El coordinador del informe sobre pederastia: “Si la Iglesia no cumple con lo que se espera de ella, el Estado también es responsable”

El penalista Josep Tamarit (Barcelona, 1971) ha pasado los últimos 15 meses inmerso en uno de los proyectos más apasionantes de su carrera profesional: coordinar la redacción del primer informe oficial e independiente sobre los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. El texto, que parte de un encargo del Parlamento al Defensor del Pueblo y en el que han colaborado 17 expertos de diferentes perfiles, da voz a las víctimas, certifica la “dimensión estructural o sistémica” de un problema que desde sectores de la Iglesia se había circunscrito a “casos esporádicos” y hace propuestas específicas de reparación que han soliviantado a la jerarquía eclesiástica. 

Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Oberta de Catalunya y experto en victimología, Tamarit afirma que la “negación” del problema por parte de la Iglesia ha sido “una de las cosas más dolorosas para las víctimas”. Y pide a la institución católica —que define como “muy plural”— que reconozca la gravedad del problema, haga “modificaciones” en aspectos que permitan reducir el riesgo de abuso y que repare a las víctimas. No obstante, también destaca la responsabilidad subsidiaria de los poderes públicos: “Si la Iglesia no cumple con lo que se espera de ella, el Estado también es responsable”, subraya. 

¿Qué valoración general hace del informe? ¿Está satisfecho?

Haber hecho el informe tarde en relación a otros países ha tenido la ventaja de que teníamos la experiencia de otras investigaciones, lo que nos daba información y perspectiva para situar el problema en un contexto más amplio. Pero eso también nos obligaba a evitar una demora excesiva, por lo que hemos trabajado mucho y en muchos frentes para que estuviera listo en 15 meses. Además, hemos afrontado la dificultad de que no teníamos acceso a información completa de lo que podía tener la Iglesia católica, que en otros países sí ha abierto los archivos. 

Afirma que la Iglesia no ha puesto a disposición de los expertos toda la documentación en su poder. ¿Cómo valora su colaboración? 

La encomienda partía del Congreso de los Diputados, no de la Iglesia, que la recibió de entrada con cierta reticencia, aunque acabó expresando una voluntad de cooperación. Esta cooperación se ha producido pero ha sido dispar en cuanto a los distintos actores. No hay que olvidar que la Iglesia católica es muy plural. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mantenido más de 80 reuniones con la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, con el decano del Tribunal de la Rota, con las congregaciones… con la voluntad de recabar información y explicar los objetivos del informe para que todo el mundo tuviera la tranquilidad de que no iba contra nadie, sino a favor de la verdad, de revelar lo que había sucedido y buscar el modo de darle respuesta. 

Ha habido obispados que han estado muy reticentes a colaborar. Algunos, incluso, hostiles.

Ha habido respuestas muy positivas por parte de muchas organizaciones, de muchas congregaciones y de algunos obispados. Pero también ha habido obispados que han estado muy reticentes a colaborar. Algunos, incluso, hostiles. Todo eso es parte no solo de la pluralidad, sino de un proceso de evolución. Por lo tanto, en una visión optimista, confío en que poco a poco la Iglesia vaya aceptando la necesidad de reconocer el problema y de cooperar en su solución.

Lo que sabemos por ahora es que la Conferencia Episcopal, aunque ha pedido perdón a las víctimas, ha cargado contra la extrapolación de las cifras del informe y ha afirmado que sólo participará en el fondo estatal si incluye a “todas las víctimas” de abusos. ¿Qué le parece?

Las cifras están claras. Se ha establecido el porcentaje aproximado de la población que habría estado afectada por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Pero da la impresión de que hay gente a la que le cuesta entender cuál es el sentido de una estimación. Es un fenómeno que ha tenido lugar durante muchos años. Y, por lo tanto, esa idea de que si fueran ciertas estas cifras estaría afectando a mucha gente no es así porque las cifras hacen referencia a víctimas, no al número de abusadores. De esas cifras no se infiere que todos los miembros de la Iglesia hayan sido abusadores ni nada parecido. Hay que digerir bien las cifras y hacer una reflexión un poco más sosegada sobre lo que se ha aportado, que viene a demostrar que la magnitud del fenómeno es importante. 

Que la Iglesia participe en un organismo en el que se establecieran ayudas es lo que se prevé en la recomendación. Que esto pueda extenderse a otras víctimas es algo que, en todo caso, debe establecer el Parlamento

También destaco que se hayan fijado en los testimonios, pues es muy importante conocer las consecuencias de los abusos. Y eso sobre todo se percibe a través del análisis de los testimonios, donde hay información suficiente para darse cuenta de la profundidad del problema y de la necesidad de tomarlo muy seriamente.

Por otro lado, que la Iglesia participe en un organismo en el que se establecieran ayudas es lo que se prevé en la recomendación. Que esto pueda extenderse a otras víctimas es algo que, en todo caso, debe establecer el Parlamento o quien tome la decisión de impulsarlo. Estoy muy de acuerdo en que haya otras víctimas que puedan verse beneficiadas, pero la Iglesia debe preocuparse de lo que a ella le tocaría asumir en lo que hace referencia a las víctimas de abusos en la Iglesia, no a las de otros contextos. 

Parece que el hecho de que se hayan puesto cifras ha irritado especialmente a la jerarquía católica… Según ese sondeo, un 1,13% de la población habría sufrido abusos en un ámbito religioso, lo que supondría que hay 450.000 víctimas. 

La extrapolación que han hecho los medios de comunicación viene de una encuesta que se ha hecho con todo el rigor propio de un estudio sociológico. Aunque se ha tomado una muestra representativa de la población, no es una cifra exacta. No queremos que se ponga el acento en la cifra. Que sea esa cifra o un poco menos o un poco más no cambia lo sustancial: que se ha podido probar que ha habido una prevalencia importante del abuso sexual en el contexto de la Iglesia católica, que no son casos aislados. Y que ha habido un problema realmente muy extendido.

España no es el único país que ha elaborado una encuesta. ¿Por qué se incluyó? ¿Fue una cuestión que generó debate? 

En la Comisión estábamos de acuerdo en que este estudio demoscópico tenía que estar en el informe. Era importante, primero, porque disponíamos de muy pocos datos previos. De hecho, el único dato que teníamos era la encuesta que hizo en 1994 el profesor Félix López y que desde entonces ha sido la referencia principal de todos los especialistas en abuso sexual infantil en España. Ahí ya salió que un 1% de la población había sufrido abusos por parte de algún miembro de la Iglesia católica. Pero esa encuesta tiene casi 30 años y era necesario actualizarla y completarla. 

Desde ciertos sectores se había negado que esto fuera un problema extendido y se decía que eran casos esporádicos. Determinar cuántos casos son era fundamental cuando se estaba poniendo en cuestión la dimensión del problema. Lo importante no era conseguir una cifra con una aproximación absoluta a la real, pero que nos hayamos podido acercar a ella sí lo es. La cifra es parecida a la que se ha encontrado en otros países, lo que nos confirma que no está lejos de la realidad. 

¿Además de la cifra se ha detectado que el fenómeno del abuso sexual infantil en el contexto de la Iglesia católica presenta en España características semejantes a las de otros países?

Sí. Se ha encontrado un dato que es constante en todos los países y es que hay más víctimas hombres que mujeres, lo que es una excepción respecto a los abusos sexuales en general. También hay semejanzas en cuanto a edades: se ha encontrado que hay más personas afectadas de edades más avanzadas que de edades más jóvenes. Esto confirma que hubo unos años en los que este fenómeno fue mucho más prevalente y que luego se ha ido reduciendo por muchas razones: hay menos niños en contacto con personas del ámbito de la Iglesia católica, hay menos niños en escuelas religiosas, hay menos clérigos… Hay que pensar que también ha habido otros cambios sociales positivos que han hecho que los abusos sexuales vayan disminuyendo, lo que significa que los esfuerzos que estamos haciendo desde muchos sectores están dando resultados. 

Ahora que una investigación independiente ha acreditado que la pederastia del clero es un fenómeno con una “dimensión estructural o sistémica”. ¿Cuál debería ser la respuesta de la Iglesia?

Nosotros hemos hecho, en primer lugar, recomendaciones a los poderes públicos porque es lo que nos pidió el Congreso. Pero, evidentemente, también hay recomendaciones a la Iglesia porque se han detectado deficiencias en la forma en que ha abordado el problema. Ha habido factores de riesgo que tienen que ver con aspectos estructurales de la organización eclesial, no con aspectos dogmáticos, y que pueden ser cambiados. 

En este sentido, recomendamos a la Iglesia que reconozca la gravedad del problema —la negación ha sido una de las cosas más dolorosas para las víctimas—, que esté dispuesta a hacer modificaciones en aspectos que permitan reducir el riesgo de abuso y que repare a las víctimas. En estos últimos tiempos la Iglesia ha ido introduciendo cambios positivos, pero en gran medida orientados a la prevención más que a la reparación. Le ha sido más cómodo mirar hacia adelante que hacia atrás. Y es bueno que se mire hacia adelante, pero también es necesario mirar hacia atrás sobre todo cuando no se han podido cerrar las heridas y hay gente que necesita un reconocimiento y una reparación.

Una de las principales propuestas en relación a esa reparación es la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado” en el que ambas partes “colaboren” en el reconocimiento, y la reparación de las víctimas de delitos prescritos, que son una gran mayoría. ¿Por qué era importante dar ya una respuesta a estas víctimas? 

Hemos tenido como una prioridad hacer propuestas que permitan dar una respuesta eficaz y lo más pronta posible a las víctimas que hasta ahora no han obtenido ningún tipo de reconocimiento, ni reparación, ni ningún tipo de respuesta. Y, por este motivo, no nos hemos inclinado hacia propuestas como la imprescriptibilidad, que afectaría a los delitos cometidos desde su entrada en vigor, nunca a las víctimas ahora existentes. 

Nos hemos basado en modelos que hay en otros países. Por ejemplo, en el modelo belga, que está basado en un órgano mixto que se creó por acuerdo entre el Parlamento Federal y la propia Iglesia católica y en el que se recogían las demandas de delitos prescritos y, de acuerdo con un baremo, se acordaban unas indemnizaciones que pagaba fundamentalmente la Iglesia católica. La propuesta va en esa dirección. El Parlamento tendrá que concretar cómo quiere hacerlo y ver qué cooperación presta a la Iglesia Católica. Lo ideal sería que la Iglesia católica colaborara y pudiera hacerse una solución en un órgano mixto. 

¿Y qué ocurre si la Iglesia no quiere colaborar?

Si la Iglesia Católica no coopera, nosotros dirigimos nuestra recomendación a los poderes públicos y estos no pueden escabullirse. O sea, si la Iglesia no cumple con lo que se espera de ella, el Estado también es responsable. Nuestra posición se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que el Estado es responsable de los abusos cometidos, al menos, dentro del sistema educativo. Aunque la titularidad del centro sea privado, el Estado tiene un deber de supervisión y si ha fallado en sus obligaciones tiene un deber de indemnización.

Es el Estado el que ha dejado a la Iglesia católica encargarse de la educación. En ningún caso debemos ver esto como que se desvía la atención y que la Iglesia se puede lavar las manos. En primer lugar le toca a la Iglesia, pero en segundo lugar, al Estado

El Estado no puede desentenderse de lo que sucede en el sistema de educación. Y esto es así desde el año 1970, cuando legalmente quedó establecido que una cosa es la titularidad de los centros y otra cosa es la responsabilidad del Estado para asegurar que estos centros sean un entorno seguro para los niños. Es el Estado el que ha dejado a la Iglesia católica encargarse de la educación. En ningún caso debemos ver esto como que se desvía la atención y que la Iglesia se puede lavar las manos. En primer lugar le toca a la Iglesia, pero en segundo lugar le toca al Estado. 

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se dirigió expresamente el pasado viernes al Gobierno, al Congreso y a la Iglesia católica...

Hay que ser optimista. Y por el conocimiento de lo que ha sucedido en otros países se ha detectado que en general la Iglesia católica, como institución, ha hecho una evolución en este tema. En la mayor parte de los países se ha visto el mismo patrón: se ha empezado negando el problema, luego se ha ido aceptando a regañadientes y, finalmente, se ha llegado a una fase de mayor disposición a aceptar, a colaborar, a reparar y a reconocer el problema. España ha ido siguiendo hasta ahora una evolución un poco lenta, aunque en el ámbito de la Iglesia ha habido de todo. 

Desde algunos sectores, especialmente vinculados a la Iglesia, se defiende que la investigación debería extenderse a los abusos en otros ámbitos. ¿Qué le parece esta postura? ¿Por qué tenían que investigarse de forma independiente los abusos sexuales en la Iglesia católica?

Me parecería perfecto que se extendiera la investigación a otros ámbitos, aunque como experto no me toca decir qué va primero o qué va después. Cuanto más conocimiento se aporte sobre la victimización de menores, mejor. Pero había una preocupación especial en la sociedad española respecto a los abusos en la Iglesia católica por su relevancia y por la gravedad del daño, que tiene además una dimensión de daño espiritual que lo caracteriza. Este argumento cuando viene de la propia Iglesia y no va acompañado de otros gestos suena muy defensivo. La Iglesia debería ser la mayor interesada en que se investigara lo que ha ocurrido en su casa. 

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con víctimas tras el informe? ¿Qué le han trasladado?

No es mi rol hablar con las víctimas. Lo único que puedo decir es que en la Unidad de Atención, que todavía no se ha cerrado, se están recibiendo nuevos testimonios. Hay gente que después de haberse presentado el informe ha decidido ir a ofrecer su testimonio.