El Congreso apoya la ley de muerte digna de Ciudadanos, que propone medidas ya reguladas por ley
El Pleno del Congreso ha apoyado este jueves la ley de muerte digna, planteada hace un año por Ciudadanos y que garantiza el derecho de las personas a morir con dignidad, sin alargar su sufrimiento y a respetar sus decisiones cuando se encuentran en este proceso del final de la vida.
Realmente estos derechos ya se recogen en la Ley General de Salud (1986) y la Ley de Autonomía del Paciente (2002), que reconocen los cuidados paliativos y la sedación cuando la persona está en proceso terminal. La pega que ponen algunos expertos y activistas proeutanasia, como la asociación Derecho a Morir Dignamente, es que no siempre se cumplen, ya que es el médico quien tiene la llave para decidir en qué momento se activa la sedación y si se activa. Desde 2002 existe la posibilidad de dejar registrada las voluntades en un testamento vital que regulan las comunidades autonómas y rechazar un tratamiento sin tener que abandonar el hospital. La Ley obliga a los médicos a consultar en los registros si el paciente tiene un testamento vital.
Aunque la sedación y los cuidados paliativos están garantizados en estas dos leyes, Ciudadanos ha presentado esta ley específica con la que pretende garantizar que se cumple realmente con la voluntad del paciente. En ella habla de sedación paliativa y sedación en fase de agonía (en la que el paciente ya no está consciente) y recoge un régimen sancionador.
También hace hincapié en que “la presente ley se configura como norma estatal básica que reconoce en nuestro país una serie de derechos a todas las personas, con independencia del territorio o de la Administración sanitaria encargada de velar por su tratamiento en el proceso final de la vida”, en referencia a las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias y que ya han desarrollado.
PP, PSOE y Ciudadanos, que suman mayoría, habían adelantado que respaldarían la ley, que da garantías jurídicas a los profesionales sanitarios aunque han mostrado sus discrepancias en cuanto al régimen sancionador de la norma.
Así, el PSOE ha defendido que sean las comunidades autónomas que ya cuentan con legislación sobre esta materia las que tengan las competencias, un aspecto sobre el que Ciudadanos ha mostrado su rechazo (prefiere que sea el Estado), en tanto que el PP ha insistido en que sin un régimen sancionador la norma está incompleta.
Cuando salga adelante en el Congreso tendrá que iniciar su recorrido para pasar el examen del Senado.
Paralelamente, la ley de eutanasia del PSOE sigue su recorrido parlamentario, aunque le faltan escollos por solventar, por ejemplo la oposición del PP que quiere evitar su aprobación. En este caso sí se plantea que los pacientes en situaciones de incapacidad o enfermedades terminales puedan pedir que se ponga fin a su vida. Ciudadanos aseguró hace unos meses que apoyaría esta norma.
En el debate parlamentario de la iniciativa este jueves, desde Ciudadanos, su portavoz en la materia, Francisco Igea ha recordado que en España mueren cada al año 50.000 personas sin cuidados paliativos por lo que en España “se muere mal”.
Igea ha señalado que la medicina no fracasa con la muerte sino que lo hace “con la soledad” y ha apuntado que esta ley garantiza que nadie pueda ser engañado por un medico con falsas promesas y que, en cambio, se les pueda inducir al sueño para no sufrir.
Pilar Cortés, del PP, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de esta ley “especial” ya que afecta a todos por igual al margen de la ideología, familia o lugar de residencia. Ha reconocido la labor de la ponencia durante los 14 meses de trabajo aunque ha señalado que no está completa si no se incorpora el régimen sancionador o una enmienda de UPN -partido que se ha opuesto- para que en los cuidados paliativos también esté reconocido el derecho a la asistencia espiritual y religiosa.
Amparo Botejara (Unidos Podemos) también ha estimado que en España se muere mal y ha esperado que esta ley sirva para corregir esta situación, si bien ha advertido de que tiene que estar dotada de financiación porque si no, “no tendrá utilidad”.
Grupos nacionalistas como PNV y ERC han coincidido en que la norma invade competencias y es innecesaria porque ya hay comunidades que cuentan con legislación propia y esta nueva ley puede complicar el trabajo “donde se hacen bien las cosas”.
