Cada compra anticipada de millones de dosis de vacunas por parte de cualquier país o región es una acción que se anuncia a bombo y platillo. Hay muchas esperanzas depositadas en estos tratamientos preventivos y garantizar a la población que podrá contar con su dosis en el futuro se ha convertido en una importante baza política en todo el mundo. En ese sentido, la Unión Europea (UE) anunció hace alrededor de un mes que había asegurado la compra de 300 millones de vacunas (ampliable a 100 millones más) a AstraZeneca. También se han firmado precontratos con cuatro farmacéuticas más que se encuentran evaluando sus vacunas en ensayos clínicos: 225 millones de dosis a CureVac, 200 millones a Janssen (ampliables a 200 millones más), 300 millones a Sanofi–GSK y 80 millones a Moderna. En total, la UE contará con 1.100 millones de dosis de vacunas, como mínimo, siempre y cuando todas estas vacunas demuestren seguridad y eficacia, algo que no está en absoluto garantizado.
La gran difusión mediática sobre la adquisición de vacunas por parte de los estados europeos contrasta con el secretismo que rodea las negociaciones y los contratos firmados entre la Comisión Europea, los Estados y las farmacéuticas. Los detalles de los acuerdos, las personas encargadas de negociar con las empresas farmacéuticas y los procesos de negociación son, hasta ahora, confidenciales. Hasta tal punto son desconocidos que ni siquiera el Parlamento Europeo conoce las condiciones por las que se adquirirán las vacunas.
El pasado martes 22 de septiembre eurodiputados de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo solicitaron más transparencia en la compra de las vacunas contra el coronavirus. Este llamamiento tuvo lugar durante una reunión conjunta entre parlamentarios europeos, la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Médicos Sin Fronteras y las farmacéuticas Sanofi-GSK y CureVac (Astrazeneca declinó participar) bajo el título: “Cómo asegurar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para habitantes de la UE: los retos en los ensayos clínicos, en la producción y en la distribución”.
Esta falta de transparencia entre los Estados y las farmacéuticas no se trata de un hecho aislado, sino que es la norma en la mayoría de países. En España, por ejemplo, se desconocen los criterios que emplea la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos para fijar los precios de los fármacos que se recetan. Estos detalles son confidenciales y los procesos de negociación entre la industria farmacéutica y las administraciones sanitarias públicas españolas son opacos.
¿Cuáles son las consecuencias del secretismo en la compra de medicamentos? En primer lugar, esta falta de transparencia no permite saber a la población y a los expertos si la fijación de los precios y las condiciones de los contratos se han realizado correcta y honestamente. Por otra parte, que los detalles no se hagan públicos favorece la implantación de precios más elevados para los medicamentos porque obstaculiza la competitividad. En la práctica, esto lleva a precios diferentes porque los hospitales, las comunidades autónomas o los países (según cada caso) desconocen el precio de los medicamentos fijados para otros. Además, la industria farmacéutica tiende a “inflar” sus gastos de I+D de medicamentos para tener más poder a la hora de negociar con las administraciones y así ampliar sus márgenes de beneficios (más elevados que en prácticamente cualquier otro sector).
Médicos Sin Fronteras ha publicado recientemente una declaración en la que solicitan que todos los Estados de la UE se adhieran a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la distribución equitativa y justa de las vacunas contra la COVID–19 en todo el mundo. También afirman en dicho comunicado: “Se debería exigir transparencia total a las corporaciones para que revelen los costes de I+D y producción, los precios en todos los países, la situación de la propiedad intelectual y los acuerdos de licencia y de transferencia de tecnología. La responsabilidad reside en este Parlamento para asegurar que toda la financiación, los acuerdos de compra por adelantado y los contratos estén disponibles públicamente. El secreto y privilegio comercial no deberían interponerse a la respuesta a esta crisis de salud global”.
La OMS lleva años solicitando también una mayor transparencia en diferentes facetas de la industria farmacéutica, como los ensayos clínicos, los diferentes factores que determinan el precio de los medicamentos o las patentes. En agosto, Italia fue el primer país del mundo en tomar medidas contundentes en este asunto. Como explica Belén Tarrafeta, farmacéutica experta en gestión sanitaria y acceso a medicamentos, este país “publicó un decreto que obliga a la industria farmacéutica a una transparencia total para que sus medicamentos entren en el paquete de medicamentos que son reembolsados por la sanidad pública. Esto implica inversiones en I+D, fondos públicos recibidos, gastos en marketing, beneficios, precios negociados para otros países, publicación de datos, etc.”.
Detalles ocultos
Tarrafeta explica que “se sabe muy poco sobre precios y nada sobre las condiciones de prepago, ni qué pasa si una vacuna falla. Tampoco está claro cómo se van a cumplir las cantidades y plazos de entrega. Todo ello es fundamental para hacer planes y estrategias de vacunación, si hay vacuna. Y para aumentar la confusión tenemos las negociaciones bilaterales por un lado y multilaterales a través de COVAX por el otro, sin que nos acabe de quedar claro si los intereses de unas chocan con las otras, y qué negociación prevalecerá en caso de problemas de abastecimiento”.
Además, los detalles sobre las posibles indemnizaciones que asumirán los estados para ayudar a las farmacéuticas si aparecen efectos indeseados o inesperados por las vacunas contra el coronavirus tras su comercialización tampoco son públicos. Y la EMA reconoció el pasado 22 de septiembre que, hasta ese día, esta institución no había recibido ningún dato sobre los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas contra la COVID-19 y que su proceso para revisar las vacunas comenzará cuando cuenten con estos datos de los ensayos clínicos. Esta agencia añadió que cuando se produzca la autorización o la retirada de una vacuna en la UE, la información sobre este producto con datos anonimizados se publicará a los tres días.
La identidad de las personas de la Comisión Europea que están negociando con la industria farmacéutica las condiciones de las vacunas también es prácticamente un misterio. Solo se ha revelado la identidad de uno de los siete individuos involucrados, gracias a la investigación del periódico belga HLN: Richard Bergström, copropietario de la farmacéutica PharmaCCX, involucrado en empresas que ofrecen servicios a múltiples multinacionales farmacéuticas y director general de la patronal de la industria farmacéutica innovadora europea durante años. Ni las preguntas de la prensa ni las de los parlamentarios sobre quiénes son las otras seis personas que están negociando los contratos sobre las vacunas contra el coronavirus han conseguido que la Comisión Europea haga pública esta información. Por otro lado, el periódico holandés Algemeen Dagblad informó de que la Comisión Europea está obligando a los estados miembros a mantener en secreto los contratos de adquisición de vacunas.
La ONG Observatorio Europeo Corporativo, cuyo objetivo es mostrar los efectos de los lobbies corporativos en las decisiones políticas de la UE, ha realizado dos solicitudes de Libertad de Información a la Comisión Europea para que publiquen los datos sobre las negociaciones y los acuerdos de precompra de vacunas contra la COVID-19: “Hemos solicitado acceso a los contratos de las vacunas y pedido recibir toda la correspondencia y actas de las reuniones entre los negociadores de la UE y las compañías farmacéuticas”. El 6 de octubre de 2020 finaliza el plazo para que la Comisión Europea responda a dicha ONG.
Como apunta Belén Tarrafeta: “La falta de transparencia sobre contratos y precios no es nada nuevo. Pero la circunstancia que agrava la negociación en torno a la vacuna COVID es la ingente cantidad de dinero público inyectado en el desarrollo de la vacuna y en aumentar la capacidad de fabricación. Parece legítimo esperar que los resultados de esa inversión, incluyendo conocimiento científico y tecnológico, además de la posible vacuna, sean de dominio público. Y lo mínimo esperable es claridad y transparencia sobre los contratos relativos a una vacuna que, si finalmente se consigue, será gracias a todos”.