Investigar el dinero republicano incautado por los golpistas de Franco para indemnizar a los afectados. El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de esta proposición de ley enviada por el Parlament de Catalunya para reformar la actual legislación memorialista, aunque el texto podría encontrar encaje en el trámite parlamentario de la futura Ley de Memoria Democrática.
La medida, debatida en el Pleno de la Cámara, ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos, la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Y ha encontrado el trazo grueso de la formación ultra, que ha lanzado su “segundo aviso” contra la ley que repara a las víctimas del franquismo. Una postura criticada desde PSOE, Unidas Podemos y el resto de grupos políticos que apoyaron la investidura, incluso Ciudadanos.
La reforma busca resarcir a los particulares, o sus herederos, a los que el régimen franquista incautó papel moneda y otros signos fiduciarios republicanos. La cifra total requisada por la naciente dictadura franquista oscila según las fuentes consultadas y debe ser sometida a estudio, han apuntado grupos políticos como el PNV.
Un informe del Banco de España fechado el 11 de marzo de 1938 eleva la incautación a 35 millones de pesetas, que serían al cambio más de 3.000 millones de euros, con unos 1.500 afectados. La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) presenta una base de 747 familias a quienes los golpistas embargaron más de 10,5 millones de pesetas que serían en la actualidad más de 900 millones de euros.
El Gobierno de Mariano Rajoy bloqueó la iniciativa en 2017 alegando que atender la demanda supondría “un aumento de los créditos presupuestarios” del Estado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez revocó el veto después de la moción de censura aunque la reforma no ha entrado, hasta ahora, en discusión parlamentaria. Tanto PP como Vox señalan que detrás de la medida está la “mano negra” del juez Baltasar Garzón, que reclamó un paso similar en 2015.
Encaje en la futura ley de Memoria
“Estamos a las puertas de la nueva Ley de Memoria Democrática, ese es el marco natural del debate que atañe a esta propuesta”, ha sostenido el diputado del PSOE Marc Lamuà. Los socialistas esperan “aprobar este trámite para que enriquezca el debate” del nuevo marco legal para “ahí diseñar y desplegar los mecanismos” que ayuden al Estado a “resarcir” a las familias que sufrieron el expolio de la dictadura franquista.
El parlamentario ha defendido las figuras de Largo Caballero e Indalecio Prieto de “las barbaridades revisionistas de la ultraderecha en Madrid”. “Unos señalan y otros ejecutan, conocemos el método, señorías, porque lo hemos sufrido”, ha espetado Lamuà a Vox.
La propuesta del Parlament “no es equidistante, no tiene en cuenta a todos” y sirve “para beneficiar a unos pocos y sin garantías”, ha asegurado la parlamentaria del PP María Jesús Moro. La “deriva” del PSOE le lleva “otra vez mirar atrás y romper el pacto de reconciliación”, entiende Moro. Una actitud que hace “crecer el enfrentamiento y división” social en mitad de “una pandemia donde nos hunde nefasta gestión Gobierno”, opina.
La reforma es “justa, necesaria y urgente” y “aborda uno de los temas tabús desde la Transición, la represión económica del franquismo”, en palabras de María del Mar García Puig desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GCUP-EC-EM). El “expolio” “abocó a familias enteras a la miseria y el hambre” y “la población civil no ha recibido lo que se le robó desde la ilegalidad golpista”, ha subrayado.
“La única modificación que podríamos compartir sobre esa ley liberticida es su derogación”, apunta Vox como “segundo aviso”. “Los canjes que ahora se pretenden de forma irregular fueron realizados y ejecutados por miles de ciudadanos que pudieron satisfacer el cambio sin problema”, ha defendido el ultraderechista Juan José Aizcorbe, que ha recordado los “fondos incautados en zona roja”.
Quienes sufrieron el expolio del 'dinero rojo' “para poder cobrarlo tenían que ir acompañados de gente afín al régimen franquista” y este extremo “lo ha obviado Vox”, ha criticado desde Ciudadanos Guillermo Díaz. “Nuestra democracia va a reparar lo que una dictadura rompió”, subraya el parlamentario naranja.
El parlamentario del PNV Mikel Legarda ha reclamado que la reforma legal sirva para “investigar el total dinero incautado” ya que existe “gran divergencia sobre su cuantía” y del número de familias afectadas. El diputado vasco ha solicitado que la iniciativa “se tramite” junto a la futura nueva Ley de Memoria Democrática.
“Ustedes son los rescoldos de aquella extrema derecha”, ha afeado a Vox la diputada de En Comú Podem en el Parlament de Catalunya Jéssica Albiach, que ha presentado en el Congreso la iniciativa. Y ha apelado a PP y Ciudadanos a que “rompan el secuestro emocional que tienen con Vox” porque “son la vergüenza de la derecha europea”.
Cientos de familias afectadas
El caso se remonta a los primeros meses de la Guerra Civil, cuando los golpistas confiscaban el dinero republicano en cada zona que caía en sus manos. Las autoridades del franquismo emitían un recibo a cambio que, en muchos casos, nunca fue reintegrado a sus legítimos propietarios.
La proposición de ley busca “resarcir a los que vieron cómo la venganza les hizo perder casi todo”, ha expuesto el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol. La propuesta quedó aprobada “por unanimidad” en el hemiciclo catalán, ha recordado el parlamentario del PSC-PSOE Ferran Pedret.
El texto registrado por el Parlament de Catalunya busca compensar a particulares cuyos ahorros fueron incautados por los golpistas, como ya ocurrió con sindicatos y partidos políticos. La iniciativa reconoce en sólo dos artículos “el derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios” republicanos.
No es la primera vez que se abre el debate del llamado “dinero rojo”. El enero de 2015 el despacho del exjuez Baltasar Garzón presentaba una reclamación al Consejo de Ministros para la devolución del dinero incautado por el dictador. El Tribunal Supremo rechazó indemnizar por esta reclamación.
Antes de estas propuestas, en 2007, el Congreso rechazaba devolver en euros del dinero incautado por el franquismo o guardado por las familias. En aquella ocasión, PP y PSOE se oponían a una medida de ERC y CiU para establecer compensaciones para el canje del dinero.
Las demandas de Garzón solicitaban la indemnización a los afectados porque la privación patrimonial fue consecuencia de una serie de normas dictadas por las autoridades golpistas. Las más significativas con rango de ley, como fueron el Decreto-Ley de noviembre del 36 que entró en vigor de forma inmediata por decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos y el Decreto de agosto del 38 por el que se creaba el 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo'.
A partir de aquel momento coexistieron dos monedas diferentes, monedas que valían según si estaban en la parte republicana o golpista de España. La estrategia del franquismo era usar el dinero como arma de guerra al introducir un sistema de pagos que rompiera con la República, que forzara los precios y la velocidad monetaria en la 'zona enemiga'. Una decisión que afectó a la población civil al privarla de medios de pago legítimos.
Los billetes eran confiscados por el ejército de Franco “de forma coactiva”, ya que su mera tenencia era considerada “contrabando”. En esa consideración entraba cualquier signo fiduciario, incluido papel moneda, certificados de plata, 'talones especiales'… Pero el dinero no se destruyó. El dinero puesto en circulación por el Gobierno republicano tenía valor en el extranjero y en zona republicana. Y fue usado por el franquismo, dentro y fuera del país.