La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia está a un paso de ser una realidad en España. El Congreso ha dado luz verde este jueves al dictamen procedente de la Comisión de Derechos Sociales por 268 votos a favor, 57 en contra –de Vox y el PNV, aunque por motivos diferentes– y 16 abstenciones. La norma cuenta con consenso de la mayoría de los grupos y las organizaciones de infancia, que llevan años reclamándola, y ha sido celebrada ampliamente por el pleno como “un antes y un después” en nuestro país. Pero también mantiene abiertas algunas discrepancias que se han evidenciado en el debate y que previsiblemente acabarán de pulirse en el Senado, a donde se dirige ahora el texto.
Su paso por la Cámara Baja se ha producido algo más de una década después de que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendara a España la puesta en marcha de un marco legal similar al de la Ley contra la Violencia de Género, es decir, que fuera integral y desplegara medidas en todos los ámbitos. La mayor parte de los grupos han destacado el trabajo hecho durante la ponencia y la incorporación de cuestiones relevantes que han modificado sustancialmente el texto, que partió con duras críticas de organizaciones feministas y de infancia: de las 600 enmiendas presentadas, se han adherido más de 200, junto a 75 transaccionales, la última la acordada este mismo miércoles para ampliar el tiempo que tienen las víctimas para denunciar delitos graves.
Así, entre otras cosas, la ley alarga el tiempo de prescripción de la pederastia, que empezará a contar cuando los supervivientes tengan 35 años y no 18, como ocurre actualmente. También blinda el derecho de la infancia a ser escuchada en los procedimientos que le afectan y otorga un mayor valor a su testimonio o establece el deber de que cualquier ciudadano comunique si presencia o tiene conocimiento de una situación de maltrato, aún cuando no sea constitutiva de delito. En el ámbito judicial se generalizará la prueba preconstituida, que implica que los niños y niñas de 14 años para abajo no sean obligados a declarar más de una vez cuando son víctimas de un delito e impulsa la probación de protocolos específicos en centros de protección o los que realicen actividades deportivas.
Todos los grupos a excepción de la ultraderecha de Vox han celebrado el paso adelante que supone la norma, cuyo anteproyecto fue aprobado en segunda lectura el pasado verano por el Consejo de Ministros. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha intervenido al final del debate en el Pleno en nombre del Gobierno y ha destacado que el texto “tiene un cometido fundamental”, el de “mandar un mensaje claro y promover un cambio de paradigma como el que ya promovió la Ley contra la Violencia de Género en 2004”. Porque “una sociedad democrática no puede ni por activa ni por pasiva tolerar la violencia hacia los niños”, ha manifestado antes de acusar a la Iglesia ante las quejas de la bancada popular de ser “cómplice en demasiadas ocasiones” al “encubrir la violencia sexual”.
Prohibición del SAP
La tónica general de la sesión ha estado marcada por el aplauso a la norma, que según la diputada de Unidas Podemos Lucia Muñoz hará que la violencia hacia los niños y niñas “deje de ser un asunto privado para convertirse en un asunto público” que apele a toda la sociedad. Y es que las cifras, que la parlamentaria socialista Sonia Guerra ha puesto sobre la mesa, hablan por sí solas: “Cada año, 38.000 menores en nuestro país sufren violencia”. Pero es un maltrato habitualmente silenciado y oculto. “Solo uno de cada cinco denuncian –ha proseguido Guerra–. Es decir, de cada 100 que sufren violencia, 80 la silencian”. Son estimaciones, porque la falta de datos es uno de los puntos ciegos que impide dibujar el mapa real de esta violencia y una de las cosas que pretende solventar la ley con la creación de un registro de información.
A la tribuna han ido subiendo los representantes de los partidos, que han destacado algunas de las aportaciones que hace el texto: entre ellas la prohibición del Síndrome de Alienación Parental (SAP), inexistente y no avalado por organizaciones científicas que se usa para privar a las mujeres de las custodias de sus hijos e hijas que frecuentemente han denunciado violencia sexual o de género por parte del padre. También el refuerzo de la protección de los menores en los casos de violencia machista, a través de la incorporación de la violencia vicaria en la Ley Integral contra la Violencia de Género o la suspensión del régimen de visitas si el padre tiene una orden de alejamiento, salvo que el juez emita una resolución motiva en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial.
También en la derecha la ley ha despertado posiciones favorables. Tanto Ciudadanos como el PP han aplaudido su aprobación por ser un “importante avance legislativo”, en palabras de Sara Giménez, del partido naranja. Sin embargo, también han resaltado algunas cuestiones que consideran que han quedado pendientes en el debate parlamentario, entre ellas, que cuente con una “garantía presupuestaria” para “que no ocurra como con la dependencia, que por estas cuestiones en muchos casos no ha dado la respuesta que necesitaba”. La popular Alicia García ha lamentado que “la ley llega tarde” y ha afeado que Pablo Iglesias, anterior ministro, “intentara apropiarse de ella”. ERC no ha intervenido por encontrarse su grupo confinado tras el positivo en COVID de uno de sus integrantes.
Las críticas de los nacionalistas
Sin embargo, las críticas más profundas han venido de los grupos nacionalistas y de Vox. Tanto Bildu, como BNG y el PNV han lamentado la “invasión competencial” que a su juicio implica la norma, aunque al mismo tiempo han destacado su importancia, un equilibrio que ha condicionado el sentido de su voto: abstención, a favor y en contra, respectivamente. Más allá de la cuestión autonómica, la parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha concretado en su turno algunos de los elementos de la ley que considera “mejorables” y que mantendrá su grupo en forma de enmiendas para el debate en el Senado: a su juicio, “ha quedado sin atender la violencia institucional” o es “peligroso” que se de a los Servicios Sociales la condición de autoridad, algo a lo que se oponen otros grupos.
También impedir los deshaucios de familias con niños y niñas es otro de los puntos que causan fricciones y que tanto Aizpurua como Muñoz, de Unidas Podemos, han destacado. La formación morada ha aprovechado para reclamar desde la tribuna a su socio de Gobierno, el PSOE, que apoye la enmienda que mantiene viva en este sentido, y que no se ha aprobado en el pleno, así como la que pretende prohibir la asistencia de los menores a espectáculos taurinos, que los socialistas tampoco han respaldado.
Pero la intervención más estridente ha sido la de Vox, que ha utilizado su turno de fijación de posiciones para aludir al aborto y a la familia y así justificar su voto en contra. Incluso la diputada Sara López ha llegado a exponer una foto de un bebé recién nacido: “Ustedes que no defienden la vida desde su concepción quieren limpiar sus conciencias con esta ley. Proteger la infancia no es promover el aborto. Eso es violencia, contra la vida de un bebé y de las madres a las que no se les da ninguna ayuda para afrontar la gran experiencia de su vida”, ha clamado en los primeros minutos de su intervención. La extrema derecha ha vuelto a sacar su artillería contra el feminismo, y ha acusado a los demás partidos de “introducir su pacto con el diablo de género y potenciar la cultura antifamilia” en una norma que, ha concluido, “pretende la destrucción de la familia, de la vida y de España”.