El Congreso de Ohio aprobó este miércoles una de las leyes antiaborto más restrictivas de Estados Unidos, que prohíbe este procedimiento si se detecta el latido del corazón en el feto.
El Senado de ese estado dio su visto bueno a la versión de la propuesta aprobada anteriormente por la Cámara Baja y que incluye una cláusula que exige que las mujeres se sometan a una prueba de ultrasonidos en la vagina si quieren abortar.
La iniciativa recibió el apoyo de 18 votos y tuvo 13 en contra en la Cámara Alta, mientras que en la Baja recibió el respaldo de 56 legisladores frente a 39.
La nueva ley tendrá ahora que ser firmada por el gobernador de Ohio, Mike DeWine, que ya se ha manifestado favorable a la misma.
En un comunicado, la senadora demócrata Nickie J. Antonio hizo un llamamiento a sus colegas para que trabajen “por una legislación que aborde los problemas reales de las familias de Ohio: la salud maternal e infantil, una asistencia sanitaria asequible, la pobreza infantil y el acceso a buenos trabajos”.
“Estoy junto a las mujeres de Ohio, confío en que las mujeres son completamente capaces de tomar decisiones personales importantes”, dijo Antonio.
Aparte de añadir el requisito de someterse a ultrasonidos en la vagina, que pueden detectar el latido del corazón del feto a los seis semanas, cuando la mayor parte de las mujeres no saben que están embarazadas, la versión de la Cámara Baja aprobada hoy elimina una provisión que afirmaba que es interés del estado proteger la vida y salud de las mujeres que busquen asistencia reproductiva.
La senadora demócrata Teresa Fedor criticó en el mismo comunicado a los republicanos que, a su juicio, están haciendo perder el tiempo a los legisladores y desperdician los recursos del contribuyente con una “ley de aborto flagrantemente inconstitucional”.
“No solo desafía a la ciencia, es inhumano -agregó Fedor-. No permitir excepciones como las violaciones, incesto o por la vida de la madre, los republicanos garantizan la muerte de mujeres en este estado”.
En la nota, las senadoras demócratas señalan que la nueva normativa criminaliza a los profesionales sanitarios y contempla penas de cárcel para los médicos que lleven a cabo abortos.
A nivel nacional, aunque en 1973 el Tribunal Supremo abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores, como Texas, Michigan, Misuri y Virginia, han puesto cortapisas legales para impulsar su denominada agenda “provida”.
El fallo de 1973, en el caso “Roe vs Wade”, técnicamente no indicó que el aborto sea legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo.