinatos de hijos a manos de sus padres, “los cometen mujeres”, una cifra que no es real ni oficial, mientras el resto de partidos ha señalado su negacionismo. “Lo de colocarse a varios metros de la pancarta que condena a los asesinatos machistas no vale como apoyo a las víctimas, escenifica esa tolerancia con los violentos que les anima a continuar. Si no se apoya a las víctimas se está apoyando al maltratador”, ha dicho la socialista Guinart refiriéndose a Javier Ortega Smith, que este lunes se apartó de la pancarta frente al Ayuntamiento de Madrid en un minuto de silencio por las niñas asesinadas en Tenerife.
La propuesta de reforma
La propuesta modifica varios artículos de diferentes normas para tres supuestos: en primer lugar, legitima a los huérfanos para que puedan autorizar la liquidación del régimen económico matrimonial de sus padres cuando es de gananciales, un paso previo para recibir la herencia y que hasta ahora está sujeto a “incertidumbre”. La idea es terminar con la disparidad en la interpretación que hacen los tribunales: algunos aceptan que el huérfano sea quien inste a la liquidación en representación de su progenitora, pero otros obligan a contar con el acuerdo del hombre que ha asesinado a sus madres. Algo que “les está perjudicando” porque “está retrasando que puedan acceder” a su derecho cuando no hay acuerdo del asesino, “con las consecuencias negativas que ello puede generarles”, especifica el texto.
Para estos casos, la norma propone además atribuir a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que ven estos procedimientos, la competencia sobre la liquidación del régimen económico matrimonial en el caso de que sean los herederos de las mujeres fallecidas por violencia machista quienes los inicien.
Además la ley sugiere eliminar dos impuestos: uno, el que deben pagar los huérfanos al recibir la herencia de sus madres en el caso de algunos bienes, por ejemplo, la vivienda en la que residían, y que está sujeto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que según ha detectado Fundación Mujeres, que ayuda a estas familias en los trámites, “supone una significativa carga económica que puede afectar gravemente a la viabilidad de su adquisición”.
Ocurre lo mismo, según la organización, con las indemnizaciones que los jueces obligan a pagar a los asesinos por responsabilidad civil y que en ocasiones, al no tener liquidez, deben solventarlo mediante otros bienes como la vivienda. Cuando son dinerarias, estas retribuciones están exentas de tributación indirecta, pero no ocurre lo mismo en el caso de que no lo sean, cuando se requiere el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados que muchos huérfanos “no se pueden permitir”, según ha denunciado Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, por lo que se quedan sin acceder a la indemnización.