A pesar de la evidencia científica sobre el daño que provocan, el Congreso ha blindado por ley la presencia de las especies invasoras favoritas de los pescadores y cazadores en los ríos y montes para poder convertirlos en trofeos cinegéticos.
El pleno ha aprobado las enmiendas finales de la modificación de la ley de Biodiversidad promovida por el Partido Popular para burlar la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que impedía el aprovechamiento cinegético deportivo de variedades catalogadas como exóticas invasoras. Un buen puñado de estas especies son codiciadas por los pescadores como el lucio, el siluro, la carpa o la trucha arco iris. El carnero del Atlas se caza en Murcia. Todas ellas han sido mencionadas este jueves por la portavoz del PP, Teresa de Lara. El PP consideró que la situación “ha supuesto un impacto económico negativo para los municipios rurales en los que estas actividades deportivas, turísticas y de ocio se llevan a cabo”.
El Partido Popular ha sido apoyado desde el principio por PNV y PdCat, pero ha sido la decisión de Ciudadanos la que ha volcado la decisión de lo que el diputado de Equo, Juantxo López Uralde, califica como “la culminación de la contrarreforma ambiental que ha llevado a cabo el Partido Popular”. Uralde ha sentenciado esta mañana en el Congreso que se trata de “la defensa de intereses económicos concretos frente a los interés del bien natural común”. A lo que el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet ha contestado: “Los efectos negativos de las especies invasoras están claras. Pero también tienen efectos positivos en zonas determinadas. Que deben delimitar las comunidades autónomas”.
El PSOE ha votado en contra tras abstenerse en el Senado. De hecho, los socialistas se opusieron a tramitar la ley en una primera intentona en junio de 2017, pero luego sí admitieron que se abriera el proceso de reforma en octubre de ese año. De Lara ha resumido que su proposición aporta “soluciones a la protección del medio ambiente y la protección actividad y empleo de los sectores cinegético y piscícola”. Y ha añadido que a pesar de que luchar contra las espeies invasoras es necesario, algunas de ellas “no suponen problema ambiental alguno” allí donde “estén presentes desde antiguo”.
La nueva versión de la ley que sale del Parlamento introduce que la conservación debe tener en cuenta “las exigencias económicas, sociales y culturales”. Este proyecto es fruto de todo un proceso en el que el PP intentó amnistiar diversas especies cuyos dictámenes técnicos colocaron en la lista de invasoras, con probado perjuicio para la biodiversidad española, de manera que pudieran seguir siendo aprovechadas.
El Gobierno de Mariano Rajoy modificó en 2013 el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras para que, por ejemplo, la carpa, la trucha arco iris o el arruí fueran excluidos. El Supremo anuló esa decisión. La proposición legislativa que ahora llega a término no se refiere únicamente a los animales de aquella primera amnistía sino que se basa en que “es preciso encontrar una solución que compatibilice la protección del medio ambiente con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola”, según han expuesto los populares.
Las especies exóticas invasoras llegan, se adaptan y prosperan en los ecosistemas a expensas de las variedades autóctonas. Ejemplos hay muchos: la carpa, extendida por toda la red fluvial, está considerada entre las 100 invasoras más dañinas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El principal enemigo del visón europeo en la península ibérica, en grave peligro, es el visón americano que llegó desde las explotaciones peleteras. En las Tablas de Daimiel, la invasión biológica de peces trofeo que ha entrado con el agua de los embalses ha obligado a un programa específico de eliminación ante el “hiperdesarrollo” de las poblaciones exóticas de lucios, carpas o percasoles que destruyen el lecho del parque nacional y devoran las variedades locales.
Pérdida de diversidad biológica
La Convención de la ONU para la Diversidad Biológica establece que las especies invasoras son la primera causa de pérdida de biodiversidad en las islas y la segunda en los continentes. Sin embargo, la ley que se vota en España este jueves tiene un artículo específicamente diseñado para mantener la introducción de una de estas variedades: la trucha arcoiris. Se justifica esta práctica para “restar presión de pesca a la trucha autóctona”. Es decir, como hay un nivel de pesca muy alto, se autoriza a meter en los ríos cantidades de ejemplares de arcoiris cada temporada (seleccionadas para que no se reproduzcan) para satisfacer la demanda de los anzuelos.
“No sabemos qué intereses se defienden con esta modificación. Desde luego que los de la naturaleza, no”, sentencia Theo Oberhuber, miembro de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que recurrió al Tribunal Supremo. Oberhuber repite que con esta ley solo se satisface a un “grupo pequeño: los pescadores”.
Lo cierto es, con las enmiendas que han llegado desde el Senado, el criterio científico sobre las especies invasoras se ve, como poco, tamizado por otros intereses incluidos “los de naturaleza social y económica”. Se podrá sacar especies del catálogo y declararlas “naturalizadas”. Un concepto creado para los animales exóticos que estén “establecidos permanentemente antes de la entrada en vigor de esta ley”, según su texto, que “no tengan efectos significativos en el medio en que habita” y que supongan, de nuevo, “un especial interés, social o económico”. Es decir, un pez que fuera soltado en un embalse para atraer a pescadores y que allí se hayan asentado, por ejemplo.