La consulta en la que el asesino de Nagore Laffage figuraba como trabajador asegura que “no atiende pacientes”
El nombre de Diego Yllanes Vizcay aparecía en la página web de la consulta, antes de que saltara a las redes sociales. El asesino de Nagore Laffage, condenado a 12 años y medio de prisión por matar a la joven en los Sanfermines de 2008, ocupaba uno de los huecos que la consulta especializada en psicología y psiquiatría Dr. Carlos Chiclana dedica en Internet a los miembros del “Equipo asistencial”. Aunque ahora ya no aparece ahí, la cuenta de Twitter de la empresa ha querido apagar la polémica enviando un mensaje en el que afirma que “no atiende a pacientes” y que “colabora en tareas de ayuda a la investigación”.
Diego Yllanes Vizcay, que todavía cumple condena, aunque en tercer grado desde el pasado mes de julio –solo va a prisión a dormir–, es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, según el currículum al que se puede acceder desde la página de la consulta Dr. Carlos Chiclana. Y así era tal y como aparecía en la misma, junto a una foto suya, según se puede ver en la versión en caché de la web, que revela cómo se mostraba, por ejemplo, el día 3 de diciembre.
La información que ofrece Internet alude a que la empresa se dedica a la atención médica y psicológica, además de a impartir talleres y formaciones, desde diferentes ámbitos y cuenta con consultas en Madrid y Sevilla. Junto a Yllanes, el apartado dedicado al “Equipo Asistencial” cuenta, en el encabezamiento, con el director médico Carlos Chiclana, habitual en algunos medios de comunicación. Es autor, además, de un libro titulado “Atrapados en el sexo”.
La aparición de Diego Yllanes Vizcay en esta web ha provocado numerosas reacciones en redes sociales.
Yllanes fue condenado por la Audiencia Provincial de Navarra en una sentencia de 2009 por haber asesinado a la joven después de que se negara a mantener relaciones sexuales con él. “A Nagore la mataron porque dijo que 'no'”, asegura su madre en una entrevista con eldiario.es. El asesinato puso los Sanfermines en el mapa de la violencia contra las mujeres, pero no fue juzgado como un caso de violencia de género –como tampoco lo ha sido el proceso de 'la manada'–.