Crece la presión. Cada vez son más voces las que piden el cierre de los centros educativos, o al menos de algunos, ante el temor a los contagios de la COVID-19. Aunque en algunas partes de España podríamos haber alcanzado ya el pico de la tercera ola, el aumento exponencial de los contagios ha llevado a sindicatos de profesores como CCOO, UGT y CSIF a solicitar la clausura, aunque sea de manera temporal, de colegios e institutos en algunas comunidades autónomas o al menos en ciertas zonas con una incidencia especialmente alta. Esta semana UGT pedía que los protocolos se adaptasen a cada colegio. Remarcaban que, aunque su apuesta es la enseñanza presencial, para que sea inclusiva, equitativa y de calidad, “en momentos críticos como éste deben primar la salud y la seguridad del alumnado y los docentes, siendo necesaria una revisión de la situación particular de cada centro”.
Pero los responsables sanitarios y educativos se mantienen firmes, al menos por el momento: las escuelas son seguras, insisten, y sería peor el remedio que la enfermedad. Lo afirmó la ministra de Educación, Isabel Celaá, el pasado miércoles en una entrevista en este diario: “La presencialidad tiene beneficios para niños y jóvenes que son insustituibles”, explicó, y que estos “no pueden compararse con eventuales riesgos”, razón por la que se ha llegado a un “consenso con las comunidades autónomas de mantener los centros abiertos lo máximo posible”.
Cerrar centros, conviene la administración, será la última opción. Esta situación contrasta con la de otros países como Portugal o Reino Unido, donde las aulas sí se han clausurado. En España, sin embargo, esta opción parece casi un tabú que en este momento solo se contempla junto a un confinamiento domiciliario.
Las cifras oficiales parecen haber dado estos meses la razón a las administraciones, sostienen los expertos, que avalan la afirmación de que el daño de cerrar y perder la presencialidad en la educación puede ser mayor que el beneficio de cerrar. Pero los datos van escalando. El informe semanal que publica el Ministerio de Sanidad cifraba el viernes 22 de enero en 95 los brotes detectados en centros educativos; para el viernes 29 ya eran 241; y este 5 de febrero 413, un récord desde que se registran. Son más que los identificados en residencias (161) y en el entorno laboral (270), casi igual que en el ámbito social (407) y menos que en el familiar (547) y entre los considerados “mixtos” (707). Un estudio de la revista Nature situaba como lo segundo más efectivo para frenar la transmisión de la primera ola haber cerrado los centros educativos, pero lo primero, más que eso, había sido clausurar “los lugares donde la gente se reúne en cantidades pequeñas o grandes durante un tiempo prolongado, incluyendo tiendas, restaurantes, reuniones de 50 personas o menos y trabajo presencial”.
La situación difiere mucho entre comunidades autónomas, según Educación. En Euskadi las aulas cerradas se han multiplicado por 12 desde la vuelta de Navidad, y en Castilla y León por 11 en la última semana. En Catalunya, una de las comunidades que más y mejores datos desgranados ofrece sobre la cuestión, los grupos confinados se han más que duplicado en las últimas dos semanas.
Correas de transmisión
La incidencia no solo ha crecido en las escuelas, sino en toda la sociedad: la del 6 de enero estaba poco por encima de 300 casos acumulados; la semana pasada, algo por debajo de 900. La clave, explican expertos, es que los colegios no están multiplicando los contagios, sino que reproducen la situación de su entorno o incluso actúan como elemento de contención. “Las escuelas traducen lo que sucede de puertas afuera, si hay más incidencia fuera, llegarán más niños contagiados en las escuelas”, explica el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat. “Si hubiera más casos me preocuparía, pero que se confinen más aulas no quiere decir que estén pasando cosas peores, sino que los protocolos están funcionando, se detectan casos y se clausuran aulas”.
Bassat sostiene que los centros son seguros, en una línea similar a la de Toni González, portavoz de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos Fedadi o Vicent Mañes, su homólogo de los centros de Primaria en Fedeip. Al menos todo lo seguro que pueden serlo. “Creo que los padres pueden estar tranquilos. Yo lo soy”, recuerda el pediatra, aunque entiende la preocupación “por la situación general del país”. Mañes confirma que “casos de contagio en la escuela no se dan, o si se dan es residual”, una impresión similar a la que tiene González. Bassat esgrime el que para él es el argumento definitivo: “Hay más contagios durante las fiestas, cuando los niños no van a las escuelas, que durante las clases”, afirma.
El expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) Pere Godoy no lo tiene tan claro. “Es imposible afirmar que las clases son seguras, o como mínimo muy difícil”, contesta el también jefe de vigilancia en Lleida. “No porque los niños sean supercontagiadores como se decía al principio de la pandemia, sino porque son personas, si contraen el virus lo llevan a casa como cualquier otra, en su caso además muchas veces de manera presintomática o asintomática”, sigue, “y no se puede negar que cualquier lugar en el que se agrupa gente, sea un centro escolar u otro de otro tipo, puede actuar de centro centrifugador al resto de la comunidad. También hay franjas de edad: ya hemos visto que el segmento de 3º de la ESO a Bachillerato tiene mucha interacción social y es más difícil de controlar”, afirma.
Quienes presionan por el cierre afirman que es difícil encontrar lo que no se está buscando. Francisco Javier Pérez Soriano, profesor de Secundaria y experto en salud laboral, explica que el problema es que en los centros no se está haciendo cribado y el alumnado tiende a ser, en buena medida, asintomático, de manera que no se detectan los posibles positivos. Pero luego sí se está detectando en padres o abuelos. “El orden de detección en este caso es fundamental. Si se detecta primero al alumnado (cosa difícil al ser muchos de ellos asintomáticos), y posteriormente se detectan a los progenitores, el origen del contagio es escolar, pero si la situación se produce al revés el origen del contagio se considera familiar cuando el origen en realidad es el mismo”, escribe.
En un sitio parecido empiezan a estar los sindicatos docentes. Las secciones de Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía de UGT han pedido el cierre temporal de los centros. CSIF, parecido. CCOO ha publicado un informe en el que solicita la implementación de sistemas educativos 'online' en aquellos escenarios que presenten una elevada tasa de contagios de COVID-19. Las familias no llegan ahí todavía de manera colectiva, explica Mari Carmen Morillas, portavoz de la principal asociación, Ceapa, aunque las peticiones a título personal o a nivel de AMPA van llegando, confirman los directores. El absentismo también parece crecer, a falta de datos oficiales: el ejemplo extremo es La Línea de la Concepción, en Cádiz, donde más del 90% del alumnado dejó de acudir a clase tras Navidad.
¿Un tema tabú?
¿Ha llegado el momento de plantearse un cierre o al menos hablar del tema? Godoy cree que “los tabús en investigación epidemiológica no son buenos. Las cosas se tienen que poner siempre en el ámbito de las evidencias científicas, y en este contexto no cerrarse a ninguna posibilidad”. Por eso, está a favor de ponderar que “los colegios tienen un papel social importantísimo y cerrarlos se tiene que reservar a situaciones extremas, no sería muy aceptable que se cerrasen antes que los bares, por ejemplo. Pero nunca se debe descartar. Descartar medidas es negativo, más una a la que se ha recurrido en lugares de Alemania o Inglaterra”.
Bassat ve factible que “en algún momento tengan que cerrar, pero como último paso antes del confinamiento absoluto poblacional”, y ni siquiera en ese caso está 100% seguro de que deba hacerse. “Pero me parecería razonable que lo hicieran. Eso sí, no antes las escuelas que los trabajadores o el resto de la población”, defiende. Según opina este pediatra, no tiene sentido clausurar las escuelas si luego los jóvenes van a estar a su libre albedrío por la calle.
La clave podría ser cambiar la mirada y plantear cierres más quirúrgicos. Godoy opina que no tiene por qué ser una medida generalizada, como lo fue en marzo: “Puede aplicarse a centros concretos con muchos casos, o en municipios o comunidades con tasas altísimas. Igual cerrar un centro, o varios, durante dos periodos de cuarentena, ayuda a reducirlas. E incluso pensando que eso quizá es más positivo para los alumnos y profesores que andar abriendo y cerrando intermitentemente. Tiene que ir acompañado de que se entienda lo que significa que una escuela se cuarentene: el menor luego tiene que estar aislado en casa en la medida de las posibilidades”.